El cronograma y los expertos convocados por el CFA para analizar si la reforma previsional es fiscalmente sostenible o no

El acuerdo que logró el oficialismo con Chile Vamos para destrabar la reforma de pensiones fue la noticia económica de esta semana. Y a medida que transcurren los días, se profundiza el debate sobre distintos aspectos del nuevo sistema previsional.

Uno de los temas que marcarán la discusión en los próximos días se relaciona con las implicancias fiscales del nuevo esquema, ya que las propuestas del Ejecutivo implican un mayor gasto fiscal por más de US$ 3.200 millones en régimen, además de menores ingresos tributarios por más de US$ 1.700 millones en el mismo lapso. Aquello ha levantado preocupación entre los especialistas.

Con este telón de fondo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se ha convertido en un actor clave en esta discusión. Muestra de aquello es que desde inicios de esta semana -antes de que se conocieran las indicaciones del Gobierno el miércoles- ha invitado a distintos especialistas para abordar las implicancias fiscales de la iniciativa.

Todo esto tuvo un punto álgido hoy, cuando el Consejo presidido por Jorge Rodríguez Cabello recibió la presentación de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, quien entregó antecedentes adicionales sobre el efecto fiscal de la propuesta. La cita se extendió vía Zoom por más de dos horas, incluyendo preguntas realizadas por los consejeros. El CFA también está integrado por su vicepresidente, Hermann González, y los consejeros Jeannette von Wolfersdorff, Marcela Guzmán y Sebastián Izquierdo.

Ronda de consultas

Asimismo, el Consejo estableció un cronograma de reuniones y especialistas que serán parte de su ronda de consultas antes de entregar una opinión sobre la materia.

El martes 14 de enero (o sea, antes de las indicaciones y de que se conociera el acuerdo), expuso Gabriel Ugarte, ingeniero civil e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), además de la economista, académica de la Universidad de los Andes e integrante de la mesa técnica de pensiones, Cecilia Cifuentes.

Este viernes 17 de enero, además de Martínez expuso la economista y presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi; y la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto.

En tanto, el lunes 20 de enero, se presentarán Ignacio Briones, economista, exministro de Hacienda y presidente de Horizontal; Guillermo Larraín, economista, presidente del Consejo Consultivo Previsional y exsuperintendente de Pensiones, y Cristóbal Huneeus, economista, coordinador de la mesa técnica de pensiones.

El ciclo concluye el martes 21 de enero, cuando expondrá la economista y directora de Espacio Público, Paula Benavides.

El mensaje de la Dipres

Durante la tarde de este viernes, la Dirección de Presupuestos informó a través de un comunicado algunos de los detalles de la presentación de Martínez ante el CFA, donde defendió que el financiamiento de la reforma previsional está asegurado.

Según se explicó, la ingeniera dividió la presentación en dos partes: los efectos fiscales asociados al Seguro Social Previsional, y el mayor gasto fiscal asociadas al aumento del beneficio de la PGU y tasa de cotización.

Sobre el primero punto, Martínez explicó que el fondo será un organismo público autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y que contará con un Consejo Directivo cuyo mandato consistirá en administrar la gestión e inversión de los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

"Quisimos empezar esta conversación haciéndole un zoom a lo que fiscalmente se deriva de este fondo, según las orientaciones del Manual de las Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rige las estadísticas fiscales de Chile y las hace comparables con otros países”, dijo la directora, quien agregó que “el proyecto de ley contempla una institucionalidad autónoma, técnica y robusta que deberá velar por la sustentabilidad del nuevo Seguro Social a lo largo de las generaciones, así como estrategias de mitigación para abordar estos riesgos”.

Además, la directora de Presupuestos detalló que el FAPP tendrá tres fuentes de financiamiento: un préstamo fiscal de US$ 900 millones que se devolverá con un plazo de 20 años -lo que contablemente se considera una operación bajo la línea-; los puntos de cotización adicionales de cargo del empleador, y los aportes fiscales.

"Estos aportes fiscales devienen del espacio fiscal al considerar una institucionalidad más liviana que el proyecto inicial y la no eliminación del test de afluencia al 10% más rico", señaló la repartición.

Martínez -agregó el comunicado de Dipres- señaló que las proyecciones de fuentes de financiamiento y gasto en beneficios con cargo al FAPP concluyen que éste "es sostenible en el tiempo, incluso ante escenarios con parámetros más exigentes que los esperados, en términos de rentabilidad y costos de los beneficios".

Las implicancias fiscales de la mayor tasa de cotización, reducción del encaje y nueva institucionalidad necesaria para implementar esta reforma también fueron materia de la presentación de Dipres. En términos generales, se aclaró que el mayor gasto asociado principalmente a las alzas graduales de la PGU, al aporte fiscal para el Fondo Autónomo de Protección Previsional y a incrementos de cotización, se mantiene en los niveles considerados en la planificación financiera fiscal de mediano plazo, incluyendo los recursos proyectados provenientes de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario.