El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la inclusión de cuatro gobernadores venezolanos a su lista de sancionados, por estar "involucrados en la corrupción endémica y en el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria crítica, lo que exacerba la actual crisis humanitaria causada por el régimen ilegítimo de Maduro".
El primero de los señalados es Omar José Prieto Fernández, gobernador del estado noroccidental del Zulia limítrofe con Colombia, considerado por EEUU "un centro de actividad para el crimen organizado, en el que se trafican narcóticos y el sicariato es un lugar común". Además se destaca que en su calidad de estado petrolero, no satisface las necesidades básicas de la población, especialmente respecto del servicio eléctrico, lo que agrava la crisis humanitaria.
A él le sigue Ramon Carrizalez, gobernador del estado Apure, también limítrofe con Colombia, y quien se ha desempeñado como vicepresidente y como ministro de Defensa. "Desde enero de 2019, "ha habido una presencia creciente y masiva de fuerzas militares y policiales en las calles de todo el estado de Apure, que amenazan con la violencia y atacan a los manifestantes. Carrizalez está acusado de respaldar esta flagrante represión de los actores democráticos", destaca el texto del Tesoro.
También se señala a Jorge Luis Garcia Carneiro, gobernador del estado Vargas desde 2008, una entidad que ostenta el principal puerto del país. Y, por último, se incluye a Rafael Lacava como gobernador del estado Carabobo (al centro de la nación), donde está ubicado el segundo puerto más importante de Venezuela. "A principios de 2018, Lacava fue acusado de esconder fondos en Suiza y Andorra", apunta el Departamento.
El texto explica que "como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de estos individuos, que se encuentren en EEUU o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de EEUU o dentro (o en tránsito) del país que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas".
Las sanciones no necesitan ser permanentes y están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento.
El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo en el documento que "Estados Unidos apoya plenamente los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó para abordar la corrupción endémica, los abusos contra los derechos humanos y la represión violenta que se ha convertido en el sello distintivo del régimen ilegítimo de Maduro, y espera con interés el restablecimiento de un gobierno elegido democráticamente para el pueblo de Venezuela".
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