Mal ambiente: los conflictos que complican al Tribunal Ambiental de Santiago

Dos largas anotaciones hechas a mano con lápiz azul al final del acta de la sesión del 11 de abril pasado del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago dan cuenta de la complicada situación que vive la entidad.

Sus dos únicos ministros en funciones -Alejandro Ruiz y Felipe Sabando- rellenaron de manera inédita los espacios en blanco de ese documento usando frases como “el Ministro Presidente (s) interrumpe la presentación reiteradamente” o “el Ministro Sabando acusa enriquecimiento ilícto”.

Ninguno de los dos cruza palabra, el Tribunal lleva meses enteros sin sesionar y la Corte Suprema inició una investigación por presuntas irregularidades.

Esta semana varios funcionarios del Tribunal fueron citados a declarar por posibles faltas a la probidad; mientras en la justicia se tramita al menos una causa por maltrato laboral. Por si fuera poco, la Asociación Chilena de Seguridad inició un programa de vigilancia de riesgos sicosociales. “Es como si nos hubieran echado una maldición”, se queja un funcionario de la entidad.

Poco queda de esos días en que el Tribunal Ambiental de Santiago debutaba lleno de energías y promesas de resolver las controversias medioambientales entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule.

En el mundo legal y empresarial coinciden en que haber sido el primero de este tipo de tribunales en el país le pasó la cuenta y que, desde su inicio, las malas relaciones entre sus magistrados marcaron a la entidad.

La propia Corte Suprema, que es quien nombra a los cinco magistrados que integran la institución ( tres titulares y dos suplentes) ha sido consistentemente crítica con su actuación (ver entrevista). En todo caso, el máximo tribunal ha hecho reparos similares a los otros dos tribunales ambientales que hay en el país. Pero esta es la primera vez que todo llega tan lejos.

Las denuncias de los dos ministros -quienes escasamente asisten a las sesiones, mientras se acumulan las causas- motivó la apertura de la investigación especial.

“Por tratarse de un asunto que es visto por la Corte Suprema, el Tribunal no se pronunciará al respecto”, respondió el departamento de comunicaciones de la entidad tras ser consultado por Diario Financiero.

El caso es particularmente sensible en un año en que prácticamente la totalidad de la institucionalidad del país está volcada a mostrar esfuerzos en temas ambientales de cara a la COP25.

El tribunal en una sesión del 30 de mayo de este año. En la foto, aparecen los ministros Alejandro Rivera (Corte Suprema), Alejandro Ruiz y Felipe Sabando.

“Pido bajar el tono y un mínimo de respeto”

“El Ministro Presidente (s) interrumpe la presentación reiteradamente, para finalmente instruir al secretario abogado que omita el detalle de lo expuesto en cuanto a la cancelación de vacaciones … puesto que con anterioridad dichas cancelaciones fueron antesala de situaciones de maltrato y acoso laboral, tal como acreditó la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en dos ocasiones” escribió de su puño y letra el 11 de abril pasado al finalizar la Sesión Extraordinaria Nº 3 el ministro Felipe Sabando (Ingeniero civil, 41).

En la página siguiente de ese mismo documento, el propio presidente de la institución, Alejandro Ruiz (Abogado, 45) respondió en casi el doble de caracteres y también a mano alzada: “…el Ministro Sabando acusa “ENRIQUECIMIENTO ILICITO” por no hacer reemplazos automáticos, ya que hay formas que podían ser utilizadas con dicho objeto. Ante tan grave acusación, interrumpo y pido justificar los dichos, lo que es contestado con gritos y agresividad por el Ministro Sabando, que agregó que estaba totalmente en contra de como este ministro ha llevado la presidencia, a lo que pido bajar el tono y mantener un mínimo de respeto. Pero no se detuvo ahí, sino que vinculó la falta de reemplazos a casos pasados de acoso y maltrato, algo tremendamente sensible para el Tribunal”.

Bajo reserva de sus nombres, funcionarios de la entidad y ministros de la misma Corte Suprema sostienen que en esta guerra total, Ruiz y Sabando han terminado por dañar seriamente al Tribunal. El efecto que las acusaciones y denuncias mutuas ha tenido en la labor de la insitución es una de las conclusiones que deberá entregar la fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello, cuya investigación comenzó a principios de septiembre: en las últimas semanas al menos una decena de funcionarios de la institución ambiental han sido citados a declarar.

Falta de probidad, inasistencias reiteradas, licencias médicas fuera de los rangos normales, uso indiscriminado del estacionamiento institucional, pago de taxis y viáticos sin justificación son algunas de las acusaciones que Sabando y Ruiz se han lanzado, salpicando a la insitución. Ambos no se encontraban en Santiago esta semana.

Sin quórum para sesionar

“Se deja constancia que el Tribunal no sesionó ordinariamente por falta de quórum. Lo anterior por haber renunciado a sus cargos los ministros Asenjo e Insunza y no haber disponibilidad de subrogante a la fecha”. La frase, escrita y firmada por el secretario del Tribunal, Luis Prieto aparece en al menos 15 actas de la entidad de este año.

DF pudo comprobar que en 2019, el número de sesiones se ha reducido a más de la mitad. La última vez que los magistrados se reunieron fue el 4 de septiembre pasado, cuando además de Ruiz y Sabando participó el representante de la Corte de Apelaciones, Juan Cristóbal Mera. Ese día la tabla contempló las denuncias de acoso laboral y las solicitudes de la prensa.

Basta revisar las actas disponibles para comprobar que los temas administrativos y de relaciones personales ocupan parte importante del tiempo dedicado a las sesiones. Casi no hay acta sin referencia a algún problema interno.

