Alto costo del nuevo sistema previsional pone más presión a las cuentas fiscales y la ley antievasión
Según Dipres, el nuevo régimen implicará un mayor desembolso del Estado por sobre US$ 3.200 millones al año, así como menor recaudación tributaria por más de US$ 1.700 millones.
Por: Sebastian Valdenegro | Publicado: Viernes 17 de enero de 2025 a las 04:00 hrs.
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El acuerdo firmado entre el oficialismo y la oposición para destrabar la reforma de pensiones tendrá un efecto no menor para las arcas del Estado. ¿La razón? Un alto gasto anual y una menor recaudación tributaria que promete ponerle mayor presión a unas ya deterioradas finanzas públicas.
Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres), desde 2050 la reforma implicará un mayor gasto fiscal por US$ 3.218 millones al año, siendo el principal desembolso la ampliación del monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que implicará un gasto por US$ 1.401 millones hacia mediados de siglo.
Luego le sigue el aporte fiscal al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), por alrededor de US$ 1.000 millones a 2050; a lo que se le suma el efecto del aumento de la tasa de cotización para el Estado como empleador, derivando en un desembolso por casi US$ 780 millones al fin del horizonte.
Asimismo, habrá menores ingresos tributarios, que según Dipres totalizarán US$ 1.758 millones al año 2050, principalmente por un menor crédito del impuesto de Primera Categoría y menor recaudación por impuesto Global Complementario, debido a que los empleadores deberán asumir un mayor gasto en personal y una reducción en sus utilidades.
El Ejecutivo ha señalado que el aumento en la cobertura de la PGU será financiado con la mayor recaudación proveniente de la Ley de Cumplimiento Tributario, que espera recolectar 1,5% del PIB en régimen (US$ 4.500 millones). De ese total, 1,2% del Producto se destinaría a la PGU, según lo acordado en el Senado.
Las dudas
Temprano este jueves, el equipo económico del Centro de Estudios Públicos (CEP), liderado por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, entregó unas primeras observaciones sobre el acuerdo, a la espera de más detalles: “Este proyecto implica un mayor gasto público anual superior a los US$ 3.000 millones y menor recaudación por cerca de US$ 1.500 millones desde 2036 en adelante. Es decir, se necesita financiamiento para cerca de 1,5% del PIB. ¿Están los recursos?”, se preguntan.
La académica de la U. de los Andes e integrante de la mesa técnica de pensiones, Cecilia Cifuentes, enfatiza que el costo total de la reforma en régimen le pone más presión al rendimiento de la nueva ley tributaria: “Existen dudas muy válidas sobre esa estimación. Pienso que no va a recaudar lo que se espera. Esto significa que también existen dudas sobre el financiamiento de la reforma de pensiones”.
El investigador senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, pone el foco en el tratamiento del 1,5% de cotización destinado transitoriamente al FAPP hasta el 2044: “Este se transformaría en un pago a cargo del Estado, el cual se pagaría en el momento de pensionarse, cuyo tratamiento no es evidente en la contabilidad fiscal, ya que no se registraría como deuda bruta, sino un pasivo contingente”.
El decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, califica de “costosa” la reforma, ya que solo el aporte fiscal al FAPP, que se usará para pagar la garantía de UF 0,1 por año cotizado, es de US$ 1.000 millones a contar del año 12. Además de eso, se podrán utilizar hasta US$ 900 millones del Fondo de Reserva de Pensiones para hacer caja: “Por esto es tan relevante asegurarnos de que el préstamo sea sostenible fiscalmente”, enfatiza.
La economista de LyD, Ingrid Jones, señala que se debe agregar a la ecuación el “alto riesgo fiscal” que significa que el Estado sea garante de la devolución del préstamo a los trabajadores: “Estas cifras no se han dado a conocer por parte del Gobierno y son fundamentales por el impacto que tendrían en las finanzas públicas”.
Para el director alterno de Clapes UC y académico de la Escuela de Administración de la UC, Leonardo Hernández, cualquier brecha entre ingresos y gastos para el nuevo sistema será “muy difícil de cerrar si la economía sigue creciendo a tasas bajas, lo que también hará que sea difícil para los empleadores absorber la mayor cotización”.
Mientras que el economista senior de Bci Estudios, Juan Ángel San Martín, la reforma implica mayores presiones fiscales en el largo plazo: "En lo grueso, el mayor gasto que implica la reforma se materializará durante los próximos 20 años, lo cual debería ser compensado por la mayor recaudación, durante las próximas dos décadas, como consecuencia de los impactos positivos sobre el dinamismo económico".
