Cuando aun resonaba el eco de la derrota sufrida en el Senado tras el rechazo a Enrique Rajevic como contralor, la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el nombre que escogió para fiscal nacional, el que debe ser ratificado también por la Cámara Alta.
Con ese anticipado fracaso, todo indicaba que la decisión de la mandataria en esta oportunidad sería elegir a aquel candidato que generara más consenso entre los senadores, teniendo en cuenta que requiere contar con el voto de 2/3 para que sea aprobado.
Pero la decisión final de Bachelet por Jorge Abbott, aun cuando la tomó luego de realizar sondeos entre los parlamentarios, desestimó nominar a quién era el predilecto de éstos, como José Morales, o bien a Raúl Guzmán, optando por quien ella estimó que era el más idóneo para el cargo al margen de la preferencia de los senadores.
Tras el episodio del contralor, muchos parlamentarios de todos los sectores apuntaron a la necesidad de que para el caso del fiscal nacional el gobierno diera muestras de que había aprendido la lección, pero luego de enterarse que el elegido había sido Abbott, no pocos reconocieron que la ratificación por parte del Senado podría encontrar al menos resistencia, lo que podría exponer al gobierno a otro traspié.
Desde La Moneda, en todo caso, desestiman que ello ocurra, al indicar que aunque no sea el nombre por el que se inclinaban los senadores, en los últimos días fue planteado como una opción que aun sin entusiasmar, fue acogida por representantes de todos los partidos.
En esa línea se indica que de ningua manera se estaría repitiendo el error cometido con el contralor, pero el hecho de que finalmente pueda ser aceptado, no quiere decir que la determinación de Bachelet fuera tomada con la conformidad de todos los senadores. Por el contrario, como apuntan quienes conocen la forma de actuar de la Presidenta, al elegir a Abbott intentó dar una muestra de autonomía frente a los parlamentarios, en una nominación que aun cuando los afecte, es de competencia de ella.
Dilema presidencial
No era fácil la decisión que debía adoptar la Presidenta al tener que elegir el nombre para encabezar el Ministerio Público entre aquellos integrantes de la quina que le presentó la Corte Suprema. Porque a diferencia de lo ocurrido en 2007, cuando ella misma eligió a Sabas Chahuán, en esta oportunidad la elección de su sucesor estaba marcada por los casos que comprometen a distintos políticos por el financiamiento irregular de las campañas, como además por el que afecta a su propio hijo, Sebastián Dávalos.
De hecho, el primer apuro que enfrentó la mandataria fue que apareciera en la quina el fiscal Luis Toledo que dirigió las pesquisas del caso Caval, nombre que fue descartado por estimarse que su nominación se podía malinterpretar, con lo que su decisión quedó reducida a los otros cuatro.
Como era sabido, el candidato del gobierno, en particular del ministro del Interior, Jorge Burgos, como de su par de Justicia, Javiera Blanco, era el decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, a quien incluso ellos le pidieron que se presentara, pero su nombre tampoco prosperó. Ello se habría debido según algunos parlamentarios que participaron en los sondeos, a que se estimó preferible optar por alguno de los candidatos internos, básicamente para impedir que se interpretara que nominando a uno externo se pretendiera intervenir a la fiscalía como consecuencia de los conflictos que existen en su interior.
En ese cuadro, la decisión de la Presidenta quedó restringida a los otros tres postulantes de la quina, frente a lo cual se le planteó el dilema de irse por el camino más fácil que era nominar al candidato de los senadores, o inclinarse por quién ella estimaba el más adecuado, al margen de la opinión general de los parlamentarios.
Mirada de los senadores
Con la designación de Abbott, la mandataria optó por lo último, aun a costa de no contar con toda la anuencia de los senadores.
En todo caso, para su decisión no pudo desestimar del todo la postura que los distintos comités le manifestaron especialmente a la ministra Blanco, a quién Bachelet le encomendó realizar los sondeos, lo que no significa que las acogiera.
