Sigue generando inquietud la sorpresiva decisión del gobierno de anticipar la construcción del proyecto Kimal-Lo Aguirre, una obra de transmisión eléctrica que unirá los 1.500 kilómetros que hay entre Antofagasta y Santiago, bajo un sistema de corriente continua (HVDC) inédito en el país y que involucra una inversión cercana a US$ 1.200 millones, definición que implica dejar sin efecto la obligación de realizar el estudio de franjas a este proyecto.
El estudio de franja instaurado en la última reforma al sector buscaba establecer un mecanismo para definir por dónde pasarán estas instalaciones, con el objetivo de bajar la conflictividad con comunidades. Sin embargo, no elimina el trámite ambiental que debe realizarse y no es vinculante, lo que abrió dudas de si esto eliminaría los conflictos.
Esta línea es clave para el proceso de descarbonización y la incorporación de energías renovables en el sistema. El socio de la consultora Valgesta, Andrés Romero, quien también se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Energía cuando se creó este mecanismo, lamenta el golpe de timón del gobierno considerando la experiencia de la línea Cardones-Polpaico que mantuvo hasta el final conflictos en tramos de su trazado.
"Se ha renunciado a fijar las pautas del bien común bajo una lógica que es discutible, porque no es asegurable que la línea realmente se pueda concretar en un plazo inferior, dado que con mucha probabilidad tendrá los conflictos sociales y ambientales que se querían reducir", advierte.
- ¿Qué le parece la decisión del Ministerio de Energía de adelantar los plazos de la línea y eliminar la obligatoriedad del estudio de franja?
- Todos estamos de acuerdo en que el sistema de transmisión tiene que expandirse con la suficiente holgura en el mínimo plazo posible. La decisión del Ministerio parte de un supuesto que puede ser discutible que, eliminando el estudio de franja con la evaluación ambiental estratégica, la concreción de la línea Kimal-Lo Aguirre será en un plazo menor al que se había registrado.
Tenemos que recordar que hace muy poco se aprobó en el Parlamento la posibilidad de que sea el Estado en definitiva el que realice un proceso de participación temprana, de consulta indígena y que defina ex-ante por dónde debería pasar un sistema de transmisión. Esto, justamente, para enfrentar los problemas de judicialización y de falta de legitimidad social y ambiental de nuestro sistema de transmisión. En el momento en que se legisla esto, estábamos padeciendo todos los problemas que tuvo que enfrentar la concreción del sistema Cardones-Polpaico con múltiples conflictos con las comunidades y judiciales, también enfrentándose a una verdadera industria de elevar los precios de las servidumbres vía judicial.
Por lo tanto, es discutible el supuesto que presenta el gobierno. No estoy para nada seguro -y creo que nadie lo podrá garantizar- de que efectivamente esta línea, con esta decisión, puede entrar en operación al año 2028. Se está acortando la primera etapa, pero no se está contemplando el mayor atraso que probablemente pueda tener la concreción producto de los conflictos sociales, de la judicialización que indudablemente será mucho más alta que si hubiéramos tenido ahora un proceso de evaluación ambiental estratégico.
- ¿Y cuándo entonces se podría concretar esta iniciativa?
- Lamentablemente vamos a tener que hablar de un rango. Vamos a tener que decir que este sistema de transmisión se concretará entre los años 2028 a 2031-2032 y eso dependerá de los niveles de conflictividad que tenga el desarrollador de este proyecto a la hora de concretar la línea (...) La experiencia práctica ya la tenemos, la conocemos y sabemos con lo cual tendrá que lidiar el adjudicatario de esta línea. Por eso estoy señalando que esta decisión es bastante cuestionable, porque va a encarecer el proyecto frente a un escenario donde se hubiera hecho el estudio. Y, además, no hay ninguna certeza de que se concrete el año 2028.
- ¿Cuál hubiese sido la mejor salida para el Ministerio para darle viabilidad a la línea, considerando que pasó casi un año donde se estaba eventualmente realizando el estudio de franja?
- En primer lugar el Ministerio tiene que dar una explicación de qué es lo que se hizo durante un año. Hoy se habla de apurar el sector de transmisión, pero se podría ya haber comenzado hace bastantes meses atrás, creo que se requiere una explicación respecto a por qué no se hizo esto antes. A lo mejor, si ya hubiera comenzado, estaría bastante avanzado el estudio y no estaríamos enfrentados a una decisión que puede ser bien intencionada, pero no es posible asegurar que esta línea no enfrentará problemas a futuro.
