Cuando el martes asumió su cargo, el nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, marcó su impronta. En su discurso optó por centrarse en la necesidad de que el Ministerio Público se aboque a responder al reclamo de una mayor seguridad ciudadana, sin hacer ni una sola alusión a los bullados casos de las investigaciones de las platas políticas que marcaron la última etapa de su antecesor Sabas Chahuán.
Con ello, Abbott confirmó la línea que había esbozado desde que decidió postular al cargo, en cuanto a que el principal desafío de su gestión será la persecución de los delitos de connotación social que quedan impunes, estableciendo así un contraste con los énfasis puestos por Chahuán.
Prueba de ello es que en la memoria pública de este último sobre su período, uno de los párrafos destacados fue que había perseguido al máximo a los delincuentes de cuello y corbata, enfatizando además, que uno de los pilares estratégicos de su mandato fue el combate a los hechos de corrupción.
El interés del fiscal entrante, en cambio, parece nítidamente ser otro, lo que no significa que ignore la importancia de la tarea del Ministerio Público en los casos que han escandalizado en el último tiempo, como Penta, SQM y Corpesca, especialmente en su arista política.
Pero a juzgar tanto por sus dichos, como por lo que indican quienes conocen su forma de actuar, lo que asoma como una realidad es que le impondrá a la Fiscalía un sello distinto al que le imprimió Chahuán.
Estilo prudente
Con un reconocido estilo menos temerario que su antecesor, tanto desde el mundo judicial, como entre los políticos, apuntan a que Abbott actuará en estos casos con más prudencia y moderación, de lo que ha dado cuenta en las distintas intervenciones que ha tenido desde que fue nominado por la presidenta Michelle Bachelet para que el Senado lo aprobara como el nuevo fiscal nacional.
Fue así como en su exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, una de las afirmaciones que más llamó la atención fue cuando manifestó que una de las grandes deudas del sistema procesal actualmente, es que no se valora la presunción de inocencia, reconociendo que basta que una persona sea citada a declarar para que se entienda que está implicada en un delito por lo que se le adjudican responsabilidades que no corresponden.
En esa misma línea, Abbott también planteó su inquietud frente a las formalizaciones, al manifestar que aun cuando se trata de una garantía para las personas que están siendo investigadas, no se entiende de esa manera, sino como una declaración de culpabilidad, indicando que en ese sentido los fiscales deben tener más precaución.
La interpretación frente a tales planteamientos, apuntan a que el nuevo fiscal nacional tiene una mirada crítica tanto a la manera mediática con que se hacen algunas diligencias, como al apresuramiento con que se formaliza a algunos imputados. De hecho, quienes lo conocen aseguran que él ha manifestado que le preocupa afectar la imagen de personas públicas en situaciones en que pueden terminar siendo inocentes o responsables de irregularidades que ni siquiera son delitos, lo que hace presumir que bajo su mandato se actuará con más cautela frente a citaciones o formalizaciones que tiendan a escandalizar.
Con esa prudencia que al parecer quiere imprimir a su gestión, probablemente Abbott resulte menos incómodo que Chahuán para la clase política, lo que no implica sin embargo, que desestime o que tenga temor a enfrentarla, como lo hizo cuando siendo fiscal regional de Valparaíso - pese a la defensa corporativa que hizo la Cámara en su momento- investigó las irregularidades de las asignaciones parlamentarias de diputados de todos los sectores, que terminaron con la condena del ex RN Maximiano Errázuriz.
Lo que se espera
Con su actuación en ese caso, el actual fiscal nacional mostró su forma de actuar frente a los políticos, que es la que muchos suponen que podría tener ahora cuando la expectación está centrada en aquellas investigaciones pendientes en que aparecen comprometidos distintos personeros de todo el espectro.
Un factor que él mismo destacó ante los senadores, especialmente frente a la crítica de la UDI que reiteradamente acusó a Chahuán de trato discriminatorio, es que tal como lo hizo con el tema de las asignaciones, tendrá igualdad de trato con quienes aparezcan implicados, sugiriendo que no importará el sector político al que pertenezcan.
