Mecanismos de estabilización tarifaria acumularán intereses a pagar a 2035 que superarían los US$ 1.800 millones

Las alzas de las cuentas de la electricidad generaron diversas interrogantes y una de ellas ha apuntado a las cifras entregadas durante la tramitación de la última ley de estabilización de tarifas eléctricas respecto a lo que se venía. Pero, ¿cuántos recursos involucra la estabilización de tarifas eléctricas para dejar todo saneado?

Según es posible recoger, a partir de la última actualización de la Comisión Nacional de Energía (CNE), publicada con ocasión del Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio de 2024-1, la estabilización de tarifas eléctricas moverá US$ 7.212 millones a 2035, año en que se estima el término del mecanismo.

En lo que se refiere a recaudación, se parte de un Fondo de Estabilización Base (FET) de US$ 172 millones y un aporte estatal de US$ 15 millones que se refiere a lo que el Estado ya aportó en la segunda ley de estabilización de tarifas eléctricas (MPC). A eso se suma un Cargo de Servicio Público (CSP) -que se cobra a todos los clientes- que involucra US$ 2.072 millones. Y, además, se contempla el Cargo MPC que solo pagan los clientes regulados que son casi US$ 5 mil millones.

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Desglosando en el destino de dichos recursos, es posible advertir que los intereses involucrados en cada una de las leyes de estabilización fueron en ascenso, siendo la última la que implicaría más con US$ 1.210 millones. En total, de los US$ 7.212 millones que moverá todo este proceso, US$ 1.860 millones corresponden sólo a intereses. 

Fuentes explican que la demora en todo el proceso de normalización tarifaria se debe a las leyes que se tramitaron y su implementación, pero también a los decretos que se postergaron para mantener las tarifas congeladas. En esa línea, dichos retrasos implicaron que se tuviese que impulsar con urgencia la última ley, la que obligó a apostar por un capital mayor y, por ende, acarrear mayores intereses.

Consultada, desde la CNE explican los US$ 1.860 millones se deben efectivamente a los intereses de la deuda asociada a las leyes de estabilización. En particular, dicen, “se considera el exceso de deuda de la ley N°21.472 reconocida en la ley N°21.677, que considera pagos a partir recién del 2028 y hasta el 2035 para la deuda, en tanto en el período anterior (2024-2027) se debe pagar la deuda generada con el congelamiento de tarifas el año 2019, asociada a la ley N°21.185”. “Contribuye, también a la deuda y, por tanto, a los intereses, el traspaso de las diferencias de facturación de pesos a dólares”, agregaron. 

Los decretos que se postergaron para mantener las tarifas congeladas han sido una de las aristas del debate en las últimas semanas. Respondiendo una publicación de energiE en LinkedIn respecto a un reporte sobre las alzas en las cuentas de la luz, el exministro Claudio Huepe, precisó que las tarifas fueron descongeladas por ley en 2022. “Sin embargo, se tomó la decisión de no dictar los decretos tarifarios de 2023 lo que fue equivalente a un nuevo congelamiento tarifario”, dijo.

El exministro profundizó que, “sin entrar en la dimensión legal/formal, me parece que es necesario regular para asegurar que todos los decretos tarifarios se dicten cuando corresponde y no que estos puedan dictarse con años de retraso o simplemente no dictarse”.

“Los clientes tomamos decisiones basadas en las reglas vigentes y cuando la autoridad se “pone al día” puede generar completa disonancia con las decisiones ya tomadas (es decir, de haber conocido las tarifas realmente correspondientes a cierto periodo, quizás los clientes habríamos tomado decisiones distintas)”, reflexionó. 

En tanto, US$ 434 millones corresponden -indicaron desde la CNE- a un margen de seguridad para que el fondo siempre tenga los recursos necesarios para realizar los pagos previamente comprometidos, “los cuales pueden variar en su monto a los proyectados debido, principalmente, a diferencias de tipo de cambio, demanda de clientes libres y regulados, y valor de la tasa de la deuda”.

Tensión en mesa técnica 

Mientras se insiste por buscar una fórmula que ampliar el alcance del subsidio eléctrico ante las inminentes alzas, este jueves se realizó la cuarta sesión de la mesa técnica asesora de la ley de estabilización tarifaria que tuvo como foco abordar la situación de los electrodependientes.

Junto con abordar dicho tema, desde la vereda política se plantearon propuestas como la de la senadora Fabiola Campillay que se refirió a la posibilidad de aplicar un descuento directo a las cuentas de todos los hogares que cuenten con personas electrodependientes y que esto sea financiado con un pequeño aumento del impuesto al tabaco. También algunos plantearon -por ejemplo- la posibilidad de eliminar la exención del impuesto específico a los combustibles para las grandes empresas mineras.

Fuentes comentan que en la cita -en la que no estuvo el ministro de Energía, Diego Pardow- se interpeló directamente a representantes de Hacienda y la Dipres por si habían recursos y si en caso de ciertas propuestas era posible levantarlos. Sin embargo, se mantuvieron firmes en que no habían recursos.