El 28 de noviembre pasado se cumplió un año de entrada en vigencia de la Ley del Lobby, una norma que tardó varios años en ver la luz y que en su tramitación, cuenta la subsecretaria general de la Presidencia, Patricia Silva, experimentó un giro, poniéndose el foco del cumplimiento de la norma en las autoridades.
Con todo, la mirada desde el Ejecutivo es con saldo a favor.
- ¿Cuál es el balance del gobierno de la Ley del Lobby. Han aparecido publicaciones que darían cuenta de algunos vacíos?
- A un año, sin duda que el balance es positivo. Nos correspondió como gobierno implementarla, fue gradual, por niveles y estamentos: primero el nivel central, luego los jefes de servicio, a nivel regional y recién este 28 de noviembre acaba de partir la última etapa, que es a nivel local, concejales y alcaldes. Hoy tenemos una Ley de Lobby implementada en todo el Estado de Chile.
Ahora, hay que tener claro que más allá que se llame Ley del lobby, esta es una ley de agenda pública abierta. El título no da cuenta de lo que realmente resultó.
Cuando la ley fue ingresada por la presidenta Bachelet -en su primer gobierno-, el mensaje tenía el sentido de regular precisamente el lobby.
Finalmente, en la tramitación que tuvo durante el gobierno del presidente Piñera hubo un giro en las ideas centrales, de manera que ya no se estableció una ley donde la responsabilidad del cumplimiento recaía en el lobista, sino que se invirtió la responsabilidad hacia las autoridades. A estas se les hace responsables de abrir sus agendas, en el marco de la agenda de transparencia y probidad, de saber a quiénes oímos para efectos de tomar una decisión o no. También nos pone una carga bien fuerte que tiene que ver con confiar en que quien me pide la audiencia es quien dice que es y que me viene a plantear lo que me anuncia que me viene a plantear.
Sin perjuicio de eso, uno puede hacer una evaluación bastante positiva de la ley, en términos que tenemos más de 20 mil sujetos activos que dan cuenta de sus agendas.
- ¿Pero en el fondo, esta ley regula efectivamente el lobby?
- Dimos un paso importante en materia de regular el lobby, es perfectible, como todas las leyes. Es una ley que apunta a la cultura de la relación entre la ciudadanía y su autoridad. Transparenta la agenda pública. Hoy alguien para conseguir una audiencia con la autoridad no requiere nada más que llenar un formulario y antes requería contactos. Antes no sabías a quiénes oía la autoridad para resolver de una manera u otra, hoy sí.
Entonces, es positivo. ¿Falta?, sí. Esta es una ley que se da en el marco de una serie de normativas que ya fueron presentadas por la presidenta Bachelet en su primer período y que daban cuenta de transparentar la gestión pública.
- ¿Dónde se puede perfeccionar la ley?
- La ley apuesta a la buena fe de las partes y el sentido es tener agenda abierta. Si finalmente se utilizan los espacios que dejó, porque la autoridad solo registra cuando se le solicita la audiencia y cuando se realiza en el despacho o espacio en donde se desempeña en el cargo, lo que se realiza fuera de ese ámbito puede quedar al margen. Esas son las denuncias que se han escuchado. Pero la Ley ha generado que más de 20 mil autoridades estén dando cuenta permanentemente de sus agendas, valoraría esa parte. Perfectible, en los ámbitos y espacios que quedaron.
- ¿El gobierno está pensando en perfeccionar pronto la norma?
- No, en lo inmediato. La última etapa acaba de entrar el 28 de noviembre. Seguramente, se van a presentar modificaciones, pero todavía no llevamos un mes de la última etapa; qué sacamos con hoy entrar a modificar algo.
Hay un cambio cultural fuerte, porque en el marco de la pirámide de la estructura del Estado, las audiencias solicitadas a niveles más altos son más selectivas y menores, pero en la base de la pirámide, cuántas audiencias tiene un concejal en la semana. Ya podemos pispar algunos temas, pero no queremos presentar inconclusa la evaluación.
