La isapre Banmédica ha estado en los titulares en los últimos días, luego de que el controlador de la empresa, la estadounidense United Health Group, anunciara su intención de vender sus operaciones en Chile, Colombia y Perú.
Hay diversos factores que explican la salida del conglomerado de nuestro país, como entre otros el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver millonarios cobros a sus afiliados, además de la incertidumbre regulatoria por el destino de la industria en los próximos años.
En los últimos días se agregó un nuevo factor a la discusión: un fallo de la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago atestó un nuevo golpe al sector, al revertir un pronunciamiento del cuarto Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana y establecer que las costas personales en las que incurran las isapres no puede ser consideradas como un gasto necesario para producir la renta. Y, por tanto, no pueden descontarse de impuestos.
El fallo se origina en una controversia entre Banmédica y la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del Servicio de Impuestos Internos (SII), por una liquidación de impuestos realizada el 27 de abril del 2022, en el marco del masivo proceso de judicialización de los afiliados contra las firmas para evitar alzas en sus planes de salud.
El pronunciamiento de la sala capitalina revierte un fallo del TTA, apelado por el servicio el 29 de diciembre de 2023, que daba la razón al reclamo de Banmédica en contra del SII y, por tanto, declaraba como descontables de impuestos como gasto los desembolsos para pagar las costas en los juicios donde la empresa fue condenada por alzas unilaterales de los precios de sus planes.
En específico, la disputa nace por una liquidación de diferencias de impuestos para el año tributario 2019 por $ 184 millones, las que luego de intereses, reajustes y multas, asciende a $ 260 millones.
Los argumentos
Según se lee en el fallo, el SII argumentó que los gastos destinados a pagar las costas de los juicios no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. O sea, están sujetos a lo dispuesto en el artículo 21 del mismo texto legal (no pueden ser deducidos como gasto), aun cuando sean de carácter obligatorio por estar establecidos mediante sentencia judicial.
Esto, ya que según el servicio, no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas al no estar relacionados con su giro ni estar destinados a generar sus ingresos. De hecho, el servicio recuerda que en los años tributarios 2014 al 2018 emitió liquidaciones de tributos bajo la misma argumentación.
En su análisis, la corte teoriza respecto al rol que históricamente han cumplido las costas en el marco de una controversia judicial y a quiénes corresponde pagarlos. También, se manifiesta respecto a los recientes fallos que han condenado a las aseguradoras por aumentar el valor de sus planes de forma unilateral.
"Las costas, a juicio de los tribunales, tampoco significan un gasto inevitable, ya que, la circunstancia de haber actuado diligentemente enviando la información a sus afiliados, con apego a los procedimientos regulados en la Ley, habría impedido la presentación de las acciones de protección o bien no hubieran sido condenada en costas por las Cortes de Apelaciones, toda vez que desde el origen en ese caso su actuar habría estado dentro del marco legal, sin haber afectado las garantías constitucionales de sus afiliados", expone el fallo.
El texto concluye que los desembolsos incurridos por las isapres, por concepto de costas a las que han sido condenados en los recursos de protección, no cumplen los requisitos para ser descontados como gasto, "aun cuando sean de carácter obligatorio al estar establecidos mediante sentencia judicial, pues no se trata de gastos necesarios para producir sus rentas, al no estar relacionados directamente con su giro, ni estar destinados a generar sus ingresos, ni tampoco revisten el carácter de inevitables", continúa el texto.
Así, plantea que el objeto de las costas es resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en el procedimiento jurisdiccional, iniciado por el incumplimiento de las normas que regulan la adecuación de los planes de salud y que los tribunales han calificado de arbitrario: "Tanto es así que la característica principal para que un gasto sea aceptado tributariamente, es que no se trate de desembolsos relacionados con la existencia de actos calificados de ilegales o arbitrarios; contrarios a derecho o relacionados con cualquier actividad ilícita", define la corte.
El fallo es de segunda instancia, por lo que puede ser apelable en la Corte Suprema.
¿Es ampliable a otros casos?
El socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo, explica que los fallos se aplican solo a los casos en que se dictan, "pero el criterio que se fija es el que da luces para otros casos, ya que revela el modo de interpretar de los jueces que lo dictaron".
"Lo transcendente de la sentencia de la Corte de Apelaciones es que, primero, revoca un fallo del tribunal especializado; y segundo, fija un criterio determinado en la materia, y que naturalmente será aplicado en los casos posteriores que sean revisados por la XIª sala, y es claro que ello sólo podría cambiar si es integrada por otros ministros, lo cual puede ocurrir obviamente. Pero en el fondo es un obstáculo difícil de salvar para las isapres. Ello a pesar de que las sentencias judiciales sólo tienen efecto en las causas en que se dictan", agrega.
El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, sostiene que el fallo aborda el reclamo de una liquidación de impuestos del año tributario 2019, período en el que era aplicable la antigua conceptualización de gasto aceptado, que era más restrictiva, menos vinculada a los negocios y sus riesgos asociados.
"En ese contexto, parece razonable la decisión del tribunal de apoyar el rechazo del gasto, atribuyendo responsabilidad del contribuyente en las costas y la no vinculación directa con el giro del negocio. No obstante lo anterior, distinta sería la lectura bajo el actual concepto de gasto aceptado, que entró en vigencia el 2020. En efecto, bajo esta nueva conceptualización el concepto de gasto se alínea con los negocios y evoluciona de gastos necesarios para generar renta a gastos con aptitud o potencialidad para generar rentas", complementa.
Mientras que el socio de SW Chile, Rodrigo Benítez, sostiene que las empresas en el desarrollo de su negocio "siempre se encuentran en el riesgo de ser demandados", así como de perder dichos procedimientos: "En este sentido, las costas o gastos del juicio al cual pueden ser condenadas forman parte del negocio y son necesarias para producir la renta en el curso normal de su operación. De otra manera, significaría que las empresas no tienen derecho a defenderse".
"Es evidente que los pagos por la contratación de abogados para estos efectos son necesarios. En especial en tiempos de indefinición de las reglas para el alza de valores de los planes de salud. Esto fue confirmado especialmente por la reforma tributaria del 2020, que acepta expresamente como gasto necesario el cumplimiento de una cláusula penal o multa", cierra.
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