Hacienda contraataca por estimaciones fiscales y le pide al CFA cuantificar si la PGU está financiada o no
El requerimiento se da en medio de la discusión sobre la baja recaudación de algunas medidas transitorias para financiar dicha norma, como el impuesto al lujo que fue legislada en la administración Piñera. Marcel señaló que el financiamiento del beneficio no estaba asegurado.
Por: Sebastian Valdenegro | Publicado: Martes 14 de enero de 2025 a las 10:10 hrs.
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A inicios del 2022, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se reunió con su sucesor, Mario Marcel, y su equipo para coordinar el traspaso entre ambas administraciones.
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El cumplimiento de las proyecciones de ingresos del Estado ha puesto nuevamente en el centro de la discusión al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Esto, debido a los recortes de gasto por US$ 1.000 millones y US$ 600 millones aplicados para el 2024 y 2025, respectivamente, para así lograr las metas presupuestarias del Fisco, a lo que se agrega en lo más reciente una recaudación por debajo de lo esperado de la ventana de repatriación de capitales de la Ley de Cumplimiento Tributario, que recolectó apenas un 15,6% de lo estimado.
Esto último fue compensado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los ingresos por sobre lo proyectado de una ventana transitoria para recaudar fondos para la reconstrucción de Valparaíso, golpeada por los mega incendios del verano de 2024, y el cierre anticipado de juicios tributarios pendientes a cambio del pago de los impuestos adeudados. Todo esto llevó a la recaudación total a superar los US$ 1.000 millones, superando las estimaciones. Pero también implicó que el secretario de Estado tuviera que dar explicaciones en una tensa sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara este lunes.
Sin embargo, Teatinos 120 busca contraatacar y poner sobre la mesa que no ha sido la única administración que ha visto incumplirse sus proyecciones de ingresos, lo que tiene impactos de primer orden en el financiamiento de políticas públicas tan relevantes como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Con este telón de fondo, el ministro Marcel ofició al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para solicitar que calcule si la PGU está efectivamente financiada y si el conjunto de medidas tributarias que se legislaron en 2022 para solventarla han cumplido sus metas de recaudación.
Esto se da en medio de las críticas que se han levantado por la baja recaudación del impuesto a los bienes lujosos, que fue parte de las medidas para solventar la PGU y que fueron legisladas por el Gobierno saliente de Sebastián Piñera en enero del 2022.
El gravamen al lujo ha recaudado apenas US$ 33 millones entre 2023 y octubre del 2024, en circunstancias de que se estimaban ingresos por sobre US$ 100 millones para cada año. Hay legisladores que han focalizado sus críticas sobre la actual administración de Teatinos 120, que ha retrucado que este tema fue legislado cuando Rodrigo Cerda era ministro de Hacienda y Cristina Torres la directora de Presupuestos bajo la gestión Piñera.
"Respecto al impuesto al lujo, fue parte del paquete que se legisló para financiar la PGU en enero del 2022. Esa legislación tuvo serias deficiencias, particularmente en relación al impuesto al lujo, pero no solamente en relación a ese impuesto, sino que varios otros temas que fueron incluidos dentro de ese paquete han tenido problemas posteriormente. Creo que no hay ninguna de las medidas tributarias que se adoptaron en esa oportunidad que no haya sido reclamada en los 24 meses siguientes a que se legisló", dijo el secretario de Estado este lunes en la comisión del ramo de la Cámara
Junto con enfatizar que el impuesto al lujo tenía "deficiencias serias" en su operatoria y que fueron corregidas en la Ley de Cumplimiento Tributario para que este impuesto "rinda más", Marcel explicó en qué consistirá el análisis que solicitó al CFA: "Respecto de todo lo que fue el costo de la PGU y su financiamiento, le hemos pedido al Consejo Fiscal Autónomo que haga una evaluación para que tengamos una visión del conjunto de lo que fue eso. Es decir, cuánto costó realmente, cuánto es lo que está financiado en el corto plazo, qué resultados tuvieron las medidas tributarias que se aprobaron para financiarla. Cuando estamos hablando de ajustes en la PGU, es importante que los tengamos lógicamente financiados".
El titular de Hacienda narró que al asumir el Gobierno, en 2022, el recorte del gasto total de más de un 23% se dificultó porque adicionalmente se le tuvo que hacer espacio a la PGU, "que no venía adecuadamente cubierto. Y también hemos tenido que hacerle espacio en los años siguientes".
Al ingresarse a trámite la PGU a inicios del 2022, el Ejecutivo en ese momento presentó un proyecto con medidas tributarias para financiarlo.
El texto planteaba un impuesto único de 10% a las ganancias de capital para operaciones bursátiles líquidas del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR); la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del crédito especial de IVA para las empresas constructoras; el término de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido inmuebles DFL 2 antes de 2010; la afectación con IVA a todos los servicios, excepto en salud, educación, transporte y para todos los contribuyentes que emitan boletas de honorarios; la creación de un impuesto al lujo sobre vehículos y medios de transporte de alto valor; y la tributación con impuesto a la herencia para los seguros de vida.
Al presentar la PGU, se explicó que el costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028-2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas.
Las medidas tributarias buscaban solventar 0,35% del PIB en necesidades de financiamiento para la nueva PGU, a lo que se agregaron provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y holguras presupuestarias, así como la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). El tema fue objeto de debate en el Congreso, desde donde se criticaba que el nuevo beneficio no estaba financiado. El CFA también entró en la discusión.
Por lo tanto, finalmente el Ejecutivo cedió y aumentó la recaudación esperada por las medidas tributarias, a un 0,70% del PIB.
El tema también fue motivo de controversia en las reuniones de traspaso entre Cerda y Marcel en el verano de 2022.
