Pudo haber sido un hecho sin grandes connotaciones. Es lo que posiblemente pensó el senador Jorge Pizarro, cuando optó por no desistirse de su viaje a Londres a pesar de que la región que representa fue la que sufrió los peores efectos del terremoto y el tsunami del miércoles 16.
Pero la realidad fue otra. Porque apenas se supo la noticia de que tras una corta visita a la zona había partido a la capital británica a presenciar el mundial de rugby, se desató una furia que se expresó con especial fuerza en las redes sociales.
Pese a que éstas quizás no representen todo el sentir ciudadano, las miles de alusiones condenando la actitud del presidente de la DC fueron el síntoma más explícito del malestar que existe con la clase política. En los comentarios quedó de manifiesto que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ni a perdonar actitudes que perciben poco transparentes o, sobre todo, que den la sensación de abuso de poder por parte de quienes son elegidos para que la represente.
Una prueba de ello es que este episodio coincide con las cifras que dan cuenta del máximo descrédito de los políticos, como las de la última encuesta CEP en que sólo un 6% dice confiar en el Congreso, mientras la mitad -o sea, apenas un tres- en los partidos, percepción que se confirma cuando un 88% estima que la actividad política genera poca o ninguna confianza.
Los propios afectados aseguran estar conscientes de su mala imagen, frente a lo cual no desconocen su preocupación, aunque eso no significa que con sus acciones necesariamente colaboren para superar ese alicaído prestigio.
Indicios de inquietud
Es cierto que desde que estalló la crisis de credibilidad tras los escándalos que desnudaron la relación del dinero con la política, tanto el gobierno como los dirigentes políticos, han hecho algunos intentos para recuperar la confianza que se derrumbó.
Es en ese contexto donde se sitúa el origen de la llamada comisión Engel, integrada por 16 expertos, a la que la presidenta Michelle Bachelet le encomendó elaborar propuestas para enfrentar los temas de corrupción que habían quedado al descubierto con los casos conocidos, tarea que después de 45 días se plasmó en un informe que contenía 260 proposiciones tendientes a hacer más transparente la acción política.
En el momento de recibirlo a fines de abril, la propia mandataria, junto con reconocer el malestar de la ciudadanía, planteó la necesidad de realizar cambios de fondo, para lo cual debía trabajarse seriamente si se quería recuperar la confianza perdida. Con ese fin, se comprometió a impulsar una importante agenda anticorrupción o de probidad.
Por lo menos en la forma o en los dichos, de ello se hicieron cargo los parlamentarios, al mostrarse dispuestos a introducir cambios en aquellas prácticas que hacían poco transparente la acción política. Tal parecía ser su inquietud frente al escenario de desconfianza que la primera e inédita Cuenta Pública del Congreso que se realizó en julio, estuvo marcada por un mea culpa tanto del Presidente del Senado, Patricio Walker, como su par de la Cámara, Marco Antonio Núñez, por los hechos de corrupción, tras lo cual plantearon una serie de medidas que podían afectar sus propios intereses, como regular las dietas o las asignaciones parlamentarias. De hecho, en esa ocasión se propuso la posibilidad de congelar los sueldos de ellos mismos, como del resto de las altas autoridades, lo que fue acordado con el gobierno e informado esta semana.
Medidas como ésta, a la que se suma la aprobación de algunos proyectos que contempla la agenda de probidad, podrían ser indicios de que existe disposición para introducir cambios que apunten a lograr más transparencia en la política, como podría ser el fin del aporte de las empresas a las campañas o a los partidos, u otras que establecen fiscalizaciones tendientes a impedir los abusos de poder.
Pero hasta ahora ninguno de los esfuerzos que se han hecho, o las señales que se ha intentado dar, han sido suficientes para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en los políticos.
Cuidando su poder
Lo más sintomático a estas alturas es que, transcurridos cuatro meses desde que la comisión Engel entregó su informe, sus propios integrantes se han encargado de cuestionar la forma en que se han tramitado sus propuestas. Tanto es así que, mientras el mismo Eduardo Engel ha manifestado que la reacción de los partidos no ha sido positiva, otros miembros apuntan directamente a que no se está respetando el espíritu de lo que se buscaba, aludiendo a que los parlamentarios han intentado resguardar sus propios intereses para protegerse a ellos mismos.
