Venta de la CLC abre otro flanco: las acciones legales que evalúa grupo ligado a médico español contra Alejandro Gil

Al cierre del mercado de este viernes se acabó el misterio y se conoció a los nuevos dueños de la Clínica Las Condes (CLC). Por separado, el Grupo Indisa y EuroAmerica compraron el porcentaje con que el grupo Auguri -ligado a la empresaria Cecilia Karlezi- controlaba el establecimiento. Así, cada uno desembolsó US$ 20 millones para quedarse con el 28% de la propiedad.

No todos quedaron felices con el acuerdo. De hecho, hay un grupo de inversionistas a los que la noticia causó indignación. Se trata de Kumey SpA, sociedad liderada por el médico español José Antonio Valero, quien se asoció con el propietario de Bagno, mayor importador de plátanos de Chile, Gabriel Massuh, y el radiólogo Francisco Avendaño.

Cinco días antes del cierre de la compraventa, Kumey había publicado avisos legales manifestando su intención de hacerse con el control de la Clínica, pagando US$ 60 millones por todo el porcentaje de Karlezi. Y hasta el pasado viernes, creían que esto se concretaría el próximo 17 de enero.

DF recibió por escrito la versión de Kumey acerca de los hechos, que hoy los tiene preparando acciones legales en contra de Alejandro Gil, pareja de Karlezi que ocupaba la presidencia del directorio de la CLC.

Según este relato, el día 23 de diciembre Gil y Valero firmaron un documento mediante el cual se hizo el compromiso de que Kumey cerraría la compra de la Clínica, a más tardar, el 17 de enero. El acuerdo implicaba que el 27 de diciembre Gil dejara la presidencia de la empresa y asumiera el propio Valero en su reemplazo. Asimismo, Massuh y la empresaria española María Cordón, parte de la familia que fundó el grupo europeo QuirónSalud y que estaba apoyando financieramente al doctor, entrarían a la mesa.

Tras firmar ese compromiso, Valero había mandatado al estudio de abogados Barros y Errázuriz para que lo implementara antes de la fecha límite.

Este plazo explica por qué se publicaron esos avisos legales en los que Kumey manifestaba su intención de comprar la CLC. El artículo 54° de la Ley de Mercado de Valores establece que toda persona que quiera tomar el control de una sociedad anónima abierta debe informar tal hecho mediante comunicaciones por escrito a las sociedades involucradas, a la CMF y a la Bolsa.

“Con igual objeto, se publicará un aviso destacado en dos diarios de circulación nacional (...) a lo menos, con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda perfeccionar los actos” y “tan pronto se hayan formalizado negociaciones tendientes a lograr su control o tan pronto se haya entregado información o documentación reservada de esa sociedad”, dice el citado artículo.

Esto se diferencia del acuerdo que sí cerraron Indisa y EuroAmerica, ya que, al no haber tomado ninguno el control del establecimiento, no tuvieron que realizar lo anterior ni pasar por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Vale decir que, vendida la empresa, el mandato de Barros y Errázuriz se acabó, por lo cual las eventuales acciones legales no estarán patrocinadas por ese estudio.

Consultado, el equipo de Alejandro Gil descartó hacer comentarios aduciendo a la confidencialidad de las negociaciones. No obstante, otros dos conocedores del caso dicen que su postura es que el preacuerdo era solo una manifestación de intenciones y no lo comprometía a cerrar la venta con Kumey, contrario a lo que sostiene su contraparte, quienes interpretan que este documento sí amarraba la operación.

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El acuerdo que no fue

Según el relato de Kumey enviado a DF, los inversionistas estimaban que, además de los US$ 60 millones a pagar, la CLC necesitaba un aporte de capital de hasta US$ 70 millones para resolver todas sus contingencias en los próximos 12 meses, además de que la toma de control implicaba hacerse cargo de una deuda de US$ 150 millones en bonos y otros US$ 20 millones en deudas bancarias.

Todo esto, señalan desde Kumey, después de haber armado un equipo de trabajo para analizar la situación del establecimiento: “La condición más importante de confianza para nuestros aportantes era la salida de Alejandro Gil de la presidencia y por ende de sus instrucciones a la administración”.

Asimismo, afirman que “en paralelo y durante varios días trabajamos en la conformación de los equipos administrativos”, incluyendo las áreas legal, de operaciones, dirección médica, finanzas y contabilidad. “Habíamos decidido mantener y aportar colaboradores a estos cargos desde España también para permitir el correcto traspaso y funcionamiento de la compañía”, plantean.

La versión de Kumey también confirma que los asesoró Rodrigo Mardones, el exdirector médico de la CLC durante la administración de Gil, quien lideró la reestructuración que terminó con un éxodo masivo de doctores y que, tras su salida, demandó a la empresa.

Según este relato, Gil, a través de su abogado, Álvaro Jofré, le manifestó a Valero que él había incumplido la carta de entendimiento, ya que debía hacerse cargo de mantener a CLC “en cumplimiento en tiempo y forma de todas sus obligaciones laborales, fiscales, civiles y comerciales”, al menos hasta mediados de enero. Después, dicen, se comunicaron con ellos “con evasivas y moviendo plazos”, hasta que el pasado viernes, se enteraron por la prensa de que la Clínica se había vendido a otros oferentes.

El doctor Valero tenía programado aterrizar en Chile este martes 14 de enero para cerrar el contrato. El viaje ocurrirá igual, pero su agenda en Santiago cambió a fines completamente diferentes.