Una de las aristas del Caso Intervalores, la que se refiere a la sanción que impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el socio principal de la excorredora, Gabriel Urenda, y a el exgerente comercial de la firma, Sebastián González, está teniendo sus últimos capítulos.
Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó a principios de diciembre la sanción que impuso la CMF por UF 18.000 por haber entregado información falsa a la autoridad regulatoria y al mercado en lo que respecta a la situación patrimonial del exagente de mercado, los abogados de Urenda Salamanca interpusieron un recursos de ilegalidad contra el fallo del Tribunal de alzada, con el objetivo de dejar sin efecto la multa.
Ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Mario Carroza, el abogado de Urenda Salamanca, Christian Chaytor, reiteró que "existen abundantes pruebas en el procedimiento administrativo que señalan que Gabriel Urenda no tenía conocimiento y menos era quien enviaba la información a la CMF".
Chaytor indicó que de acuerdo a los manuales de gestión de riesgos de la excorredora, era Sebastián González el encargado de remitir a la CMF los antecedentes patrimoniales de la firma. Aseguró que el exejecutivo de Intervalores "era quien daba las instrucciones y que básicamente lo dice un testigo que hacía y deshacía como él quería dentro la corredora de bolsa y que Gabriel Urenda no tenía conocimiento de las gestiones que se hacían".
Según el abogado defensor de Urenda Salamanca la doctrina establece que en los delitos que guardan relación a la entrega de información falsa al mercado, se señala que "se necesita de una posición tal que la persona en la organización que envía esa información sea quien esté autorizado y quien tenga la posición para enviar y aprobar esa información. En el caso, eso no ha sido acreditado y es más, se ha acreditado y reconocido que era Sebastián González quien enviaba la misma".
Asimismo, afirmó que la CMF estableció un criterio equivocado al invocar normas sobre un atentado a los valores del mercado puesto que la causa "tiene relación a la liquidez y al estado patrimonial que puede tener una corredora para efectos de responder frente a sus inversionistas o a quienes les presta el servicio de correduría, para que en caso de que la corredora deba cerrar, pueda cumplir con todas sus obligaciones patrimoniales. Así, en la investigación, no se ha establecido ni acreditado cuál ha sido el efecto que esta información provocó en los valores de mercado, tampoco si se generó un perjuicio a los valores del mercado".
Según Chaytor, no existen terceros perjudicados por la acción de la excorredora de bolsa, ya que habría acreditado ante la CMF y que se certificó por la Bolsa de Valparaíso que "no existía reclamos de inversionistas respecto de sus valores y además dichos valores estaban debidamente resguardados en la Bolsa de Valparaíso y no se ha acreditado hasta el día que que exista una querella en contra de Intervalores por algún inversionista que no haya obtenido la devolución de sus inversiones".
La respuesta del Consejo
Representando a la CMF, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también presentó sus argumentos ante el máximo tribunal del país, solicitando a los ministros que rechacen el reclamo de Urenda Salamanca.
El abogado del CDE, Alfredo Larreta, manifestó que Urenda Salamanca tenía plena consciencia sobre los estados financieros de la compañía extinta: "Los correos electrónicos recibidos el 26 de octubre de 2017, el 19 de febrero de 2018, entre otros, en que el señor Urenda lo informan sobre el estado de los índices. La misma declaración de Urenda en cuanto señala que él ordenó que desde 2017 le informaran los índices patrimoniales que mantenía".
Respecto a las políticas de la excorredora de bolsa que decían que el gerente comercial estaba a cargo de remitir la información patrimonial a la CMF, Larreta dijo que "que haya existido un manual de riesgo no exonera a Urenda del conocimiento y la decisión expresa de la gerencia general de la compañía el mantener informada de manera falsa al mercado para poder seguir operando los índices patrimoniales y de solvencia al mercado".
En esa línea, Larreta preguntó a los ministros "¿Es creíble que el gerente general de la compañía y el socio principal no tuvieran conocimiento alguno de lo que pasaba en su compañía? No estamos hablando de una mega compañía sino de una corredora de bolsa con algunos empleados".
Desde el Consejo también expresaron que luego que la compañía se preparó para su cierre definitivo, continuó enviando información falsa a la CMF, "operó hasta el último día no como corredora de bolsa, sino que con otros valores y otras operaciones que dan cuenta de la causa criminal en la cual supuestamente no hay perjudicados".
Sobre que el envío de información sobre un agente del mercado no genera efectos en los valores, Larreta recordó que "la información falsa al mercado, y como lo ha fallado permanentemente la Corte, es un tipo de peligro en el que se daña con información falsa al mercado y se atenta contra la transparencia del mismo y con las decisiones que hacen los inversionistas en virtud de la información que se transmite y no está restringida a valores específicos".
En esa línea, argumentó que "los inversionistas decidieron operar con la corredora de bolsa porque informaba al mercado que cumplía con sus índices de solvencia, liquidez y patrimonio, que podía responder sus operaciones, que podía responder sencillamente con las operaciones de terceros que se hicieran a través de sus inversionistas".
Añadió que "la corredora cuando cierra sus operaciones tiene que tener una liquidez necesaria para poder cumplir las órdenes de venta y cumplir con los otros partícipes del mercado. Es una información que tiene importancia para el resto de los partícipes del mercado organizado, es decir si una corredora A va a operar con Intervalores, necesita que Intervalores le responda para vender y comprar inversiones y cerrar operaciones en el mercado".
Respecto a que no habían terceros afectados por el envío de información falsa, el abogado del CDE dijo que no es efectivo, puesto a "la cantidad de querellas que hay en el proceso criminal y la cantidad de demandas civiles que hay contra la corredora, González y Urenda por una inmensa cantidad de terceros perjudicados, que no concurren en sede administrativa".
Ahora, la Tercera Sala de la Corte Suprema entra en proceso de acuerdo para resolver su acoge a no el reclamo de ilegalidad del fallo de la Corte de Apelaciones.
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