Es el caso, por ejemplo, de la postura que han tenido frente al financiamiento estatal a los partidos, el que estiman que debería entregarse solamente a quienes elijan al menos un parlamentario, con el argumento de impedir su excesiva proliferación. Pero el reclamo de que con ello se inhibe la posibilidad de que emerjan fuerzas nuevas o liderazgos distintos a los que existen, pesó en el gobierno al punto que decidió insistir en entregarles una cuota -aunque menor- a todos los partidos inscritos, lo que hará que continúe el debate en el Congreso.
Pero el tema que ha producido más polémica es en el rechazo de los políticos a la reinscripción del padrón de militantes, medida que no sólo propuso el grupo liderado por Engel, sino que también la acogió con fuerza la mandataria, con el argumento de que se trataba de una disposición fundamental para la transparencia, básicamente porque los registros están abultados, aparte de que son usados como forma de clientelismo entre los caudillos partidistas.
Pero tal fue la presión de los parlamentarios para impedirlo, que habían logrado que La Moneda no insistiera en su tesis, aunque ante la mala percepción de que no se acogiera, el gobierno optó por introducir una indicación con una fórmula que obligaría a la reinscripción de los militantes, la que no se sabe si acogerán o no.
Pero no son éstas las únicas propuestas en que durante la tramitación los políticos aparecen resguardando sus intereses, porque tampoco, por ejemplo, se han mostrado dispuestos a entregarles facultades al Servicio Electoral para que fiscalice sus elecciones internas, aduciendo a que no puede el Estado entrometerse en el quehacer partidario, aun cuando éste los financiará.
El debate sobre las prerrogativas que debería tener el Servel es uno de los temas que preocupa especialmente a algunos miembros de la Comisión, como el cientista político, Claudio Fuentes, quien percibe que aun cuando se aprobó su autonomía constitucional, al momento de precisar tanto sus facultades como su composición, se estaría corriendo el riesgo de que se le introduzca "letra chica" que lo puede dejar con dependencia de los políticos.
En esta misma línea, el propio Engel ha alertado de que si no se le entregan al Servel más atribuciones para las próximas municipales, sería imposible de recobrar la confianza.
Lecciones del viaje
Con una agenda de probidad anunciada como la gran solución, pero que se ha ido desdibujando desde el momento en que los políticos se defienden frente a algunas medidas de transparencia para no perder sus prerrogativas, parece difícil que se pueda lograr el propósito de terminar con el descrédito en que están.
Es que aun cuando la ciudadanía que expresa su malestar no conoce los detalles de lo que los parlamentarios están debatiendo en el Congreso, sí percibe que existe entre ellos un resguardo a su posición de poder.
Fue precisamente de lo que dio cuenta la reacción frente a la conducta del senador Pizarro, lo que se acrecentó por el respaldo de algunos o el silencio del resto, pues de acuerdo a lo que se planteó en las redes sociales, lo hicieron como manera de protegerse unos a otros porque todos gozan de los mismos privilegios.
Justa o no la percepción, es la que se manifestó, adquiriendo especial fuerza por la confirmación de que tanto el presidente de la DC, como el diputado de ese partido por la misma zona, Matías Walker, se ausentaron no sólo en momentos difíciles para su región, sino haciendo uso de vacaciones en días que están destinados al trabajo en los lugares que representan.
Pese a que existe coincidencia en que ambos parlamentarios tienen un compromiso con sus zonas, lo cierto es que posiblemente este episodio -que destapó que muchos parlamentarios usan la semana distrital para ausentarse del país- abra un debate acerca de que además de la regulación que se ha debido hacer con las asignaciones por el abuso que ha habido de ellas, también se les deban regular los días en que deben trabajar.
Como sea, el bullado viaje de Pizarro a Londres podría servir como alerta de que los políticos no pueden seguir en lo mismo, ni legislando para sus intereses, ni menos dando la sensación de que abusan del poder que se les ha entregado, porque al fin son ellos los responsables de recuperar la confianza para no exponer que se debilite la democracia en el país.
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