Como indican algunos de los parlamentarios que participaron de este proceso, ellos plantearon a las autoridades su preferencias, sobre la base de la idea que se formaron de los aspirantes durante la etapa que antecedió al nombramiento, marcada por una ardua campaña de prácticamente todos los candidatos que se reunieron con diferentes senadores para tratar de captar sus preferencias.
En ese contexto, pese a que no lo admitan abiertamente, tampoco desconocen que en dichas conversaciones se planteó el tema de la forma en que actuarían frente a las indagaciones en curso sobre las platas políticas que los podrían afectar.
Que fue un tema, no lo desmiente nadie. Tanto que la propia Asociación de Fiscales lo alertó esta semana llamando a terminar con las negociaciones, al manifestar incluso derechamente que debía evitarse que se usara la elección de fiscal para obtener concesiones en causas de connotación nacional que afecten a políticos.
Lo cierto es que, a esas alturas, esta situación que había teñido el proceso, terminó por inclinar la preferencia de los senadores hacia Morales, en gran medida porque de acuerdo a lo que indican en los corrillos políticos, era el que más garantía les daba en cuanto a frenar o al menos actuar con más prudencia en las indagaciones del financiamiento irregular de las campañas.
Pero esa sensación instalada de que éste era el favorito de los senadores habría sido un factor determinante para Bachelet a la hora de tomar su opción, para no aparecer presionada por los senadores, menos después de que el Senado le propinara una derrota.
Opción por Abbott
Con el nombre de Morales descartado principalmente por esa razón, lo que aparecía más probable era que se inclinara por Raúl Guzmán, un fiscal respetado internamente, pero que tenía en su contra ser el más reconocido crítico de la gestión de Chahuán, lo que podía producir un quiebre complicado.
Por lo que indican cercanos a este tema, con esos antecedentes, en los últimos días comenzó a correr la posibilidad de Abbott, a quién desde que se inició la campaña para fiscal nacional se le ha sindicado como el favorito de Chahuán. En esa línea, una de las interpretaciones de la decisión presidencial fue que ésta obedeció a querer darle continuidad al cargo, teniendo en cuenta, además, que actualmente desempeña una importante función en el Ministerio Público, como es la de director ejecutivo.
Pero como Abbott no figuraba entre los preferidos de los senadores, especialmente de la oposición, tampoco se descartó que su nombramiento pudiera ser una especie de venganza por el rechazo al contralor, tesis desestimada de inmediato desde La Moneda, donde plantean entre otras cosas, que debe considerarse que no pueden enfrentarse a la derecha puesto que necesitan contar con sus votos.
Cercanos al proceso reconocen, en todo caso, que al final fue el candidato que puso sobre la mesa el gobierno en su intento por lograr el máximo consenso, el que aseguran que aun cuando no se consiguió como se esperaba, al menos algunos representantes de la oposición se mostraron abiertos a aceptarlo por no desconocer que tiene cualidades para el cargo.
Con entusiasmo o no, es probable que finalmente el ex fiscal de Valparaíso sea ratificado, especialmente por el reconocimiento que existe a sus méritos, lo que impediría que los senadores pudieran actuar por consideraciones políticas, menos considerando que su impronta podría ser el fortalecimiento de la gestión del Ministerio Público la que ha criticado especialmente en lo relacionado con la persecución de delitos en que no existen imputados.
Pero esa preocupación no implica que, paralelamente, en lo que concierne a los casos que afectan a los políticos, su historia da cuenta de que no teme enfrentarse a ellos, como lo hizo cuando dirigió las pesquisas por el mal uso de asignaciones parlamentarias en que formalizó a algunos diputados e incluso condenó al ex RN, Maximiano Errázuriz.
Quizás sea éste uno de los factores que pudo haber incidido en que Abott no fuera uno de los predilectos de los senadores, pero también puede ser el que les impida oponerse si es que no quieren seguir deteriorando su imagen.
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