El próximo 31 de enero, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicará el cierre fiscal de 2024 y los resultados no serán positivos. Ese día se revelará el deterioro que generó en las finanzas públicas el error en las estimaciones de ingresos del año pasado.
Para el Presupuesto 2024, la Dipres proyectó ingresos por $71.339.988 millones, equivalente a US$ 75.570 millones, pero a noviembre -último dato disponible- la recaudación llegaba a solo $60.381.321 millones, unos US$ 64.000 millones.
De acuerdo con los cálculos de economistas, estimando el dato de diciembre, los ingresos fiscales el año pasado finalmente resultaron entre US$ 4.200 millones y US$ 5.000 millones inferiores a lo previsto inicialmente por Hacienda.
El lunes de esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheverry, enfrentó una dura sesión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Marcel debió explicar la baja recaudación de la ventana de repatriación de capitales, parte de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que llegó a solo 15,6% de lo proyectado, con apenas $92.496 millones de los $591.927 millones esperados.
Sin embargo, para los analistas, el error en la estimación de ingresos va más allá de esa medida puntual. Se trata más bien de una sobreestimación general en la recaudación tributaria.
A consecuencia de esto, en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, la Dipres recortó su estimación de gasto público en cerca de US$ 770 millones en 2024, pero aún faltaba un esfuerzo mayor para cumplir la meta fiscal, que se advertía se podía incumplir. Por ello, dicen los analistas, Hacienda comprometió un ajuste de US$ 1.000 millones.
Como resultado, los economistas estiman que, al cierre del año pasado, el déficit fiscal efectivo se ubicó en torno a 3% del PIB, esto es, más de US$ 9.000 millones, el peor saldo negativo desde 2021, cuando el déficit se elevó a 7,7% por el mayor gasto que implicó la pandemia. Asimismo, se alejó bastante de la proyección de 1,9% del PIB que hizo Hacienda en septiembre.
“Si se cumple la proyección de gasto del IFP del tercer trimestre de 2024, calculo un déficit efectivo de 2,9% del PIB. Pero esto requeriría que en diciembre haya habido una contracción del gasto de casi 14% real. Ese escenario, no siendo fácil de cumplir, me parece el más probable”, afirma el exjefe de Estudios de la Dipres, Mauricio Carrasco.
Agrega que si, además, Hacienda logró recortar otros US$ 1.000 millones, el déficit efectivo habría llegado a 2,6% del PIB, lo que habría requerido una caída del gasto en diciembre de un poco más de 24% real.
Rangos similares estima la académica del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno Universidad San Sebastián, Margarita Vial, quien calcula que el déficit efectivo de 2024 se ubicará en un rango de -2,7% a -3,1% del PIB, dependiendo del esfuerzo de contención que el Ejecutivo haya hecho en diciembre.
Convergencia cuesta arriba
Con estos datos, los economistas calculan que también hubo un deterioro en el balance estructural, que es el que se determina por la regla fiscal. El Gobierno se había fijado la meta de reducir el déficit estructural de 2,7% del PIB en 2023 a 1,9% del PIB en 2024. Sin embargo, los analistas anticipan que el déficit estructural del año pasado resultó en un rango de 2,5% y 3,3% del PIB.
De concretarse estas cifras, el Gobierno no solo habrá incumplido la meta de la regla fiscal en 2024, sino que además podría haber frenado la convergencia de una reducción del déficit. Las metas anuales fijadas por Hacienda implicaban un déficit de 1,9% del PIB en 2024; 1,1% del PIB en 2025 y 0,5% del PIB en 2026, llegando al equilibrio del balance estructural en 2029.
“Esto no es bueno para la credibilidad de la regla. Más aún cuando recién se actualizó la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señala el exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, quien calcula que, aun cumpliendo con la promesa de ajuste de gasto de 2024, el déficit estructural estaría entre 2,5% y 2,7% del PIB.
Una visión distinta tiene el exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Sergio Granados, quien señala que en el citado IFP ya se corrigieron los ingresos inicialmente estimados en la Ley de Presupuestos del año pasado y con ello también se ajustaron los gastos. “Considerando el drástico ajuste que Dipres realizó en el segundo semestre estimo que las diferencias en las metas no serán muy grandes”, sostiene.
Además, desestima que la credibilidad de la política fiscal esté en riesgo, ya que muchas veces antes también se incumplió las metas de balance estructural y ello no generó daño a la institucionalidad.
Más explicaciones al Congreso
Luego de los cambios aprobados en julio pasado a la Ley de Responsabilidad Fiscal, de incumplirse efectivamente la meta, el Gobierno deberá ir nuevamente a dar explicaciones al Congreso, establecer en el IFP inmediatamente posterior las acciones correctivas para retornar a una situación fiscal sostenible. Estas deben ser informadas a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso y al Consejo Fiscal Autónomo. Este último tendrá treinta días para emitir una opinión.
Por otra parte, el incremento de la deuda pública es otra consecuencia del deterioro fiscal. “La deuda pública por efecto de mayor déficit y el tipo de cambio quedará en torno a 3 puntos del PIB de distancia de la deuda prudente de 45 puntos del PIB. Esto dejará sin espacio a la futura administración para financiar el déficit, considerando que los requerimientos bajo la línea son de 1 punto del PIB”, advierte Acevedo.
Para este año, los economistas sostienen que los ingresos también serán menores a los proyectados en la Ley de Presupuestos, principalmente porque el cálculo se hizo sobre la base de 2024 que ya venía con una sobreestimación.
Ello implicará que, para cumplir la meta fiscal, nuevamente habrá que hacer ajustes por el lado del gasto. Parte de eso se traduce en el recorte de US$ 600 millones que el Gobierno había comprometido y que en los últimos días generó polémica porque también se ajustaría el gasto del Ministerio Público, justo cuando la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía.
Pero los US$ 600 millones podrían ser insuficientes, estiman los analistas, y si se quiere cumplir la meta de 1,1% del PIB déficit estructural, el esfuerzo fiscal debiera ser mayor. En su informe de octubre al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo dijo que el desvío de meta que ya se anticipaba es negativo por dos motivos fundamentales. Por una parte, dificulta la convergencia fiscal y aumenta la deuda neta. Y, por otra, envía una señal desfavorable sobre el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de las metas fiscales, especialmente de cara a 2025, cuando la meta será más exigente y en que posiblemente habrá mayores presiones de gasto por ser un año de elecciones
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