Escondida, Albemarle, Zaldívar, CDE y Comunidad de Peine alcanzan inédita conciliación para reparar daño en acuífero del Salar de Atacama

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) aprobó un inédito acuerdo de transacción logrado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine con tres empresas mineras por el daño ambiental en el acuífero de Monturaqui-Negrillar y Tilpozo, ubicado en la zona sur del Salar de Atacama, con acciones que alcanzan los US$ 47 millones.

La conciliación a la que llegaron Minera Escondida, Albemarle y Compañía Minera Zaldívar se enmarca en la demanda de reparación por el daño generado en la zona, como también en las vegas de Tilpozo y los sistemas de vida y costumbre de la Comunidad de Peine. 

El acuerdo entre las empresas mineras y los demandantes contempla 14 medidas que deberán ser ejecutadas en su mayoría por las compañías y que alcanzan casi los US$ 50 millones. Asimismo, considera una mesa de gobernanza entre la comunidad, las firmas y el Consejo de Pueblos Atacameños.

Desde Escondida de BHP destacaron el acuerdo alcanzado y sostuvieron que "considera medidas socioambientales inéditas en nuestro paíss, por montos que serían de los más altos que se han acordado en una conciliación ambiental".

"Como compañía valoramos este histórico acuerdo, el cual es fruto de un proceso de diálogo y buena fe de todas las partes involucradas", agregó la empresa y marcó que Escondida cesó definitivamente la extracción de agua del acuífero y de todo tipo de fuente continental a fines de 2019. 

En el área legal, BHP contó con la representación de Raimundo Moreno de Cariola Díez Pérez-Cotapos y Patricio Leyton de Ferrada Nehme; por parte de Albemarle estuvo Matías Montoya de Barros y Errázuriz, y Felipe Bulnes; mientras que Compañía Minera Zaldívar fue representada por Enrique Urrutia y Rodrigo Guzmán.

Sobre este mismo caso, el mismo Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó ayer lunes la reclamación interpuesta por Escondida en contra de la resolución de la SMA, que impuso una sanción de más de US$ 8,5 millones por incumplir su permiso ambiental, que data de 1997. La multa tiene origen en una denuncia del 2018 por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, en la que se daba cuenta de un descenso superior a 25 centímetros del nivel freático del acuífero. Así, en 2022, el CDE presentó la demanda de reparación por daño ambiental en contra de las tres mineras.

Fallo dividido

En fallo dividio, los ministros Juan Opazo Lagos y Carlos Valdovinos Jeldes aprobaron la propuesta de transacción que contempla medidas asociadas a la recuperación del acuífero, así como la restauración y compensación de las vegas de Tilpozo y lagunas La Punta y La Brava. 

Además, existen medidas asociadas a la compensación social, ambiental y económica de la Comunidad de Peine y medidas asociadas a la divulgación de las acciones de mejora del sector de Tilopozo y de la gestión territorial del recurso hídrico y su protección.

El voto en contra provino de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez, quien señaló que dentro la propuesta de conciliación no existe ninguna medida de reparación en particular respecto de la sobre extracción y descenso de las aguas del acuífero referido, el cual se estima podría recuperar sus niveles originarios hacia el año 2200, es decir, en un tiempo de escala no humana, siempre y cuando se cesara de inmediato las extracciones, hecho que la conciliación no contempla.

Agregó que la conciliación, además, carece de un carácter preventivo, en tanto, no suprime la causa que ha generado el daño ambiental, como es la sobre explotación de las aguas, por sobre los márgenes definidos en los respectivos permisos ambientales vigentes.