El otro efecto de la investigación de la FNE a los casinos: accionistas de Marina del Sol llevan sus diferencias a un arbitraje en el CAM

En medio de la investigación por una posible colusión de los casinos en la última licitación, una disputa se fraguó entre los socios de Marina del Sol que terminó por romper una relación de 15 años: el empresario Nicolás Imschenetzky, dueño del 50% de la compañía a través de Inversiones Valmar e Ilsa, activó una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), en contra de Clairvest Chile S.A por incumplimiento del pacto de accionistas.

Los problemas entre las partes se iniciaron en agosto de 2022 tras el allanamiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a las casas del presidente de Enjoy, Henry Comber, el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, en el marco de la investigación tras una denuncia anónima por una presunta colusión.

“Toda persona que actúe como el señor Dhonte se hace responsable ante la empresa (y sus accionistas) de los daños y perjuicios que cause por rebelión ilegal contra los acuerdos del directorio”, se indica en el correo que envió Imschenetzky a sus socios.

Unas semanas más tarde, el entonces gerente general de Marina del Sol, Juan Francisco Muñoz, pidió al socio de Contreras Velozo (Covel), Javier Velozo elaborar un informe interno para evaluar la situación de la compañía, con el fin de determinar si acogerse o no a los beneficios de la delación compensada. El documento -revelado la semana pasada por este medio- fue definitivo: recomendó iniciar los trámites para autodenunciarse, cuyo plazo final quedó para el 23 de diciembre.

Los problemas internos

Según los informes publicados en el 1er Juzgado del Laboral de Santiago en el marco de la demanda por despido injustificado del propio Francisco Muñoz contra Marina del Sol, a partir de octubre hay evidencia de las fricciones entre el empresario chileno y los canadienses que son representados en el directorio por Sebastien Dhonte y Michael Wagman, quien además es presidente de la gestora norteamericana.

En esa fecha, Imschenetzky pidió una segunda opinión legal a Rodrigo Díaz de Valdés -partner de Baker McKenzie- sobre acogerse al programa de delación compensada de la FNE, quien respaldó a Velozo en sus conclusiones.

Sin embargo, en noviembre los directores de Clairvest enviaron una carta Díaz de Valdés, cuestionando su asesoría legal, pues “nunca fueron consultados sobre tal decisión”. Frente a esta misiva, el abogado le escribe a Muñoz: “los firmantes de la carta sostienen que la opinión jurídica contribuye a una ‘narrativa falsa’ ya que ‘tergiversa gravemente las conclusiones del Informe Covel’ al afirmar que los señores Wagman y Dhonte tenían conocimiento de las conversaciones entre el Sr. Nicolás Imschenetzky y el gerente general de Dreams, y por alegando que había mensajes de WhatsApp que implicaban a estos directores”.

Aun así, Díaz de Valdés explica que: “el hecho de que dos directores no estén de acuerdo con su contenido no es suficiente para hacerlo ineficaz”, y pide a Marina del Sol aclarar las razones.

En diciembre, las diferencias escalaron luego que Imschenetzky acusara a través de una cadena de correos a Sebastien Dhonte de “rebelión ilegal” en contra del directorio de Marina del Sol.

“Toda persona que actúe como el señor Dhonte se hace responsable ante la empresa (y sus accionistas) de los daños y perjuicios que cause por rebelión ilegal contra los acuerdos del directorio”, fue el correo que envió el empresario penquista. A su juicio, los canadienses habrían nombrado a Muñoz como gerente general sin consultar a Valmar e Ilsa, con quienes habría pactado que antes de designarlo era necesario “observar su desempeño funcionario previamente, como ‘director ejecutivo’”.

Según el pacto de accionistas de Marina del Sol que data de 2008, cuando un socio ofendido activa un arbitraje, se abre un período de 45 días para resolver la disputa “de buena fe”. Si esos acercamientos fracasan, cada parte nombra a un árbitro de derecho y entre los dos designan un tercero. En concreto, de llegar hasta las últimas consecuencias quien pierda el juicio podrá solicitar que se vendan las acciones de la sociedad, con un descuento del 20% de la propiedad. Un proceso así podría durar 24 meses.