UDI anuncia acusación constitucional contra la ministra de Justicia por polémica sobre indultos

La decisión del presidente Gabriel Boric de indultar a 10 condenados por su participación en los hechos de violencia de octubre de 2019 y al exfrentista Jorge Mateluna y sus posteriores efectos, como el intercambio entre los poderes Ejecutivo y Judicial, siguieron escalando en el mundo político y, particularmente, en el Congreso, donde las muestras de desacuerdo con la postura del mandatario fueron especialmente fuertes en la oposición.

Al punto que esta tarde de martes, el jefe de la bancada de la UDI Jorge Alessandri anunció la decisión de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, “por eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley, en el otorgamiento de beneficios carcelarios”.

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El parlamentario, señaló que además la bancada gremialista recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) y al Consejo para la Transparencia (CPLT) para que se liberen los decretos que respaldan los indultos y “toda la ciudadanía pueda conocer su contenido”, pues desde el punto de vista de los diputados gremialistas “la reserva del decreto infringe los deberes de publicidad y transparencia exigibles a todos los organismo públicos”.

Alessandri advierte que si los fundamentos “se llegan a  acercar” a las declaraciones que ha hecho el presidente Boric “nos encontramos frente a una clara intromisión en las atribuciones que son exclusivas del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia”.

Unas horas antes, cuando la acusación era solo un rumor en el Congreso, la ministra del Interior Carolina Tohá fue consultada al respecto y señaló que sería "muy mal precedente" que se mantenga el mismo estilo de recurrir a las acusaciones constitucionales, impulsadas en la administración anterior por fuerzas que ahora están en el Gobierno, como instrumento político; y que "esperamos que no se persista en el error". En todo caso, según la titular de Interior, "sería bien difícil explicar que se está vulnerando la Constitución por hacer uso de una atribución constitucional de la que todos los presidentes han hecho uso".

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