Para la investigadora senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre, la propuesta del Gobierno para transitar desde el Crédito con Aval del Estado (CAE) hacia el sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) le soluciona un problema de recursos al Estado, pero a su vez le genera problemas a los estudiantes y a las universidades. De hecho, considera que afecta su independencia económica, lo que podría incluso implicar el cierre o cambio de proyecto en algunas instituciones.
Como asesora del Ministerio de Educación entre 2012 y 2014, la especialista en temas de educación e infancia pudo ver de cerca la iniciativa legal impulsada en ese momento por el exPresidente Sebastián Piñera para reformar el CAE.
- ¿Cómo evalúa el proyecto que elimina el CAE?
- Cuando uno mira el sistema de educación superior y el financiamiento, uno observa tres problemas que le gustaría resolver. El primero, es que efectivamente el actual CAE es caro para el Estado por la alta morosidad, dificultades para cobrar y eso recae, en última instancia, en el Estado que es garante.
Un segundo problema tiene que ver con la gratuidad y con el financiamiento de educación superior. Hoy la gratuidad, al entregar dinero a las universidades por el arancel regulado, han recibido o están recibiendo menos recursos y eso ha impactado en algunas más que en otras. Las más afectadas son las universidades semicomplejas, que no reciben aportes basales, y tienen mayores restricciones para acceso a fondos de investigación. Esas universidades están teniendo problemas financieros y han tenido que ajustarse reduciendo la calidad de lo que ellos hacen, reduciendo jornadas, aumentando las horas de docencia; y, en el fondo, se están transformando más en universidades docentes que en universidades semicomplejas.
- ¿Y el tercer problema?
- El proyecto del Presidente Boric lo que hace es resolver el problema que tiene el Estado con el CAE, que la recaudación de lo prestado sea mucho más eficiente y, por lo tanto, finalmente sea más barato para el Estado. Pero este nuevo sistema no resuelve el problema del financiamiento a las instituciones de educación superior. Por el contrario, lo agrava y tampoco resuelve el problema del financiamiento a los estudiantes, porque si bien este proyecto es muy generoso con aquellos que pueden tener dificultades en el futuro para pagar, es absolutamente usurero con aquellos estudiantes que van a tener buenas condiciones y que pueden pagar lo que les prestaron. El Estado, en este caso, puede abusar de esos estudiantes y pueden terminar pagando el doble de lo que el Estado le prestó. Es decir, estos mismos jóvenes que hoy gobiernan y reprochaban a la banca por sus por sus tasas de interés, usureras en sus términos, con este proyecto de ley el Estado podría terminar siendo incluso más usurero que otras instituciones financieras, cobrando excesivamente a algunos estudiantes y a otros nada.
- El Gobierno insiste que no es un crédito y tampoco un impuesto.
- Esa es una discusión conceptual o semántica. La verdad es que el Estado va a financiar la educación de los estudiantes que pidan este financiamiento, les va a pagar su educación por un monto que el Estado determina para cada institución y para cada carrera; y las personas que tomaron esa ayuda del Estado para pagarles sus estudios de educación superior van a estar obligadas a devolverle esa plata.
Lo puede llamar si quiere un impuesto, pero el impuesto por lo general es más generalizado y estandarizado. Acá sería, entonces, un impuesto focalizado temporal, si quisiera ser estricto con las palabras.
Pero lo importante es que efectivamente no es un crédito, porque tú puedes terminar pagando tres veces más de lo que te prestaron y se desvincula completamente lo que tú vas a pagar con lo que a ti te prestaron. Y, en este sentido, el proyecto es sumamente discriminatorio entre los estudiantes. Hace discriminaciones que son difíciles de justificar.
- ¿Cómo en qué casos?
- Por ejemplo, el proyecto establece que los estudiantes tendrán que devolver al Estado dos años por cada semestre que el Estado les financie, con un máximo de 20 años. Eso implica que aquellas personas que estudian carreras de más de cinco años como medicina, por ejemplo, están subsidiadas; mientras que quienes estudian carreras de cinco años, pagan sus 20 años.
Los que estudiaron carreras de seis años, que debieran pagar por lo tanto 24 años, solo pagan 20. Están siendo subsidiados por otros estudiantes. Los estudiantes que estudiaron cinco años y que se demoran un año más, no van a pagar más años, pagan 20 años.
