Intensa fue esta semana para los actores del Gobierno y del Congreso involucrados en el debate tributario. El lunes, el Ministerio de Hacienda sorprendió con el anuncio de que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, cesará en su cargo a partir del lunes 8 de julio próximo y será reemplazado por Javier Etcheberry, a quien ya se había nombrado como subdirector de Asuntos Corporativos del organismo, con el fin de que asuma como titular subrogante del servicio.
El nuevo destino que se encomendó a Frigolett dejó en claro el segundo movimiento del tablero: asumirá como embajador de Chile ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y, quien ocupaba ese cargo, Francisco Saffie, fue anunciado el jueves como coordinador de Regulación Económica de la cartera, una función que no existía en ese ministerio.
Estos cambios, que nadie vio venir, se dan en un momento crucial de la discusión del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, actualmente en la comisión de Hacienda del Senado. Etcheberry, que fue director del SII entre marzo de 1990 y enero del 2002, en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, tiene una experiencia grande en estos temas. Y, tal como ha publicado Diario Financiero, viene con tres objetivos principales: contribuir a la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, negociando apoyado en su experiencia de la reforma tributaria de 1990, reducir la evasión, que en su período pasó de un 33%% a entre 18% y 17% en IVA; y recomponer el frente interno.
Esta semana también estuvo marcada por fuertes polémicas en torno a un aspecto específico del debate tributario: el levantamiento del secreto bancario, con declaraciones que incluso trascendieron al ámbito más político y, cruzaron a la arena de candidaturas presidenciales. Y respecto del proyecto de cumplimiento tributario, el próximo jueves 11 de julio se espera que concluya la etapa de audiencias de especialistas en la comisión de Hacienda del Senado, tras lo cual se votará la idea de legislar, sometiéndose a su primera valla en su segundo trámite constitucional.
Esta es la iniciativa con el mayor potencial recaudador del pacto fiscal, proyectando recolectar impuestos por el equivalente a 1,5% del PIB en régimen. El Ejecutivo espera despacharlo del Congreso a más tardar en septiembre, antes del ingreso de la ley de Presupuestos de 2025, como parte del fast track en materia económica acordada con el Legislativo.
En paralelo a las audiencias, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha desarrollado conversaciones con los senadores de la instancia para lograr un acuerdo sobre las indicaciones al texto. Así, ha sostenido negociaciones por separado y en conjunto con Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), José García (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).
Fuentes que conocen el contenido señalan que las reuniones han girado en torno a varios puntos del proyecto, como los incentivos a la formalización de los contribuyentes, las medidas para digitalizar y fortalecer a los organismos de la administración tributaria y medidas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas.
Otro tema que ha emergido en el debate es el denominado 27 bis, que regula la manera en que los contribuyentes deben devolver el crédito de IVA por adquisición de bienes del activo fijo. Hoy, en la práctica hay empresas que pueden tardar décadas en enterar esos recursos al Fisco. La idea de Hacienda era acotar el plazo de devolución a 15 años, a lo que se opone la derecha por los potenciales efectos en inversión y en el sector inmobiliario. Hacienda busca reformular la propuesta original.
Pero hay cuatro puntos más controversiales que aún son sujeto de negociaciones: la nueva gobernanza del SII, la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), la creación de la figura del denunciante anónimo y la ya mencionada flexibilización del levantamiento del secreto bancario para investigaciones fiscales. Estos cuatro nudos serán zanjados en una comisión técnica de asesores de los senadores y de Hacienda para redactar las indicaciones al proyecto.
Así, en cuanto a la gobernanza del SII, se exploran mecanismos para crear un consejo asesor con facultades para supervisar el actuar del director nacional, así como eximir a la jefatura del servicio de los 12 cargos ADP que pueden ser removidos y reemplazados sin concurso en los primeros seis meses de un nuevo Gobierno. La idea es hacerse cargo de las dudas de la oposición respecto de la independencia política del titular del SII, a cambio de entregarle mayores facultades de fiscalización.
El destino de la NGA está íntimamente ligado al cambio en la gobernanza del SII, ya que si se logra un acuerdo en fijar más contrapesos al director nacional, se avanzaría en que pueda aplicar la norma sin pasar previamente por un Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). En el denunciante anónimo continúan las dudas por la recompensa para esta nueva figura y las sanciones por las denuncias maliciosamente falsas.
