Cuando Jair Bolsonaro ganó la presidencia, muchos brasileños temían que el presidente de extrema derecha descartaría las instituciones democráticas del país para implementar su agenda política radical. Otros esperaban que se convirtiera en la bola de demolición del sistema político de Brasil, que se ha podrido por la corrupción.
Sin embargo, después de seis meses de estar en el cargo, el poderoso Congreso de Brasil y su influyente Corte Suprema no sólo están intactos, sino que también está luchando contra el excapitán del ejército.
Bolsonaro está frustrado. La semana pasada acusó al Congreso de tratar de convertirlo en una "Reina de Inglaterra": una figura sin poder político. El comentario se produjo después de que los legisladores se movieron para despojarlo de la capacidad para nombrar a los directores de las agencias reguladoras.
Las acciones de las instituciones —desde convertir a la homofobia en un delito hasta bloquear la mayoría de los decretos presidenciales para relajar los controles de armas— han destacado la fuerza de las salvaguardas democráticas de Brasil frente a la forma descuidada en la que el presidente toma decisiones en la formulación de políticas.
Frente a un Congreso hostil, Bolsonaro ha tratado de gobernar por decreto ejecutivo, emitiendo 202 de ellos desde que asumió el cargo. Por el contrario, su antecesor, Michel Temer, utilizó 94 decretos en sus primeros seis meses, y la antecesora de Temer, Dilma Rousseff, utilizó 174.
Pero este mes, el Senado aprobó una enmienda constitucional que impone condiciones más estrictas a las directivas presidenciales pasadas por el Congreso.
"No es sorprendente que el Congreso y el poder judicial estén reaccionando. El presidente está tratando de gobernar solo, sin el Congreso, y está abusando de sus poderes constitucionales para emitir decretos", dijo Eloísa Machado, una de las principales académicas legales de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo.
Eduardo Bolsonaro, un hijo, congresista y asesor cercano del presidente, ha insinuado cómo quiere contraatacar, tuiteando esta semana: "Necesitamos un Congreso más ágil. ¿Apoyarían reducir el número de diputados y senadores?"
La tensión ha surgido conforme Bolsonaro enfrenta varios escándalos, incluyendo la reciente publicación de conversaciones filtradas que parecen mostrar a su ministro de justicia estrella, Sérgio Moro, un exjuez, en complicidad con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro niega las malas acciones.
El presidente, amante de la ley y el orden, enfrentó una situación vergonzosa cuando la policía de España encontró más de 30 kg. de cocaína en el equipaje de un aviador brasileño que formaba parte del equipo de Bolsonaro en la cumbre del G20 en Osaka.
Poderes enfrentados
Los funcionarios del Congreso dicen que las políticas más polémicas de Bolsonaro, como liberalizar el derecho a portar armas y relajar las regulaciones de seguridad vial, no cuentan con el apoyo de los líderes parlamentarios, los cuales están enfocados en la reforma económica.
El líder de la cámara baja, Rodrigo Maia, ha calificado al gobierno propenso al escándalo como una "fábrica de crisis". "El Parlamento será el bombero y no el incendiario", dijo.
"La dificultad del gobierno para negociar con el Congreso es, sin duda, su punto débil, ya que limita la capacidad de Bolsonaro para avanzar su agenda. También ha forzado una reacción del Congreso, que está trabajando para limitar aún más los poderes presidenciales al restringir el uso de decretos", dijo Thomaz Favaro, de la consultora Control Risks en São Paulo.
En un intento por reforzar su posición y movilizar el apoyo, los partidarios de Bolsonaro realizaron mítines a nivel nacional el domingo. "No saldremos de las calles hasta que Brasil logre sus reformas", dijo Carla Zambelli, congresista del partido PSL de Bolsonaro.
El enfrentamiento se debe principalmente al decreto de armas de Bolsonaro, que el presidente presentó para abordar el nivel desenfrenado del crimen, promoviendo una mayor disponibilidad de armas. La directiva fue rechazada rápidamente por la cámara alta del Congreso por ser inconstitucional, y Bolsonaro lo retiró el martes.
Mientras tanto, la Corte Suprema, compuesta por jueces designados en su mayoría durante pasadas administraciones de izquierda, recientemente criminalizó la homofobia en una decisión que fue aclamada por activistas LGBT, pero condenada por el presidente conservador.
Bolsonaro dijo que la decisión era una muestra de cómo los jueces estaban "legislando".
"No debería sorprendernos que el poder judicial también esté desafiando algunas de las medidas más controvertidas de Bolsonaro. Los tribunales de Brasil han demostrado históricamente su independencia del gobierno, en particular en comparación con otros países latinoamericanos", dijo Favaro.
Extensa Carta Magna
Gran parte del problema se deriva del tamaño y alcance de la constitución de Brasil, que con casi 65 mil palabras es una de las más extensas y detalladas del mundo. La amplitud de la carta le permite al Tribunal Supremo juzgar la legalidad de una amplia gama de cuestiones.
Muchas de las cuestiones que está intentando abordar Bolsonaro, incluyendo la relajación de los controles de armas, la demarcación de los territorios indígenas y el desarrollo de las tierras amazónicas protegidas, están lejos de ser universalmente apoyadas. Por lo tanto, las instituciones de Brasil no sienten ninguna presión para alinearse, dijo Ricardo Sennes, director de la consultora política Prospectiva.
Bolsonaro ha comentado que podría intentar reequilibrar la corte al nombrar un juez evangélico y conservador cuando haya un puesto disponible, tan pronto como el próximo año.
Un tema apremiante que ha generado apoyo es el intento del gobierno de reformar el sistema de pensiones de Brasil. Los legisladores de todo el espectro político esperan que en los próximos meses se apruebe la ley de reforma tan esperada.
La reforma, que se ha estado desarrollando durante décadas, sería una gran victoria política para el presidente, como lo fue la firma el viernes de un acuerdo comercial entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea.
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