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Alto contrasteDF Tax | Papá Fisco quiere que le hagan la pega
Claudio Bustos, abogado y socio de Bustos Tax & Legal.
Desde hace un tiempo, han surgido, tanto a nivel legislativo como de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), una serie de medidas que buscan facilitar la labor fiscalizadora de parte de dicho organismo, especialmente respecto a contribuyentes informales o a quienes actúan solapadamente a través del comercio electrónico. Ello no tendría nada de criticable, si no fuera porque tales medidas concentran su esfuerzo en exigir que otras personas o entidades distintas al SII sean quienes verifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
El tema partió con los bancos, primero, con la exigencia legal de informar al SII los saldos o abonos en cuentas bancarias por montos iguales o superiores a UF1.500 en un día, semana o mes (Ley 21.453). Dicha obligación se ha extendido recientemente, a contar del 1 de enero de 2025, al deber de los bancos de informar al SII cuando una persona ha recibido más de 50 transferencias de personas distintas en un día, semana o mes, o al menos 100 en un semestre (Ley 21.713). De alguna forma, todo esto es un bypass al secreto bancario, el cual no ha sido formalmente derogado, pero en el fondo se ha relativizado.
Más recientemente, surgió de parte del SII la iniciativa de impedir que los establecimientos de comercio, en particular restaurantes y supermercados, pregunten a sus clientes si se emite boleta o factura por el servicio o compra. Más aun, se exige al respectivo establecimiento que verifique si el cliente respectivo cumple los requisitos para recibir una factura en los casos en que así lo solicite. Es decir, el establecimiento comercial debiera saber si el gasto que está pagando el cliente es necesario o no para producir la renta de su empresa, cuestión que raya en lo absurdo, y en la imposibilidad absoluta para el comercio de poder determinarlo. Terminaríamos viendo a los restaurantes y supermercados convertidos en fiscalizadores que, previo al pago de una cuenta o compra con factura, tendrían que someter a sus clientes a una verdadera auditoría tributaria. Absurdo.
La última medida es la que el SII ha dado a conocer recientemente mediante Resolución N° 12, en la cual exige que los comercios entreguen boleta electrónica impresa a sus clientes. Se busca, implícitamente, que el cliente o comprador exija la boleta impresa al comercio respectivo. La impresión o no de la boleta, como es obvio, no tiene ninguna importancia, sino más bien saber si el comercio respectivo está habilitado o no para emitir documentos tributarios electrónicos, cuestión que le compete al SII fiscalizar, perseguir y sancionar si fuere el caso.
Lo que se requiere, como es obvio, es intensificar y robustecer la fiscalización por parte del SII a quienes operan en la informalidad o no cumplen con sus obligaciones tributarias.
Sin embargo, de alguna forma, parece ser que el SII o el Fisco, pretende convertirnos a todos los ciudadanos en entes co-fiscalizadores de las obligaciones tributarias, y en situaciones que en muchos casos son inverosímiles o difíciles de implementar por decir lo menos.
Si es así, habrá que agregar al artículo 6 del Código Tributario, como entes facultados para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a los propios contribuyentes.
