El denominado Caso Sartor continúa generando roces entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el liquidador Ricardo Budinich, y los controladores de la gestora en liquidación.
Fue la reciente orden de cierre de otros dos fondos de Sartor AGF, Táctico Perú y Facturas USD, a solicitud de su único aportante, Credicorp Capital y su filial en Perú, el episodio que desató el más reciente enfrentamiento.
A través de una carta al resto de los inversionistas de los vehículos de la firma, el socio principal y presidente de la matriz de Sartor, Pedro Pablo Larraín, realizó una serie de críticas a la gestión del interventor y el regulador en el proceso de liquidación de la gestora, mientras que acusó de un eventual favorecimiento a Credicorp por sobre el resto de los aportantes.
La CMF “expropió (a la gestora) sin un debido proceso y está entregando esos activos al grupo peruano, a costa del patrimonio de los aportantes”.
En primer lugar, apuntó a parte de las declaraciones de Budinich en entrevista con DF, en la que aseguró que la sociedad Cerro El Plomo sería perteneciente a relacionados a personeros de Sartor.
“Los dueños de la sociedad son ustedes, los aportantes. Es cosa de leer la escritura de esa sociedad para confirmar algo tan simple como esto: el 100% es de ustedes”, señaló Larraín.
Según el socio de Sartor, también se repetiría el caso con sociedades como Araucana. “Desconocemos si este error reiterado del liquidador de la CMF es por error, desinformación o alguna otra causa”, apuntó.
En tanto, afirmó que “todas las AGF tienen deudas relacionadas con socios, porque eso es legal y cumple con la norma”.
“Si a la CMF no le gusta la ley, tiene que pedir al Congreso que la cambie, pero la CMF no puede cambiar o desconocer la ley”, añadió.
Mientras que, en el caso de Sartor AGF, la deuda con relacionados sería menor del 20%. “Es cosa de leer las escrituras para confirmar algo tan simple como esto, pero el liquidador no lee las escrituras actuales, solo repite la misma desinformación”, disparó.
Lo anterior, a ojos de Larraín, sería la “clave”, ya que “esa es la ‘excusa’ que dio la CMF para la expropiación de Sartor AGF”.
“Lo hizo sin un debido proceso y en un abuso de poder, tal como lo informó el ex contralor Jorge Bermúdez”, recalcó.
Además, todas los financiamientos otorgados habrían sido a condiciones de mercado y contarían con sus garantías, aseguró.
Renovaciones y cobranza
También se refirió a la acusación de renovación de créditos sin intereses realizada por Budinich ante DF.
“A los clientes se les otorgan líneas y ellos cumplen en los vencimientos, y luego se les dan nuevamente las mismas líneas bajo la misma figura del mismo pagaré, que se prolonga para no pagar nuevamente el impuesto de timbres y estampillas”, sostuvo Larraín.
Además, denunció que el liquidador habría despedido al “equipo que llevaba el negocio y la cobranza de Sartor AGF”.
“Lleva varios meses en el cargo y ya ha declarado varias veces -en condicional- que supuestamente habría pérdidas para los aportantes, pese a que la única valorización real que existe de los fondos es la que tenemos del 2024 y que no fue objetada por la CMF”, añadió.
De esta manera, según Larraín, “el liquidador además baja el precio de los activos, los mismos que quiere rematar, con lo que perjudica a los aportantes y beneficia al eventual futuro comprador”.
Credicorp
También dedicó gran parte de su misiva a disparar contra Credicorp y su rol en el caso. “El liquidador de la CMF está favoreciendo al grupo peruano Credicorp”, aseguró.
En esta línea, afirmó que “ha tenido varias reuniones con Credicorp en los últimos meses y la CMF dejó negligentemente pasar los plazos legales y no se opuso a la solicitud de la peruana Credicorp para embargar la cuenta corriente del fondo Sartor Leasing, lo que incluso fue reconocido por el abogado de Credicorp en Chile en una entrevista de prensa”.
Lo último en referencia a la entrevista otorgada por el socio de Barros & Errázuriz, Javier San Martín, a DF, quien sostuvo que, al menos en lo procesal, la nueva administración de Sartor AGF no presentó excepciones al proceso.
“Luego del embargo, resolvió rematar el fondo, con lo que perjudicó a los aportantes y favoreció a Credicorp, que ahora tiene privilegio de cobro por sobre los aportantes”, añadió.
La decisión de liquidar el fondo se dio “pese a que los aportantes son los dueños de los recursos del fondo y le han pedido insistentemente que no remate los activos, sino que los traspase a otra administradora”, indicó Larraín.
En cuanto a Credicorp, los definió como “un competidor agresivo que violó un acuerdo de confidencialidad para obtener información privilegiada, y que tiene intenciones de compra hostil a precio de liquidación sobre algunos activos que son de los aportantes de Sartor AGF, tal como quedó registrado en septiembre de 2024”.
En aquel proceso, detalló que participaron el CEO de Credicorp Capital Chile, el abogado de la firma y la consultora PwC, que realizó el due dilligence de la operación, entre otros.
Así, tomando en referencia la entrevista de Budinich a DF, “el liquidador de la CMF informó que contrató a dedo a PwC para valorizar los fondos de Sartor AGF, lo que significa que contrató a la misma PwC que hace pocos meses hizo el due diligence de Sartor AGF para Credicorp”, sostuvo.
“Es decir, es la misma consultora trabajando en la misma empresa y con la misma información para Credicorp y la CMF. Esto refleja la total pérdida de pudor y el evidente conflicto de interés”, alertó.
Además, acusó que Budinich ha estado “vinculado laboralmente” con Credicorp.
“En la práctica, lo que estamos viendo es que el grupo peruano Credicorp realizó una oferta hostil contra el grupo chileno Sartor, que fue rechazada. Luego, la CMF expropió Sartor AGF sin un debido proceso y está entregando esos activos al grupo peruano Credicorp, a costa del patrimonio de los aportantes de Sartor AGF”, apuntó.
En esta línea, concluyó que “hemos presentado una solicitud de arbitraje contra el grupo peruano Credicorp y un recurso de ilegalidad contra la CMF. Estamos seguros que esta es la vía más segura para defender los derechos y el patrimonio de los aportantes”.