Schmidt defendió el proyectos de delitos ambientales tras duro informe de la Suprema

Tras los duros cuestionamientos que realizó la Corte Suprema respecto al proyecto de ley que busca sancionar penalmente los delitos ambientales, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, tuvo que enfrentar ayer las interrogantes de los parlamentarios frente al informe del máximo tribunal, al asistir a la comisión de Medio Ambiente del Senado, oportunidad en la que realizó una férrea defensa de su propuesta.

Si bien estaba citada en el marco de la tramitación del articulado, el que fue ingresado el pasado 22 de enero, los senadores mostraron su preocupación por lo señalado por la Suprema, cuyo informe advierte que las mayores atribuciones que se le endosan a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -si bien pueden ser razonables-, podrían producir resultados de “objetable constitucionalidad” por la manera en la que se fijó esta política.

Te puede interesar: Parlamentarios presionan por reforma al SEIA, pero gobierno mantendrá urgencia simple

Valorando las observaciones de la Corte Suprema, y considerando que la mirada penal y ambiental debe coincidir con una mirada conjunta, la ministra tomó la crítica en cuanto a las atribuciones que se le entregan a la SMA, citando como ejemplo la discusión de la ley sobre libre competencia. Al respecto, precisó que también se levantaron estos temores de inconstitucionalidad, pero que finalmente estos cuestionamientos se desestimaron en su paso por el Tribunal Constitucional (TC).

Schmidt agregó que la exclusividad de la acción penal entregada a determinados órganos “no es extraña tampoco a nuestro sistema jurídico”, ya que existe en el ámbito de delitos de la libre competencia, tribunales y aduaneros. “Por lo tanto, está recogido y apoyado por la constitución de nuestro país y ha sido confirmado por diversos fallos del Tribunal Constitucional”, dijo.

En cuanto al punto que sostiene que las medidas establecidas en el articulado podrían ser relevantes a efectos de fortalecer la SMA pero que al mismo tiempo dejan en una posición desmejorada al Ministerio Público, Schmidt aseguró: “Creemos que bajo esta línea de desarrollo para cumplir los objetivos, lo que hace es entregar esta atribución a la Superintendencia para que pueda inmediatamente investigar las causas y entregarle la información a los tribunales ambientales que corresponden al órgano que determina tanto el daño como las medidas de reparación necesarias”.

La ministra del Estado explicó que posteriormente, durante la tramitación penal, “la Fiscalía tiene todas las garantías y las atribuciones que la ley le entrega para realizar las funciones”.

Rol de la SMA en la mira

Además de responder frente a las críticas de la Suprema, Schmidt respondió los puntos formulados por la comisión de Medio Ambiente, que mostró diversas posturas frente al articulado sobre delitos ambientales. El tópico que más inquietó fue el rol con que queda la SMA.

Precisamente, la Suprema ponía como antecedente en su informe que la propuesta del Ejecutivo entrega un rol esencial a la SMA en la iniciación de un procedimiento penal y en relación al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, ya que puede ordenar allanamientos e interceptación de comunicaciones.

Al respecto, el senador PS Alfonso de Urresti manifestó su inquietud sobre cómo se recogían las mociones parlamentarias presentadas en este articulado y agregó que le llamaba la atención la figura de la SMA en este proyecto. Por su parte, otros parlamentarios de la instancia coincidieron con la postura del senador, indicando que en la discusión parlamentaria no se establecieron atribuciones al SMA al nivel de las que presentó el Ejecutivo.