Luis Cordero, socio de FerradaNehme y excoordinador de la Reforma Institucional Ambiental analiza la situación del Tribunal Ambiental de Santiago y los eventuales riesgos que hay a raíz de la llamativa salida de dos de sus integrantes y las disputas internas que revelaron.
-¿Cómo ha visto la instalación y funcionamiento del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago? ¿Qué importancia tiene dentro de la reforma ambiental que impulsó su creación?
-El Tribunal Ambiental de Santiago ha sido bien determinante porque fue el primero que se instaló, donde se realizó el primer concurso para el nombramiento de los jueces, donde postularon los más destacados especialistas del derecho ambiental, es decir, generó muchísimas expectativas. Además, el proceso fue bien adecuado. La presidencia de José Ignacio Vásquez y el nombramiento de Rafael Asenjo le dieron cierto seniority a la instalación y, mirado desde la perspectiva administrativa, fue muy positivo, porque se instalaron adecuadas prácticas de funcionamiento y criterios de operación.
Desde el punto de vista jurisdiccional, esa primera etapa fue muy relevante, se definieron los criterios y estándares sobre los cuales se iban a decidir los casos, se iba a controlar a la Superintendencia de Medio Ambiente, se iban a controlar los expedientes de Calificación Ambiental. Se fue progresivamente percibiendo que se estaba frente a un tribunal técnico, que actuaba con dedicación y densidad relevante. Santiago fue revisado por la Suprema desde el punto de vista de los recursos, donde en la mayoría de los casos los ha confirmado, siempre en un diálogo jurídico de alto nivel.
-¿Cómo se interpreta la salida de dos ministros del Tribunal Ambiental de Santiago? ¿Qué tan grave parece ser la crisis?
-La renuncia de Asenjo es una mala noticia porque lo que él implicó y representa en el Tribunal Ambiental y en la historia del derecho ambiental en Chile, como uno de los responsables de la Ley de Bases de Medio Ambiente, entre otras cosas. Su renuncia es mala noticia, aunque le quedaba poco tiempo (hasta diciembre) y supone la decisión de no postular para un nuevo período.
En el caso de Ximena Insunza también es mala noticia porque es una destacada académica y era de las ministras suplemente más respetadas en el medio porque había asumido, con las intermitencias de los nombramientos, muchas responsabilidades, lo que se demuestra en que es la Ministra que más fallos ha redactado. Son dos renuncias lamentables desde el punto de vista técnico y queda Juan Escudero, que es el ministro suplemente técnico, que mantiene también la historia institucional, pero le queda poco tiempo. Las historias institucionales, sobre todo si han sido exitosas desde el inicio, es conveniente que permanezcan en el tiempo.
-¿Cuál es el riesgo que genera la salida de estos dos ministros de cara a los casos?
-La principal preocupación es que el tribunal no descapitalice lo que se ha logrado en todos estos años. Las renuncias ya están, para el sistema es lamentable, pero dada la respetabilidad que se ganó el Tribunal Ambiental de Santiago, lo relevante es tener conciencia de cómo lograron ese respeto y tratar de no perder todo el capital que se construyó. La discusión que tenemos hoy en día, tanto en temas de sanciones, como de evaluación de impacto ambiental, es sustancialmente distinta a la que podíamos tener hace ocho años desde un punto de vista técnico y en buena parte quienes han contribuido a eso son los Tribunales Ambientales, especialmente Santiago.
-¿Hay riesgo de que al irse estas personas y que queden los más nuevos, se pierda?
-Existe ese riesgo, pero las instituciones logran peso propio. El Tribunal Ambiental de Santiago tiene ese peso. Lo relevante es que el proceso de renovación que viene permita mantener la continuidad. Lo que se debe evitar es que el proceso de renovación de ministros sea muy lento, eso sería especialmente perjudicial. Y en esto hemos tenido conflictos –no solo en Santiago-, que el sistema institucional demora muchísimo y eso puede perjudicar la operación, pero eso no depende del Tribunal de Santiago.
-En general los Tribunales Ambientales han mostrado problemas para su instalación y reemplazo de ministros, sumado a esta crisis, ¿es momento de pensar en un ajuste al sistema?
-Lo que suele pasar es que todo el mundo critica los sistemas de nombramiento, pero la pregunta es por qué llegamos a un sistema donde participa el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Congreso.
Existe una crítica instalada en que el sistema de nombramiento es engorroso y creo que esa crítica es correcta, pero ¿cuál es el sustituto si ninguno de los incumbentes quiere salir? Incluso es tan largo el proceso que puede llevar a que algunos en el camino se desistan. Tenemos un problema en la dilación del sistema de nombramientos y, probablemente, esto reabrirá una discusión sobre el modelo de tribunales.
La Corte puede decir que se demora poco y eso es cierto. Los retrasos están en la negociación entre Presidencia y el Senado. No veo una reforma posible si no hay un protagonista que esté dispuesto a renunciar.
Por eso, siendo una situación probable que nadie quiera salir, lo sensato sería que existiera un compromiso institucional de proveer estos nombramientos de un modo expedito, porque lo que está en juego es el funcionamiento de los tribunales.
-¿Se debe incluir en la reforma al SEIA?
-Inevitablemente se va a abrir discusión sobre este punto. El proyecto que ingrese el gobierno va a forzar una discusión sobre nombramiento y atribuciones de los Tribunales Ambientales.
-¿Cuánto pesa el tema político hoy en las nominaciones? Asenjo y Ruiz fueron parte probablemente de un acuerdo político...
-Uno tiene que distinguir a los jueces de los acuerdos que se llegan sobre sus nombramientos. Las personas que han llegado a Tribunales Ambientales son todas calificadas. Acá hay un sistema donde los jueces son especialistas y el sistema se ha construido sobre esa idea. Es un error sostener que ellos son una especie de cartas marcadas. La práctica ha demostrado que un juez nombrado con un perfil de derecha no va a votar como un político de derecha. En los temas de regulación ambiental, la relación derecha-izquierda no es tan evidente. Hay temas transversales y criterios técnicos, independiente de la sensibilidad política de cómo voten en una elección presidencial o parlamentaria.
-¿Qué rol juega la Suprema en todo esto, especialmente por lo crítico que fueron con la creación de estos tribunales? ¿Se les da la razón con todo esto?
-La Corte Suprema entiende que cumple un rol determinante en la coordinación del sistema de impugnaciones de temas sensibles de regulaciones públicas, como la económica o ambiental. Los debates complejos llegan a un solo lugar y una sola sala: la Tercera. La Suprema tiene –con independencia de su opinión en el diseño de tribunales- un rol de coordinación porque tiene la última palabra y ella se encarga de hacer notar ese rol. Los Tribunales Ambientales han pasado con bastante éxito el test de la Suprema, que es el mismo que pasa el TDLC cada cierto tiempo. Todo esto, de todos modos, puede reactivar la crítica que tienen sobre el diseño de tribunales especiales al margen del Poder Judicial, y que va más allá de los Tribunales Ambientales.
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