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Alto contrasteSostenibilidad fiscal de la reforma previsional
Las señales que entregue el CFA hoy son fundamentales para evaluar con precisión y criterios técnicos la viabilidad económica y fiscal del proyecto.
La discusión sobre las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones que se aprobó en la Comisión de Trabajo del Senado, con votos oficialistas y de Chile Vamos, se ha centrado en la dimensión política del acuerdo: quién ganó y quién perdió, quién cedió más o qué sector político vio fortalecido sus principios. A esta discusión se suma un debate más técnico sobre los instrumentos escogidos para resolver los distintos temas planteados -préstamo, licitación de afiliados o autorizar al IPS para que administre de cuentas, entre varios otros-, habiendo opiniones muy válidas en uno y otro sentido que ameritan tomarse en cuenta. Pero hay un pilar fundamental, sobre el que se basa todo lo anterior, relacionado con la sostenibilidad fiscal de la reforma, que no se ha sido discutido con la profundidad que amerita.
Las señales que entregue el CFA hoy son fundamentales para evaluar con precisión y criterios técnicos la viabilidad económica y fiscal del proyecto.
En el informe financiero presentado por el Ejecutivo se proyecta que el mayor gasto fiscal que significaría la reforma, en un horizonte hasta 2050, período en el que los desembolsos por el aumento en el monto y en la cobertura de la PGU, por las mayores cotizaciones que tendrá que pagar el Estado como empleador, la menor recaudación del impuesto corporativo al disminuir la base sobre la que se aplica este tributo al subir las cotizaciones, los aportes al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y la nueva institucionalidad que se creará, totalizaría el equivalente anual a 1% del PIB, asumiendo que este crece al ritmo de la actual tasa tendencial. Por otro lado, la suma lineal de los aportes que el Fisco deberá realizar al FAPP para financiar parte de los beneficios que entregará durante ese horizonte -la otra parte se financiaría con el préstamo que harán los trabajadores con 1,5 punto porcentual de la cotización- bordeará los US$ 20 mil millones.
Sobre la solvencia del FAPP se ha señalado que, más allá de la garantía estatal, las proyecciones financieras permiten concluir que estará en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Todas estas cifras y conclusiones son las que se extraen a partir de los antecedentes que ha entregado el Gobierno, pero se echa de menos una opinión independiente. Institucionalmente, esto recaerá sobre el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad que aún no se pronuncia formalmente sobre el tema y que ha sido convocada hoy por la Comisión de Hacienda del Senado.
¿Es verdaderamente sostenible el FAPP en términos financieros? ¿Tiene sentido considerar el préstamo como deuda contingente o los clasificadores de riesgo la van a imputar como deuda pública directa? ¿Es el FAPP una mejor opción que el endeudamiento fiscal directo? ¿Es razonable la proyección que se hace de los gastos adicionales por concepto de la PGU? ¿Cuáles son las principales variables que deberían considerarse en un análisis de sensibilidad? Las respuestas a estas preguntas son indispensables para poder continuar avanzando en la tramitación del proyecto y, desde esta perspectiva, las señales que entregue el CFA hoy serán de fundamental importancia para evaluar con precisión y criterios técnicos la viabilidad económica y fiscal de la reforma.