Los dos secretos
Dos comisiones del Senado, Hacienda y Seguridad Pública, tienen en tabla el tema del levantamiento del secreto bancario. Y en ambos casos aún no hay acuerdo para su aprobación.
En la primera, la propuesta del Gobierno que está contenida en el proyecto de cumplimiento tributario, mantiene la autorización judicial previa para que el SII acceda a la información bancaria, pero diferenciando en procedimientos: con o sin intervención del contribuyente, según la materia que está siendo fiscalizada. Distinto es el caso del proyecto que se tramita en la Comisión de Seguridad, que propone eliminar totalmente el actual requisito de autorización judicial para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), supeditando el acceso a la información a un procedimiento especial administrativo, que “estará sometido a distintos controles para resguardar su correcto ejercicio”, según explican en Hacienda.
En las sesiones de esta semana de la Comisión de Hacienda, se evidenciaron no sólo los reparos de los parlamentarios de oposición a la fórmula del Ejecutivo; también de los representantes de la Sofofa y la CPC, que expresaron su discrepancia, particularmente respecto del proceso abreviado que incluye el proyecto del Gobierno. Esta modalidad sólo procede cuando la fiscalización se encuentre formalizada, es decir, que el SII ya tenga indicios de incumplimientos, y se aplica a la fiscalización de grupos empresariales, a delitos tributarios, precios de transferencia, normas de exceso de endeudamiento y rentas pasivas.
En esos casos, se permite al SII solicitar ante un juez el alzamiento de la información bancaria, quien tendrá cinco días para autorizar o denegar la solicitud, pero sin intervención del contribuyente. Una vez autorizada, el SII puede pedir al banco la información, que deberá ser entregada dentro de un plazo de 45 días. Sólo una vez que el banco otorgue la información, podrá informar a su cliente contribuyente.
“Nos preocupa que existan tantos casos excepcionales donde el contribuyente no tiene la posibilidad de oponerse al levantamiento”, dijo el secretario general de Sofofa, Rodrigo Yáñez, que propuso eliminar dicha excepcionalidad. En tanto, el presidente de la Comisión Tributaria de la CPC, Christian Blanche, dijo que hay disposiciones en el proyecto que “atentan contra la reserva de los datos personales, que es una garantía constitucional” y establecen que “el contribuyente el que se va a tener que oponer, además, de que en cinco casos el SII va a poder acceder al secreto bancario sin escuchar al contribuyente”.
En todo caso, las conversaciones para llegar a un acuerdo siguen. El senador RN, José García Ruminot, dice que “cualquier conversación respecto del alza del secreto bancario tiene que ir acompañada con la forma en que resguardamos y garantizamos que la herramienta sea bien utilizada, y que existan los suficientes contrapesos institucionales para evitar un aprovechamiento”.
En la comisión de Seguridad, en tanto, se dejó para el final la discusión y votación del capítulo relacionado con el secreto bancario. El presidente de la instancia, el senador DC Iván Flores, dice que en total deben analizar y votar 140 indicaciones, 120 de las cuales son del Gobierno, y están siendo trabajadas, por acuerdo de todos los sectores, por una mesa técnica de asesores. “Ya aprobamos los cuatro primeros artículos, que son el corazón del proyecto y dejamos para el final el tema del secreto”, que se votará el 23 de junio.
La propuesta del Ejecutivo indica que, para iniciar el procedimiento, es necesario que se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la UAF y que la solicitud sólo puede ser realizada por el director de la UAF, previo requerimiento fundado de quien ejerza la jefatura de la división de inteligencia financiera del organismo. También se califican las causales que justifican el requerimiento, con dos condiciones copulativas: el carácter indispensable de los antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa y la imposibilidad de obtenerlos en el ejercicio de las demás atribuciones de la UAF.
Obviamente, la información obtenida tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines señalados. La infracción del secreto se sancionará con destitución del cargo y además se contemplan sanciones penales.