Uno de éstos y que se falló el 9 de septiembre recién pasado en contra del Tribunal fue la querella del ex jefe de administración y presupuesto, Domingo Molina Valenzuela. El profesional acudió ante el Primer Juzgado Laboral, acusando vulneraciones graves en su despido y ahora recibirá unos $ 25 millones en indemnizaciones. Se prevé que el caso sea apelado.

En sus descargos, Molina responsabilizó a Alejandro Ruiz de haber causado que las relaciones personales al interior del Tribunal “comenzaran a sufrir un deterioro paulatino y grave”. Pero éste a su vez lo acusó de haber intentado llevarse información sensible de la repartición. Hoy, esa arista está siendo investigada como un supuesto sabotaje informático por el fiscal Jaime Retamal Herrera de la Fiscalía Centro Norte.

La indagatoria sigue abierta, se incautaron computadores, teléfonos y hubo diligencias en la sede de Netgroup, proveedor de sistemas del Tribunal.

Bajo vigilancia de la ACHS

Fue el alto porcentaje de licencias médicas asociadas a estrés lo que llamó la atención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Por ello, hace algunas semanas comenzó a aplicar un programa de vigilancia de riesgos sicosociales en el tribunal, con el fin de detectar las razones del problema y sus soluciones.

Pero insumos no le faltan. La funcionaria Natalia Alfieri acusó a la exministra Ximena Insunza de maltrato y el ministro Sabando acudió a la ACHS indicando que su salud y la de los demás funcionarios también estaría en riesgo.

Diversas fuentes consultadas apuntan a la poca estabilidad en la conformación del tribunal como el origen de los problemas. En los 7 años de existencia del tribunal, sólo en el equivalente a tres, ha estado con el 100% de sus miembros.

Uno de los casos “emblemáticos” que han sido relatados a la fiscal Lya Cabello sobre el efecto de las peleas internas es el recurso de casación presentado por la Compañía Contractual Minera Candelaria en contra de una sentencia de 2018 del tribunal. La Tercera Sala de la Corte Suprema consideró legítimo el planteamiento de la firma, porque la decisión final se tomó estando ausente, Rafael Asenjo uno de los ministros que analizó el caso y después renunció a la entidad en medio de los conflictos.

Además de Asenjo, se fueron Insunza y Juan Escudero, quien en todo caso debía dejar el cargo porque estaba en la edad límite.

Hoy, en las oficinas del Tribunal solo se espera a que en las próximas semanas asuma como presidente, el actual ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental (Antofagasta) Cristián Delpiano. Su llegada puede cambiar el clima interno.

Ministro visitador Jorge Dahm:
"Un tribunal sin pegas es una fuente de problemas"

"Si bien existen algunos rezagos, el tribunal se encuentra operando en términos tales que, a pesar de la falta de ministros titulares y suplentes está en condiciones de normalizar su gestión, lo que debería ocurrir durante el primer semestre de 2019. Los aspectos referidos al clima laboral, y que también fueron levantados en el acta de la visita anterior, ha sido debidamente abordados y se encuentran esencialmente superados, tomándose medidas para evitar su reiteración". Así concluía el 25 de marzo pasado su informe al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el ministro Jorge Dahm, quien fue encomendado por el máximo tribunal para visitar el Tribunal Ambiental.
"Yo fui visitador con una realidad en que había un tremendo problema interno de funcionamiento y había un atraso pero se trabajó, no fue fácil... y se logró el objetivo: que las causas se fallen", dice el magistrado, quien aclara que la Corte no ha intervenido formalmente al Tribunal Ambiental de Santiago.
-¿Le preocupa la calidad de los fallos?
- A mí eso siempre me va a preocupar pero, el tribunal es libre de decidir.
-¿Y el clima laboral?
-La realidad del tribunal hoy en día es totalmente distinta. Cambiaron las personas y el conflicto es un conflicto interno de convivencia... no saben convivir no más, así de simple.
-¿Y por qué no saben convivir?
- Es mi teoría. Los tribunales ambientales no tienen una tradición de origen...me explico...yo soy juez y lo he sido toda mi vida; entonces yo estoy acostumbrado a trabajar con más personas que disienten y a veces se discute apasionadamente, pero no perdemos de vista el aspecto profesional, un respeto interno mutuo que se genera por los años, es la tradición, lamentablemente los tribunales ambientales no tienen eso porque no son jueces "de carrera"
-En todo caso, independiente de Santiago, en los demás tribunales el número de causas también es bastante bajo-
-Los temas ambientales no son fáciles, pero al mismo tiempo tienen una carga de trabajo totalmente manejable.
-¿Habría que reformar el sistema?
-Si queremos cambiar el sistema tenemos que empezar a plantear todo de nuevo.
Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, pero hay que ponerle ganas y para eso los Tribunales tienen todos los medios. Tiene tres ministros titulares y dos suplentes a los que les paga medio sueldo ¿para que hagan qué?. Nadie sabe por qué....si están los tres titulares ...no entra nunca un suplente. Entonces, tienen un profesional de primera línea, para la banca como se dice en términos futbolísticos y según mi experiencia un tribunal sin pega es una fuente de problemas.
-¿La demora que hubo en la conformación de los Tribunales, tiene algo que ver?
- Al nombrar un juez ambiental que tiene que pasar por el Senado, ahí ya se enredó la cosa; porque obviamente que el gobierno quiere que su candidato sea aprobado y entonces empieza con el sondeo previo y esto se puede demorar años .
-Entonces, ¿el sistema necesita ajustes?
-Que estos tribunales no pertenezcan al Poder Judicial es un error gigantesco. Yo buscaría una forma de reincorporarlos en el sistema del Poder Judicial .