Tres voces frente a la crisis de seguridad, un tema que volvió a remecer la agenda nacional

Tras una semana donde la inquietud ciudadana aumentó ante la ola de homicidios en la capital, que conmocionaron al país, el Gobierno reaccionó con una serie de medidas para enfrentar al crimen organizado, incluyendo un mayor control migratorio y la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad.

Desde el mundo empresarial se alzaron una serie de voces, pidiendo medidas de fondo, las que se espera sean abordadas a la luz de las distintas opiniones que hay sobre la materia.

Tres expertos en sus respectivos ámbitos -trabajo con jóvenes, migrantes y gestión estatal- ofrecen sus perspectivas sobre cómo contener la inseguridad. La evidencia internacional también es un aporte.

Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo.

Marcelo Sánchez: “Si recuperamos espacios y ponemos dispositivos de prevención social, vamos a estar haciendo la pega completa”

Desde la Fundación San Carlos de Maipo, indican que la participación de jóvenes aumenta en delitos de mayor connotación.

La participación de jóvenes y menores en delitos ha quedado en evidencia con los últimos hechos de violencia que se han vivido durante la semana pasada.

De hecho, según cuenta el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, es una situación que se ha agudizado después de la pandemia y que las cifras de Carabineros indican que la participación de niños y jóvenes en bandas delictivas dedicadas a delitos violentos contra las personas aumentó 45% y que uno de cada tres miembros de dichas bandas son niños.

Esto, explica, se da porque ha cambiado la configuración del narcotráfico y porque en los últimos años han tomado posición carteles con vínculos internacionales que cambiaban las rutas de la droga. “Si se mira la historia del narcotráfico a nivel latinoamericano, en general, la estrategia de involucrar a niños y jóvenes es fundamental para la toma de posición en un territorio”, reflexiona.

Esto sucede por tres razones: romper la cohesión social del territorio, trasladar el costo punitivo más gravoso hacia los niños, porque están protegidos por el legislador; y porque al ser menores, se acotan los tiempos de investigación y se termina archivando la causa.  Mientras en 2021 eran del orden de 26 mil, hoy son 36 mil los niños que participan en delitos, dice.

“Antes -grafica- la gran base eran los delitos contra la propiedad, el hurto simple, el hurto por sorpresa, pero ya después empieza a haber el robo con intimidación y, así sucesivamente, hasta que nos encontramos incluso con niños participando en grupo extorsivo, es decir, que van directamente a atacar a las personas”.

Acerca de las medidas que se han tomado para resolver la situación, Sánchez apunta a que la solución está de la mano de la prevención y la recuperación de territorios. “Hay temas estructurales que no se han resuelto bien desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con instalar un sistema preventivo y llegar antes, porque estamos llegando tarde, cuando los niños ya se involucran en delitos y participando en trayectorias delictivas cada vez más profundas”, señala.

Esto, en vista de que la principal razón de que los menores participen en delitos tiene que ver con padres o cuidadores con conductas antisociales, seguida de la exclusión educativa y el consumo de alcohol y drogas, cada vez más temprano. “Cuando se mira la evidencia nacional e internacional, siete de cada 10 jóvenes desisten del delito en la medida que vuelven a una familia prosocial o que vuelven al colegio. Y los tres que te están faltando requieren de un refuerzo en materia de salud mental”.

Si bien afirma que la situación de crimen organizado es “muy grave”, precisa que se puede revertir, ya que aún están concentrados los territorios y en el 20% del territorio ocurre el 70% de los homicidios.

“Si nosotros recuperamos estos espacios en que hoy están más concentrados y ponemos dispositivos de prevención social simultáneamente, vamos a estar haciendo la pega completa. Pero no podemos solo pensar en recuperar los espacios sin prevención y pensar en prevención sin antes recuperar los espacios”, dice.

Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior.

Felipe Harboe: “Si el Presidente sigue haciendo lo mismo con los mismos, el resultado será igual de deficiente”

El exsubsecretario del Interior indicó que “resulta algo vergonzoso que con la magnitud de la crisis nadie (de los que participan de la prevención) haya puesto su cargo a disposición”.

Para el exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, la actual situación de inseguridad “está condicionando la libertad de las personas, la actividad económica y compromete la imagen país”.

De hecho, recuerda que un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que para Chile el costo de la delincuencia va de 2,5% a 3% del PIB, unos US$ 9 mil millones, el doble de lo que pretende recaudar el pacto fiscal. “Con esto -precisa-, quiero demostrar que la situación es lo suficientemente delicada como para adoptar medidas radicales basadas en evidencia, terminar con los ensayos y programas piloto y orientar los recursos a medidas efectivas”.

Hace unos meses, Harboe dice que el Presidente se jactaba de que el actual era el mayor presupuesto de la historia en seguridad. “La pregunta que debería responder el Presidente es cuál es la eficacia y eficiencia de ese gasto público, ya que los indicadores de violencia y criminalidad siguen aumentando”, advierte.