En el Gobierno destacan que las dos iniciativas sobre secreto bancario fueron enviadas a la Corte Suprema para “recabar su parecer”, dado que se relacionan directamente con la organización y atribuciones de los tribunales. Y la opinión del máximo tribunal sobre ambos proyectos no tuvo reparos. También resaltan que hay encuestas que evidencian que una gran mayoría de la población está a favor de terminar con el secreto bancario, como Pulso Ciudadano que señaló que el 61,2% de la ciudadanía consultada “está de acuerdo/muy de acuerdo con que el Proyecto de Ley del Levantamiento del Secreto Bancario permitirá perseguir de mejor forma el crimen organizado y el narcotráfico”.
Etcheberry: completo acceso
Pero ¿qué piensa Javier Etcheberry, el nuevo director del SII, sobre el secreto bancario? “Yo soy muy radical en eso”, dijo cuando el senador PS, José Miguel Insulza, le preguntó por el tema en la sesión de la comisión de Hacienda del Senado del 4 de junio pasado, donde expuso su postura frente al proyecto de pacto tributario.
“Soy partidario de que Impuestos Internos tenga completo acceso a la información bancaria”, enfatizó añadiendo que, en gran parte del mundo, ocurre así porque “los bancos no pueden ser refugio de los evasores o de los terroristas o de los que hacen fraude”.
También se refirió a la importancia de la privacidad. El SII, dijo, debe mantenerla “tanto respecto de toda la información que obtiene de los bancos, como del resto de la información que obtiene”, y aprovechó de elogiar la actuación del servicio en este ámbito, afirmando que “es un ejemplo en eso en mantener privada la información que obtiene para sus labores de fiscalización”.
Especial énfasis puso al afirmar que “la privacidad no puede ser una especie de argumento y capilla en los bancos para los evasores”. Para ilustrar su punto, contó que cuando era director del SII, en los 90, si bien era obligatorio declarar los intereses que ganaban las personas, “los bancos no le mandaban información a Impuestos Internos (…) el resultado era que muy poca gente declaraba esos intereses”. A través de una ley se les obligó a entregar dicha información, indicó, y aunque “los bancos decían que iba a haber una situación muy mala, que todos los inversionistas iban a sacar la plata de Chile, por las cifras del Banco Central pudimos ver que eso no pasó. Los chilenos y extranjeros que tenía en la plata en Chile, la mantuvieron en Chile y la única diferencia es que empezaron a pagar los impuestos que antes no pagaban”.
Foto: Julio Castro
Energía, permisos, infraestructura y evaluaciones: los ejes de Saffie
El próximo 22 de julio, el abogado Francisco Saffie arribará oficialmente al Ministerio de Hacienda para asumir como flamante coordinador de Regulación Económica, un área nueva en el organigrama de Teatinos 120.
El mismo Saffie explica a Señal DF algunos de los ejes de lo que será su gestión y la experiencia que recopiló en los dos años que sirvió como embajador de Chile ante la OCDE en París.
"Me tocó revisar la discusión sobre instrumentos de evaluación exante y expost de las decisiones regulatorias; participé como invitado a exponer en el Comité de Política Regulatoria en que compartí panel con el jefe de la Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) de Estados Unidos, Ricky Revesz, en que discutimos sobre los desafíos de incorporar consideraciones adicionales al costo beneficio en el impacto regulatorio como, por ejemplo, impacto distributivo, de medioambiente y de género", detalla.
El profesional recuerda que también se enfocó en temas de permisos e infraestructura.
"En la OCDE se está discutiendo cómo la modernización y agilización de los sistemas de permisos resulta fundamental para avanzar en la transición climática y al mismo tiempo resguardar los intereses públicos involucrados sin afectar el crecimiento económico. A nivel global la discusión está en conciliar el crecimiento económico y el respeto de las comunidades y la biodiversidad como fines complementarios", detalla.
En infraestructura, trabajó en el establecimiento de esquemas regulatorios que permitan movilizar capital privado para el desarrollo de infraestructura resciliente para el cambio climático.
También, participó en la Agencia Internacional de Energía (AIE), viendo la discusión de prácticas regulatorias que permitan desarrollar la industria de los minerales críticos y la resiliencia en las cadenas de suministro de estos materiales; permisos y reciclaje de productos mineros, así como mecanismos de financiamiento.
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