En cambio, un estudiante de Instituto Profesional, por ejemplo, que estudió cuatro años, pero se demoró un año más, no paga 16, paga 20.
Entonces, acá hay una discriminación, hay un tratamiento desigual entre los estudiantes y eso sí está vinculado a la duración de tu carrera, no al monto de tu carrera.
- ¿Este proyecto pone en riesgo la autonomía de las universidades?
- El Estado va a financiar hasta el décimo decil y, como no tiene recursos infinitos, necesariamente tiene que limitar el monto que va a entregar y lo limita fijando precios y fijando vacantes. Y eso es una pérdida de libertad para las instituciones que se adhieran a este sistema. No sé si lo llamaría pérdida de autonomía, porque efectivamente las universidades pueden tener autonomía para llevar adelante sus proyectos educativos, pero hay una pérdida del manejo económico importante, una restricción importante que va a limitar efectivamente los proyectos educativos de las instituciones.
Lo que más me preocupa es la insolvencia económica, que pueda esto repercutir en algunas instituciones, implicar el cierre y caer en insolvencia. Y, más grave, es que para precisamente no caer en insolvencia económica, muchas instituciones -que han hecho un esfuerzo tremendo por hacerse más complejas-, van a terminar simplificándose, masificándose y terminar en universidades docentes y eso es una pérdida de calidad para el sistema educacional en Chile.
- Respecto a las cifras que presentó Hacienda, ¿comparte que este nuevo sistema va a implicar un ahorro de recursos versus el CAE?
- No me he puesto a estudiar bien el informe financiero que presentó Hacienda. Hay muchos supuestos, pero ya el hecho de que este sistema tenga una forma de recaudar mucho más eficiente, me hace creer que efectivamente salga más barato para el Estado.
Este proyecto sí viene a resolver algo que es un problema al Estado, pero perjudica a las universidades y también a estudiantes al ser muy discriminatorio entre ellos y tener un trato muy desigual entre estudiantes de iguales características. Pero sí me parece que lo bueno del proyecto, por así decirlo, es que efectivamente me parece que es más barato para el Estado, especialmente por la forma que tiene de recaudar.
“Pone en serio riesgo la solvencia económica y la calidad de las instituciones de educación superior”
- El proyecto tiene bastantes similitudes con lo que fue la propuesta que no avanzó del exPresidente Piñera. ¿Cree que ahora hay más opciones de aprobarlo?
- El proyecto de Sebastián Piñera enfrentaba el mismo desafío, pero se hizo cuando no había gratuidad. Proponía que se eximiera de pago a aquellos estudiantes que estaban sin trabajo o que tenían un sueldo equis y buscaba una manera de cómo ayudar a los estudiantes para hacer más fácil su pago, mejoraba también la recaudación, pero no perjudicaba a las universidades, porque no fijaba precios ni vacantes, porque efectivamente permitía el copago.
Pero este proyecto de ahora es muy distinto al de Sebastián Piñera, en tanto los estudiantes devolvían lo que se les prestaba. En cambio, acá el estudiante puede devolver muchísimo más de lo que le prestó el Estado y este proyecto pone en serio riesgo la solvencia económica y la calidad de las instituciones de educación superior, especialmente, las universidades que son semicomplejas y complejas.
- ¿Algunos también apuntan a que quizás los recursos habría que haberlos destinado a otras áreas como educación temprana?
- Me parece que hoy hay que abordar el financiamiento de la educación superior, pero se puede abordar de una forma menos regresiva que esta, es decir, la condonación del CAE es regresiva.
Uno puede crear incentivos para que las personas terminen de pagar o paguen más rápido, eso puede ser eficiente y efectivo, pero la condonación de quienes ya pagaron, el costo social de esa plata, ¿no será mejor gastarla en sala cuna universal?, por ejemplo, que es un proyecto de ley que espera durante años en el Congreso. ¿O no será mejor gastarla en educación temprana o en seguridad? Es decir, los costos alternativos de los recursos que son escasos, en este caso con la condonación, son muy cuestionables. No así ciertos incentivos que me parecen que son adecuados, porque permiten una mayor recaudación.
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