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Alto contraste
Gabriela Clivio
La historia abunda en ejemplos de situaciones en las cuales la búsqueda egoísta de un beneficio propio por parte de algunos termina perjudicando a muchos. Por ejemplo: no fueron pocos los parlamentarios que buscando votos aprobaron los retiros de los fondos de pensiones durante la pandemia. Ellos obtuvieron lo que buscaban, mientras el resto fuimos perjudicados con una inflación de dos dígitos, que hubo que contener con una alza brutal de las tasas de interés. Para muchos, el sueño de la casa propia nunca más fue posible.
Así estamos nuevamente. Tras discutir durante más de dos años sobre la manera como se repartiría la cotización adicional de 6%, sin ver simulaciones de tasas de remplazo, apareció, de la noche a la mañana, una propuesta con todos los componentes rechazados en septiembre de 2022: cuentas nocionales, sistema de reparto y el aumento gradual, pero permanente del tamaño del Estado. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? Ahora se busca remplazar a los privados en la seguridad social.
¿Cómo puede el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decir que un aumento de 8,5% en la cotización previsional no tendrá un impacto en el empleo?
¿Cómo puede el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decir que un aumento de 8,5% en la cotización no va a tener impacto en el empleo? ¿Queremos de verdad seguir incrementando el tamaño del Estado, cuando ya se han contratado 100.000 empleados desde marzo de 2022? La opacidad en esta materia no es un tema menor, dado que los empleados públicos están distribuidos en diferentes instituciones y no existe un sistema único o centralizado de información que permita obtener cifras precisas.
Es más, algunos registros consideran como empleados públicos solo a los funcionarios de planta, mientras otros incluyen también a los funcionarios a honorarios, contratas y trabajadores temporales. Dependiendo de la definición utilizada, el número puede variar significativamente porque los trabajadores a honorarios o contratados bajo una modalidad no permanente son una parte importante del empleo público, que no siempre se incluye en las estadísticas oficiales, a pesar de que muchos desempeñan funciones regulares dentro del sector. Así, ¿de verdad queremos seguir aumentando el tamaño del Estado?
¿Y por qué habría que creerle a Hacienda? El ministerio estimaba una recaudación de US$ 659 millones con reciente repatriación de capitales, de los que solo logró el 6%. Proyectaba una recaudación de 1,5% del PIB como consecuencia de la Ley de Cumplimiento Tributario y, de acuerdo con el FMI, recaudará apenas 0,5%.
El mismo Consejo Fiscal Autónomo ha sostenido, además, que existen partidas de ingresos que no son tal, y gastos que falta incluir, debido a que se presentan como disminuciones de patrimonio. ¿Por qué habría que seguirle creyendo a Hacienda y pensar que esta reforma no solo no tiene un impacto en el empleo, sino que además tiene un impacto pro crecimiento?
