Gobierno envió al Congreso reforma de fondo al transporte público

El Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto de ley que busca introducir cambios y mejoras relevantes al actual sistema de transporte público de Santiago.

La iniciativa –que modifica y complementa el artículo 3º de la Ley 18.696- considera una reformulación total de la forma en que hasta hoy el Estado se interrelacionaba con las empresas operadoras del Transantiago, equilibrando la cancha en favor del usuario.

En ese contexto, el proyecto entrega poderes al Estado para asegurar el cumplimiento de los servicios por parte de los operadores y de este modo resguardar a los usuarios en casos de incumplimiento.

Uno de los artículos de la iniciativa establece que el "transporte nacional remunerado de pasajeros prestado en el marco de un contrato de concesión, tendrá por finalidad satisfacer el interés público y deberá propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad".

La norma autoriza al Estado para instalar un administrador provisional a un operador en caso de caducidad o quiebra y nuevos causales de término en los contratos de concesión.

En la actualidad en estas situaciones el Estado tiene que esperar 45 días para poder nombrar un administrador provisional que se haga cargo de los buses, lo que pone en serios riesgos la continuidad del servicio al usuario.

Además, la nueva ley da atribuciones para que el Ministerio, a través de la Coordinación de Transantiago, pueda velar que las empresas operadoras  sean financieramente sanas y estableciendo un sistema de alerta temprana, en caso de incumplimiento de sus diversas obligaciones.

Según la nueva normativa, "el contrato de concesión garantizará continuidad, permanencia y seguridad de los servicios complementarios necesarios para cumplir con dicha finalidad, conforme a las bases de licitación respectivas".

Con ello, las bases de licitación deberán contener causales de modificación unilateral de los contratos de concesión por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tengan por objeto garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio de transporte.


Aumento de las multas


Igualmente, en uno de sus aspectos más relevantes, el proyecto de ley endurece las multas a los operadores en caso de incumplimientos en la buena prestación del servicio.

Para eso, uno de sus artículos establece la "obligación de informar por parte de los concesionarios y de su fiscalización",  lo que permitirá que la posibilidad de requerir informes e inspeccionar las instalaciones y  vehículos  que comprende el servicio, revisar y exigir información contable, creando multas que alcanzan las 200 UTM, por cada incumplimiento que se verifique y por cada día de atraso.

En la misma línea, para garantizar la prestación de servicio y locomoción a los usuarios, otro de los artículos considera la "regulación del mutuo acuerdo como causal del término". Con esto, el concesionario estará obligado a mantener la prestación del servicio por un periodo no inferior a seis meses desde la fecha en que la resolución que le pone término esté totalmente tramitada.

"Todas las modificaciones que estamos ingresando van en directo beneficio de los millones de usuarios que hoy no reciben un servicio de transporte público de calidad como se merecen", señaló Felipe Morandé.

A este proyecto, el Gobierno sumará otra iniciativa que enviará en los próximos días y que busca terminar con las alzas de tarifas a los usuarios, que regula un panel de expertos autónomo.