Como Abbott se inhabilitó para continuar a cargo del caso Penta por su relación familiar con Alfredo Moreno, presidente del grupo empresarial, muchos sostienen que en dicha investigación que se le asignó al fiscal Manuel Guerra, podría notarse su mano básicamente en contener el estilo mediático de Carlos Gajardo que sigue a cargo de las pesquisas junto a Pablo Norambuena, considerando que en lo relacionado con las sanciones a los políticos por las boletas falsas no será de su competencia directa, lo que en todo caso estaría encaminado a legar a acuerdos sin condena, pero con reparación, o a lo más a juicios abreviados como ocurrió con Jovino Novoa.
Más perceptible será la mano de Abbott en los otros casos que, al menos por ahora, quedaron a su cargo, como SQM y Corpesca. En este último parece más claro que se siga la persecución penal contra el senador UDI Jaime Orpis, por la serie de delitos que se le imputan, situación que es distinta en lo concerniente a SQM que es el caso políticamente más complejo, desde el momento en que aparecen implicados distintos personeros del oficialismo como el ex ministro Rodrigo Peñailillo, por el financiamiento de la llamada pre campaña de Bachelet, más algunos parlamentarios, aparte de otras figuras destacadas como Marco Enriquez-Ominami.
Como el mismo Fiscal Nacional ha dicho que se deberá actuar de la misma forma que en el caso Penta, e incluso manifestando que no debe haber sectores que tengan privilegio de ninguna naturaleza, porque lo que se aplican son valores y el principio básico de igualdad ante la ley, muchos estiman que en este caso dará la prueba de su compromiso de trato igualitario con los implicados.
Bajar expectativas
Con todo, pese a esa garantía, si se tiene en cuenta el criterio que el propio Abbott ha fijado en respecto a que aun cuando existe jurisprudencia en contrario, no debe haber acción penal sin querella o demanda del SII, lo probable es que no emprenda acciones penales en contra de gran parte de quienes recibieron financiamiento de SQM, porque el SII ha actuado sólo contra unos pocos como el recaudador Giorgio Martelli o el ex asesor de ME-O, Cristián Warner.
Pero ello no implica que no continuará con las investigaciones, citando a declarar a quienes tienen boletas presumiblemente falsas, o tomando declaración a quienes ya están citados, donde asoma como un caso especial el del líder del PRO, porque a pesar de que no hay acción en su contra por parte del SII, existen pruebas que complicarían su situación, como los correos que dan cuenta de que posiblemente los dineros de SQM eran para financiar sus campañas.
Tomando sus propios dichos relacionados con su inquietud por la presunción de inocencia, lo más probable es que en todo caso Abbott se cuide que las diligencias que realice no tengan un impacto mediático que puede afectar a los implicados más allá de lo que corresponde.
Como sea, para tratar de entender la forma en que actuará, en distintos sectores consideraron importante su declaración el día que asumió en cuanto a que el caso de Jovino Novoa sentaba un precedente para decisiones futuras del Ministerio Público.
La interpretación de esos dichos, ha sido que la decisión de ir a juicio abreviado es lo máximo que podría buscarse a partir de ahora para los casos de las platas políticas, considerando que Chahuán lo aceptó en el caso de Novoa, para no arriesgarse a llegar a un juicio oral en que la fiscalía no quedara expuesta a no tener las pruebas suficientes para una condena, que es lo que temen que pueda pasar en gran parte de las situaciones en que se entregaron boletas ideológicamente falsas.
En ese cuadro, todo indicaría que el estilo Abbott será más cauteloso, e incluso que tal como lo hizo en el caso de las asignaciones parlamentarias con la diputada UDI, Claudia Nogueira, podría intentar llegar a acuerdos sin condena, pero con reparación, aplicando la figura de la suspensión condicional que es a la que se acude en casos considerados menos graves.
Por lo que indican tanto en esferas judiciales como en el mundo político, al final el gran desafío del nuevo fiscal nacional en el complejo tema de las platas políticas, será cómo bajar las expectativas que se crearon de que se trataba de delitos graves, en circunstancias que en muchos casos sólo son prácticas irregulares que merecen sanciones menores, para lo que deberá cuidarse de que no quede la sensación de que por tratarse de políticos, se está actuando con impunidad.
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