Los otros casos del sector eléctrico que han intentado derribar los dictámenes del Panel de Expertos en la Justicia

Un nuevo capítulo se abrió en torno a la fórmula que determinó el Panel de Expertos -organismo que resuelve discrepancias en el sector eléctrico- para zanjar el conflicto que mantienen los generadores y transmisores, luego de que algunas de firmas de este último segmento se negaran a devolver a las primeras recursos que suman unos US$ 142 millones.

Enel Generación Chile dio un golpe de timón presentando, el pasado 19 de septiembre, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el organismo, ya que -a su juicio- actuó más allá de su competencia y atribuciones, resolviendo materias que correspondían a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y al Coordinador Eléctrico.

Así, puso en duda lo que para muchos está escrito en piedra respecto a que los dictámenes del Panel de Expertos son casi la última palabra a la hora de dirimir pugnas, ya que no procede ninguna clase de recursos jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.

Te puede interesar: Enel intenta dar golpe a la cátedra y lleva a la justicia al Panel de Expertos eléctrico

Sin embargo, consciente de ello, la italiana apuntó a que es necesario algún mecanismo de control jurisdiccional para permitir, sino una revisión amplia de lo obrado, al menos la verificación de que se hayan respetado los presupuestos básicos del debido proceso.

"De aceptarse lo actuado por el Panel, se estaría admitiendo que determinados entes pueden definir per se, de manera arbitraria y en abierta contradicción con la legislación, sus atribuciones y facultades, afectando directamente la situación de quienes desarrollan actividades económicas sujetas a regulación", sostuvo Enel en el escrito que será revisado por la justicia.

Pero la arremetida de Enel no es la primera en la historia del organismo. Desde la creación del Panel en 2004 se han presentado alrededor de 10 casos ante la justicia para echar por tierra las resoluciones del organismo, pero la mitad de ellos han sido declarados inadmisibles. En cualquier caso, siempre han sido rechazadas estas acciones, declarándose como improcedentes.

Coincidentemente, el actor que ha sobresalido en esas presentaciones -con al menos dos actuaciones- ha sido la entonces Chilectra, hoy Enel Distribución Chile. Uno de ellos fue en 2007, cuando la distribuidora llevó al Panel a tribunales en materia de tarifas de subtransmisión. Pero también otras empresas como CGE Distribución han intentado cambiar los fallos del Panel.

Según comenta una fuente conocedora de estos procesos, a pesar de las escasas posibilidades que existen para ir contra un dictamen del Panel, la Corte de Apelaciones de Santiago ha aclarado que el recurso de protección sí procede al tener un rango constitucional, a lo que se suma que la Ley Eléctrica no puede modificar esta norma de rango superior.

La otra doctrina de la Corte ha sido que el organismo cumplió lo mandatado por la ley al emitir dictámenes con fundamentos y optando entre una u otra alternativa de las que se presentan para su discusión. De esta forma, ha desestimado todos los recursos que se han presentado.

Con todo, recalcan fuentes, desde la creación del organismo se ha dado la discusión jurídica de si correspondía con el debido proceso el hecho que una instancia jurisdiccional no tuviera apelación o una instancia de revisión, a pesar que hay otros casos donde aplica la misma figura.

El único intento del gobierno contra el Panel
En la historia del Panel de Expertos solo hay un intento por parte del gobierno de derribar un pronunciamiento.

Hasta hace algunos años, el Ministerio de Energía podía -sin mayor explicación- tomar esta decisión. En esa línea, durante la primera administración del gobierno de Sebastián Piñera el Panel resolvió en contra de un decreto del Ministerio de Energía que procedía a unificar los sistemas del norte y del centro -SING y SIC- a través de la vía administrativa.

La Moneda encargó informes en derecho para eventualmente impugnar esta decisión, pero los escritos aconsejaron no tomar este camino, solucionándose el conflicto a través de un proyecto de ley que finalmente autorizó la interconexión de los dos sistemas.

Fue así que esa competencia fue discutida por el Ministerio de Energía en el año 2016 y se modificó levemente la normativa. En concreto, se mantuvo la facultad de que el ministro de la cartera declarara inaplicable un dictamen del Panel, pero con la exigencia que dicha resolución pase previamente por la toma de razón de la Contraloría General de la República. De esta forma, se daría más garantía y se podía discutir la legalidad de la resolución.