- ¿Se podría apuntar a regular otros espacios o instancias que parecieran ser de la vida privada, pero donde las autoridades comparten...?
- Hay que preguntarse cuál es el sentido de esto, porque si realmente uno no puede tener amigos o ir a una fiesta porque no vaya a ser cosa que me vaya a encontrar con alguien que me pregunta justo sobre un tema. Llegar a regular hasta la más íntima actividad en la que una autoridad se pueda relacionar con un tercero que, eventualmente, le vaya a plantear algo, pareciera que es extremar mucho las cosas. Aquí también hay un voto de confianza en esa autoridad en términos de decir esto es realmente un lobby.
- Pero precisamente es esa confianza la que está siendo cuestionada, tras la serie de casos de irregularidades
- Sí. Pero no sé si la salida sea extremar la regulación. Hay un control social muy fuerte hoy sobre las autoridades, hay un cuestionamiento público respecto del quehacer y eso debiera ameritar una corrección; si efectivamente la omisión de los registros es por un tema intencional o porque efectivamente la persona no se ha juntado con nadie, entonces qué va a registrar.
- ¿En aquellos estamentos que llevan un año bajo la aplicación de la norma, dónde están los vacíos?
- Hay algunos temas de la propia ley, hay audiencias que no tendrían por qué registrarse, como las que son fuera de los despachos o cuando es la autoridad la que cita. Si hay una evaluación de que eso es un resquicio, habría que mirarlo. Es un tema que ya está puesto en el debate.
- Hace poco se conoció de los encuentros entre quienes aspiraban al cargo de Fiscal Nacional y parlamentarios. ¿Esas situaciones deberían estar reguladas de alguna forma por la Ley del Lobby?
- Uno debería revisar si eso aplica vía Ley del Lobby o un procedimiento mucho más formal y regulado respecto del proceso de información de los candidatos que son presentados al Congreso para su votación.
Hoy eso no está regulado en términos claros, ni siquiera para el Congreso. Si eso debe ser regulado con la Ley del lobby, a lo mejor tiene que ser ahí o, más bien, pensarse que en ciertos nombramientos de alto impacto habría que establecer un procedimiento claro, mucho más transparente y público. Nosotros tenemos una cultura muy legalista, si no está en la ley no está y tampoco es justo que le pidamos a las autoridades conductas que no están exigidas en la ley.
Entonces, con qué criterio me muevo como autoridad, bajo el criterio de lo que puedan decir los otros o lo que me exige la ley, ese es un tema no menor, quién marca la ética, quien corre el cerco y hacia dónde, si tenemos una ley que me está rigiendo.
- A propósito de los últimos casos de colusión, ¿le corresponde al sector privado hacer algo más para mejorar los niveles de transparencia?
- Sin duda que la agenda de probidad apunta al sector público y autoridades. Creo que hay un cierto desbalance en términos de las exigencias respecto de transparencia del sector privado, que también está muy expuesto. Hay normas en el marco de la agenda de transparencia que incorporan elementos de transparencia en su actuar, pero no sé si es suficiente todavía, habría que verlo en el camino.
- ¿Está al debe el sector privado en ese ámbito?
- Sin duda. Es un desafío y ellos mismos lo han planteado en los grandes casos que hemos visto, entienden que el tema de la ética fuertemente cuestionada son principios y valores que no son sólo exigibles al mundo público, también al privado. En el siglo XXI se gobierna de manera muy distinta de hace 10 años.
COntraloría fiscaliza la norma
- En el inicio de la aplicación de la Ley, los diplomáticos manifestaron sus aprensiones sobre los alcances de la norma en el ejercicio de sus cargos, el gobierno trató de legislar, pero a la fecha no ha habido ningún cambio, ¿hay excepciones?
- Hoy no hay excepción para la norma. El cumplimiento de la normativa en esta materia lo lleva la Contraloría, que hace su fiscalización y luego sanciona. Esa fiscalización hay que esperar que sea publicada para ver si hay algún efecto. Entiendo que están haciendo una auditoría, pero los resultados aún no los conocemos en términos de si ha habido o no sanción.
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