Hasta dos años menos de tramitación ambiental supone reforma al SEIA

Bajo la premisa de fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el gobierno anunció una serie de cambios al proceso, que incluirá eliminar el Comité de Ministros como segunda etapa de evaluación administrativa, y una participación ciudadana anticipada.

Uno de los aspectos que permitirá acelerar los plazos para ejecutar los proyectos está relacionada con otorgar a través del SEIA los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), lo que hoy día se realiza después que un proyecto cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental.

“Esto tiene un efecto importante en los plazos. Hoy los PAS pueden demorar uno o dos años, por lo tanto integrarlos a la RCA acorta de forma importante el plazo, al igual que eliminar el Comité de Ministros”, explica la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

En el ambiente legal privado se vio con buenos ojos esta propuesta -que ingresará en las próximas semanas al Congreso-, dado su efecto en los plazos.

“Si se logra, naturalmente que será un gran avance. Sin embargo, no es fácil. Va a ser necesario involucrarse en el rediseño de procedimientos legales y reglamentarios de distintas entidades públicas que son las encargadas de otorgar esos permisos y eso no es sencillo”, dice Felipe Meneses, de Carey.

El exsubsecretario Clemente Pérez y abogado de Guerrero Olivos agrega que “urge simplificar el trámite de los permisos sectoriales que ya se han evaluado ambientalmente. Y evitar aquellos trámites que carecen de ventanilla única”.

Paloma Infante, de Morales & Besa, agrega que al momento de hacer este cambio hay que tener en cuenta que “el problema que puede generarse es que si todo queda en el marco del SEIA, los procesos de evaluación ambiental pueden hacerse mucho más engorrosos, hasta antes de obtener la RCA”.

“Lo que sí es claro, es que debe reforzarse el concepto de ventanilla única para que las materias ambientales revisadas en la evaluación ambiental no vuelvan a ser tratadas en las instancias técnicas no ambientales, como muchas veces sucede hoy”, dice.

Divisibilidad de las RCA

Otra medida, es que el cambio normativo incluirá que las RCA serán divisibles siempre y cuando existan unidades productivas claramente diferente e independientes entre sí, cuando sea posible diferenciar los impactos ambientales de cada una.

En el mundo legal hay apoyo a esta medida, la que podría facilitar aspectos de obtención de financiamiento.

Otro cambio -agrega Cubillos- es que se creará un recurso de reclamación judicial general, suprimiendo el acto de invalidación que existe hoy en la legislación.

"Es discutible la eliminación del Comité de Ministros"

Clemente Pérez, socio de Guerrero Olivos, dice que en general, le parecen bien los cambios propuestos. "Todo lo que apunte a mejorar el fondo de los impactos y no tanto los temas formales, me parece bien encaminado. El SEIA se ha transformado en un análisis demasiado formalista y legalista, en detrimento del análisis de los temas de fondo. Faltan técnicos y sobran abogados (con respeto a mis colegas)", dice.
Respecto al fin del Comité de Ministros, explica que es discutible. "No por el cuestionado caso Dominga se va a eliminar una instancia que en general es muy positiva. Mejor regular bien sus plazos de respuesta, para que no ocurra que se politizan o dilatan eternamente sus decisiones", dice.
Además, respalda la idea de incluir una participación ciudadana temprana, por lo que dice que es conveniente que las iniciativas pasen por este mecanismo.

"La participación ciudadana temprana baja la judicialización"

Paloma Infante, de Morales y Besa, explica que la incorporación de participación ciudadana previa a la evaluación ambiental "es una iniciativa que se ha tratado de implementar desde hace bastante tiempo, ya que está comprobado que disminuye la judicialización de proyectos, incorporando a la ciudadanía desde el comienzo de la evaluación y diseño del proyecto".
La abogada explica que el conjunto de cambios propuestos tendrá como efecto "dar mayor certidumbre a las decisiones ambientales de la autoridad", fortaleciendo la ventanilla única y simplificando el proceso recursivo en contra de las RCA.
Respecto a las comisiones macrozonales que evaluarán, dice que es interesante el concepto, aunque deberá resguardarse la capacidad de éstas para ver la cantidad de proyectos que se evalúan y evitar retrasar la aprobación de proyectos.

"Es posible que la litigación no disminuya, pero tampoco aumente"

Para Felipe Meneses, de Carey, los cambios van en la dirección correcta: "disminución de la relevancia que tiene el componente político; reducción de los plazos y mejoras en el esquema de participación ciudadana".
Agrega que el "incentivo va a estar puesto en abordar del modo más completo posible la evaluación ambiental en una única fase administrativa. Ya no se podrá descansar en la expectativa futura de mejorar, complementar o derechamente aprobar un proyecto frente al Comité de Ministros", dice y agrega que "es posible que la litigación no disminuya, pero tampoco aumente".
Respecto a la participación ciudadana temprana, dice que trae beneficios para todos: el titular gana en conocimiento sobre los potenciales conflictos, la comunidad obtiene influencia y la autoridad debiera contar con mejores insumos para sus decisiones.