Perder la oportunidad de hacer este proceso de manera ordenada donde la ciudadanía no ve un proyecto final de ingeniería ya hecho, el cual es muy difícil de cambiar posteriormente y en el fondo recién hacer la participación temprana por parte de un privado con un proyecto ya realizado, vimos que no era el mejor camino. Por lo tanto, creemos que acá probablemente será un problema mayor.
- ¿Y llegará a un precio similar a lo que fue Cardones-Polpaico?
-Los conflictos que tendrá generará que va a encarecer el precio de la línea. Los privados que van a participar van a trasladar a precio estos mayores riesgos de no tener este trazado ya definido por el Estado y, por lo tanto, quienes vamos a pagar esa decisión vamos a ser todos los chilenos con un precio superior al que hubiéramos logrado si es que el Ministerio de Energía hubiese hecho el estudio de franja en la oportunidad que debía.
No son comparables estas iniciativas porque son tecnologías distintas (...) Todos esos conflictos que no pudo resolver el Estado los va a internalizar el privado en su precio y, por lo tanto, vamos a ver un sistema que será un poco más caro que hubiésemos tenido el otro proceso, lo que es bastante lamentable para los consumidores de Chile.
- ¿El estudio de franja daba la suficiente certeza que se evitarían conflictos? También habían críticas hacia este instrumento, se habían pedido mejoras, acusando -por ejemplo- esta "doble participación"...
- Hay muy pocos sistemas en el mundo que establecen este tipo de procesos y el asegurar que la judicialización no se iba a dar es imposible, es un derecho constitucionalmente garantizado. Ahora, es muy distinto partir un proceso de evaluación ambiental con la aprobación de la franja por parte de todos los ministerios que dan permisos sectoriales a partir un trazado sin ningún tipo de servicio y en el fondo recién empezar a trabajar con esos distintos organismos sectoriales en los distintos aspectos que se involucran.
Acá la clave que estableció la ley es que la franja es mandatoria para el privado, no la puede cambiar, por lo que el privado no puede hacer ningún tipo de negociación con ninguna comunidad que implica cambiar el trazado. La única forma de cambiar el trazado es si es que se descubre algo que efectivamente haga imposible que la línea pase por ahí.
Ahí está la fortaleza del instrumento que era darle al privado una respuesta frente al reclamo de las comunidades que era decir "no puedo cambiar, esto ya lo definió el Estado mediante un proceso que fue serio y por lo tanto es una decisión que yo ya no puedo cambiar". Eso cambia mucho el proceso de negociación.
- ¿El instrumento de estudio de franja queda en entredicho con esta decisión? Según trascendió, el instrumento era difícil para las autoridades por ser nuevo en su tipo, ¿se debe revisar ahora para desarrollos futuros?
- No está dentro de los argumentos del gobierno hoy algún problema de la regulación del estudio de franja. En 2016, cuando entra en vigencia la ley de transmisión, el gobierno y el Ministerio de Energía sabe que tiene que hacer ese trabajo. Son cuatro años. Creo que es muy poco presentable señalar que después de cuatro años de entrada en vigencia de una ley el gobierno no está en condiciones de hacer la pega. No he escuchado ese argumento y creo que sería muy grave de escucharlo.
Sin embargo, hay dos estudios de franja que están andando, entonces, si el gobierno tiene una visión de mejoramiento del proceso, a lo mejor debería ser consecuente con ello y también no continuar con ese estudio de franja. Es un poco contradictorio lo que estamos viendo. ¿Esas líneas no debieran concretarse antes y es bueno hacer el proceso? ¿Por qué en ese caso sí es bueno hacer el proceso y en este caso no?
El argumento que da el gobierno para no hacer esto es un poco ajeno a lo que son las razones que la ley establece para identificar si una línea va o no a un estudio de franja.
- ¿Estamos frente a un nuevo Cardones-Polpaico probablemente?
- Creo que los procesos tienen que generar aprendizajes y todos los actores probablemente del mundo de la transmisión aprendieron con los problemas que tuvo la paralización de la línea. Por lo tanto, yo hablaría que estamos frente a un Kimal-Lo Aguirre que es de suyo complejo pasa por cinco regiones del país y por múltiples comunidades, por lo que estamos frente a un proyecto que es complejo y estos proyectos complejos la ley le otorga un tratamiento que lamentablemente en este caso no se hará.
La decisión del gobierno hace que el Estado abandone un rol que no es sustituible y ese rol tiene que ver con garantizar el bien común. La fundamentación que se ha dado para sacar al Estado de ese deber ineludible es una fundamentación que a la larga puede ser que no resulte y estemos lamentando una conflictividad y judicialización enorme de este proyecto que se requiere de una manera muy clara en el sistema.
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