Con algunos tropiezos ha marchado la agenda de probidad y transparencia impulsada por el gobierno, que se elaboró tras las recomendaciones de la comisión Engel. Pese al consenso inicial que existía en la clase política respecto a que se debía avanzar con celeridad en un nuevo sistema que regule la política y los negocios -con duras sanciones a quienes infrinjan las nuevas normas-, a medida que se han ido conociendo detalles de los, hasta ahora, seis proyectos que se tramitan en el Congreso con discusión inmediata se han develado algunas diferencias en varios aspectos, uno de ellos, por ejemplo, en torno a la nueva ley de partidos políticos.
Este escenario fue uno de los temas abordados en el tradicional comité político de los lunes, en donde algunos timoneles plantearon al gobierno que debe mejorar la gestión de la tramitación de dicha agenda que hace semanas está bajo una dedicación casi exclusiva del ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, consideró necesario ordenar la discusión y acelerar la aprobación de una de las prioridades legislativas centrales trazadas por la presidenta Bachelet: "Ojalá la agenda de probidad sea gestionada de mejor manera y se pueda terminar con todos los proyectos que están saliendo. Se debe gestionar mejor los compromisos que hasta ahora se han abordado", expresó.
Así también, el jefe de bancada del PPD, diputado Jorge Tarud. expresó que "esta agenda debería tener un mayor grado de urgencia, pues su tramitación ha estado un tanto lenta. Se le debiera poner más fuerza a la marcha de los proyectos".
Decidor, en este contexto, fue la fracasada citación ayer de la comisión mixta que revisa el proyecto de función pública por falta de quórum.
Desde La Moneda, el portavoz, Marcelo Díaz, señaló que se está trabajando con celeridad bajo el compromiso de cambiar el sistema con duras regulaciones: "Que las sanciones sean más elevadas, ese es un compromiso del gobierno, para cambiar las reglas del juego. Y en eso hemos invitado a todos los actores para ser parte de ese esfuerzo. Como ha dicho el presidente del Senado, tienen que ser medidas que duelan. Tiene que haber cambio sustancial para que sanciones sean fuertes y efectivas".
A estas críticas esbozadas ayer en el comité también se han sumado algunas voces de la comisión Engel, quienes han señalado que muchas de sus recomendaciones no han recogido el espíritu del informe que se le entregó a la jefa de Estado.
Urgencia a otro proyecto
El presidente del Senado, Patricio Walker, solicitó en la reunión que el gobierno otorgue urgencia al proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso, y que establece doce medidas en materia de probidad y transparencia.
Ello se pidió, según el parlamentario, en respuesta a las críticas en torno al compromiso que existe para sacar adelante la agenda. Desde la Segpres valoraron la intensión de la Cámara y que dicha urgencia se revisará una vez que se dé cuenta del proyecto.
ChileTransparente se suma a las críticas al gobierno por manejo en temas de probidad
Chile Transparente se sumó ayer a las críticas a la agenda en materia de probidad y transparencia que impulsa el gobierno. En el marco de un seminario organizado por la Fundación Chile 21, el hoy presidente de la entidad y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza acusó que pese a la gran cantidad de anuncios que se hicieron a partir del trabajo realizado por la comisión Engel, ha habido una cierta "relativización de todos los puntos en los proyectos que se presentan, además de un trámite precario y con demoras significativas", toda vez que se espera que buena parte de las nuevas normas esté aprobada para las municipales de 2016.
En lo medular el ex ministro de Estado, echó de menos que en las normas vinculadas a los partidos políticos, por ejemplo, dichas entidades no sean sometidas a la actual Ley de Transparencia.
"Lo que falta es declarar a los partidos políticos como instituciones sometidas a la Ley de Transparencia como cualquier otra institución pública. Si se dice que esto es para fortalecer el rol público de los partidos, los partidos deberían están en la Ley de Transparencia. De aprobarse la ley como está y eximir a los partidos políticos de las leyes que rigen la función pública, en realidad, estaríamos no legislando sobre el tema", expuso.
De avanzarse en esa línea, agregó el "panzer", permitiría que los partidos puedan hacer una rendición de cuentas más acuciosa o se obligaría a que sus principales dirigentes deban entregar su declaración de patrimonio al asumir y de dejar sus cargos, entre otras responsabilidades.
Y aunque Insulza desdramatizó el reclamo de las tiendas políticas por la complejidad de reinscribir a su militancia -señalando que "era algo incumplible desde un principio" y algo "difícil de cumplir"-, acusó que otro de los puntos importantes a resolver es el tema de la democracia interna de las colectividades.
En lo que respecta a otros aspectos de la agenda de probidad y transparencia, como es la norma que fortalece el Servicio Electoral (Servel), el presidente de Chile Transparente fue igual de crítico, advirtiendo que al organismo se le están entregando una serie de atribuciones sin que sepa si tendrán los recursos para ejercer esas funciones.
"Una cosa que siempre nos pasa en este país, se dictan una cantidad de normas para desarrollar un cierto sector y se le entrega el control, la vigilancia a un servicio cuyos recursos no son aumentados", sostuvo. Y agregó: "Un problema que tiene esta ley, es que en la mayor parte de las cosas entrega el control al Servel, como debería ser, incluso en algunas cosas de manera irreal, por ejemplo la propaganda".
Así, sentenció, "me parece eso exagerado, supongo que será un Servel mucho más grande que el que tenemos ahora, no imagino en la elección de alcalde de Yumbel al Servel controlando si la actividad electoral está siendo dentro del marco del gasto que tiene que realizarse".