Las claves del fondo Covid que aprobó el Senado: paraísos fiscales, empresas estratégicas y más rendición de cuentas

El Senado aprobó y envió a tercer trámite a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea hasta el 30 de junio de 2022 el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, por un máximo de US$12.000 millones con el objeto de solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.

Los recursos del fondo se destinarán única y exclusivamente a financiar los objetivos del acuerdo alcanzado entre gobierno y parte de la oposición el 14 de junio, conocido como "Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo". Estos gastos se podrán ejecutar a través de programas contemplados en las leyes de Presupuestos de 2020, 2021 y 2022 y/o en leyes específicas para esos programas.

"Los apoyos a empresas estratégicas, a través de deuda o transferencias de capital, se adoptarán caso a caso, y se materializarán a través de una ley especial al efecto, la cual establecerá el canal específico a través del cual se efectuará dicho apoyo, el que no se imputará con cargo al fondo", señala el texto despachado por la Cámara Alta.

El texto que será conocido ahora por los diputados mantiene los cambios que fueron introducidos por la oposición y que el Ejecutivo intentó suprimir, relativos a la prohibición de que empresas con filiales en paraísos fiscales reciban recursos, al igual que las firmas sancionadas por faltas a la libre competencia.

Además, se aprobó que el Ejecutivo presente el Presupuesto de manera tal que puedan identificarse claramente aquellas iniciativas, incluyendo proyectos de inversión, que se financiarán con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, especificando una estimación de los montos comprometidos y períodos de ejecución para cada una de ellas.

Artículos claves:

-Se prohíbe la transferencia de recursos o el apoyo financiero del Fondo a empresas controladas por sociedades con domicilio principal o que tengan filiales en paraísos fiscales. Misma prohibición aplicará para las empresas que tengan sociedades relacionadas con sede en estos territorios o jurisdicciones con un régimen tributario preferencial.

- Las empresas estratégicas solventes que perciban recursos provenientes de aportes de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al Fondo y que estén organizadas como sociedades anónimas, sólo podrán distribuir hasta el mínimo a sus accionistas los dividendos en la cantidad anualmente contemplada en la ley N° 18.046, esto es, un 30 % de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Esto regirá durante el periodo en que subsista el apoyo financiero del Estado y hasta por dos años de realizada la transferencia o de acabado el apoyo.

- Se prohíbe todo aporte de capital, adquisición de instrumentos de deuda convertibles en acciones o garantía estatal con cargo al Fondo a empresas que se encuentren condenadas por sentencia firme y ejecutoriada por ilícitos graves contra la libre competencia.

-En el marco de avanzar progresivamente en mejorar los estándares de transparencia fiscal, especialmente en el ámbito de salud e inversión pública, incluidas concesiones, en la formulación del presupuesto del sector público para el año 2021, el Ejecutivo:

Presentará el presupuesto de manera tal que puedan identificarse claramente aquellas iniciativas, incluyendo proyectos de inversión, que se financiarán con cargo al Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, especificando una estimación de los montos comprometidos y períodos de ejecución para cada una de ellas. Si el financiamiento fuera mixto (con cargo al presupuesto regular y al precitado Fondo), deberá indicarse de manera separada el monto correspondiente a cada una de las referidas fuentes de financiamiento.

Presentará como programas presupuestarios los recursos asociados a los 65 hospitales que actualmente cuentan con Grupos Relacionados de Diagnóstico.

La información relativa a toda clase de inversión pública, incluidas concesiones, contemplará los valores adjudicados, plazos de ejecución y todas las modificaciones que experimenten cualquiera de dichas variables.