Ante ello, considera los recientes anuncios como “tardíos e insuficientes. Si el Presidente sigue haciendo más de lo mismo con los mismos, el resultado evidentemente será igual de deficiente. Aquí se requiere audacia, coraje y colaboración para implementar medidas que de verdad puedan cambiar la situación”.

Respecto de la oposición, opina que las peticiones de renuncias son contraproducentes. “Si el Presidente mantiene sus equipos, quiere decir que está conforme con los resultados y deberá hacerse personalmente responsable de la crisis de seguridad. De lo contrario, debería hacer cambios y convocar a expertos (as) con capacidades probadas en esta materia. Igual resulta algo vergonzoso que con la magnitud de la crisis, nadie (de los que participan de la prevención) haya puesto su cargo a disposición”.

Harboe sostiene que la construcción de una cárcel de alta seguridad “va en la línea correcta, pero veremos cuántos lomos de toro de los mandos medios deberá sortear para ser realidad en tres o cuatro años”.  Y ante la idea de decretar Estado de excepción constitucional, estima que “es reconocer formalmente que Carabineros está superado (...), lo que es complejo”.

A su juicio, la experiencia comparada sobre crimen organizado enseña tres fases: primero, ubican territorios vulnerables (leyes inadecuadas, escasa inteligencia, liviandad investigativa, condiciones sociales apropiadas); luego toman control del territorio a través de enfrentamiento con bandas locales (aumento de homicidios y delitos violentos, control de comercio local, creación de red de seguridad local, amenazas y sometimiento de bandas delictual es locales); y, finalmente, viene la penetración de las instituciones vinculadas a la seguridad y al poder (policías, fiscales, jueces y políticos).

Harboe estima que el país está entre la segunda y tercera etapa, lo “que demanda cambios profundos en la forma de controlar a las instituciones y de prevenir la corrupción, sea por tentación (beneficios) o por amenazas personales o familiares) y aquí sumo a Gendarmería, Aduanas y otros servicios que tienen capacidades operativas para frustrar el crimen organizado”.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Waleska Ureta: “Si no se tiene identificadas a las personas que están en Chile, se cuelan los grupos criminales”

El Servicio Jesuita a Migrantes indica que la regularización es fundamental para saber quiénes están en Chile y detener a quienes delinquen.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) destacan que la mayoría de los extranjeros llegan a Chile por razones de crisis en sus países de origen y son un grupo aparte de aquellos que llegan a delinquir. “Muchas de las personas que nosotros atendemos, que vienen a aportar, a buscar seguridad y un mejor lugar para ellos y su familia, también son muy críticos de estos actos, porque atentan contra el país que los ha acogido a ellos y también atenta contra ellos mismos. Entonces, podemos ver que muchas de las víctimas son personas migrantes”, dice la directora nacional de la entidad, Waleska Ureta.

En ese sentido, explica que la entrada del crimen organizado al país va de la mano con la ausencia del Estado, por lo que cree que la regularización es fundamental para saber quiénes están en Chile. Cifras del SJM indican que en 2022 aproximadamente 107.223 personas extranjeras eran irregulares, lo que corresponde al 6,6% del total y representa un salto respecto a 2018, cuando era el 0,6%.

“Cuando tenemos restricciones con respecto a la regularización, se cuelan las personas que vienen a hacer actos delictivos en todo ámbito. A eso me refiero cuando el Estado está presente, o sea, si no tiene identificadas a las personas que están en Chile, se cuelan los grupos criminales, al igual como se cuelan en las poblaciones, cuando el Estado no está presente y la criminalidad va satisfaciendo necesidades de la población”, señala Ureta.

Ante ello, indica que la situación no se resuelve con la expulsión, ya que no es factible de implementar por la falta de recursos.

Por lo mismo, resalta la importancia de que las instituciones se vayan fortaleciendo, con prevención de la corrupción y políticas de inteligencia.

Actualmente, la Ley de Migración y la Ley de Refugiados contemplan formas de regularizar, explica, pero no es tan fácil que ocurran tanto por razones administrativas como políticas, lo que complejiza que el Estado identifique a las personas y se promuevan proceso de integración de los migrantes.

“La identificación de las personas es muy relevante y hoy estamos con altos porcentajes de ingreso irregular. Eso va generando una falta de Estado nacional y, ahí es donde se va colando todo el crimen organizado, porque le es mucho más fácil colarse en los espacios de irregularidad”, dice.

En el caso de las políticas de frontera, Ureta destaca que tienen que ver con el derecho y el deber del Estado de hacer controles, pero que también se deben tener dispositivos que permitan que las personas ingresen regularmente al país. Como ejemplo, menciona una mayor capacidad para resolver el tema de las visas a tiempo, procesos de integración de migrantes, análisis de quienes vienen como refugiados y coordinación regional con los otros países. 

“Hay un montón de cosas que son relevantes de la política exterior de cómo como región vamos a hacer frente a esto, porque Chile solo no va a poder y eso está súper claro, como también consideramos lo que está viviendo la comunidad de acogida, tanto de chilenos como de extranjeros residentes, y que también ven afectados obviamente su calidad de vida”, afirma la directora nacional del SJM.