Gobierno decide no impugnar ante el TC proyecto que prohíbe corte de servicios básicos

La pista libre le habría quedado al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, el que fue despachado por el Congreso el jueves pasado, buscando beneficiar al 60% de la población más vulnerable del país.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, resolvió finalmente que el gobierno no impugnará ante el TC el proyecto de ley, luego de tener a la vista el análisis de los equipos jurídicos interministeriales que estudiaron las implicancias legales del proyecto.

Esto, luego que en la recta final de la tramitación del texto, La Moneda advirtiera que "el contenido de la moción parlamentaria, que implica la postergación de pagos a privados, eventualmente, podría constituir infracciones a las normas constitucionales". De hecho, se afirmaba que "en consecuencia, el Gobierno se encuentra actualmente analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas, para resolver los cursos de acción".

Sin embargo, el Presidente este martes conversó con los timoneles de Chile Vamos a quienes les preguntó su parecer, luego que la norma fue aprobada con votos de la oposición y del oficialismo, y llegó a la decisión de que no era aconsejable acudir al TC. No tan solo por las escasas posibilidades de ganar la impugnación de un beneficio que ya se entrega de manera voluntaria por parte de las empresas sino que también pesó la imagen política que se iba a proyectar de un gobierno que en medio de la pandemia busca eliminar un beneficio otorgado por el Congreso.

Además, acudir al TC implicaba volver a poner en tensión las relaciones con el parlamento y la oposición, justo dos días de haber alcanzado un acuerdo en medidas sociales y económicas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Desde palacio trascendió que no hay "argumentos suficientes para ganar una impugnación en el TC y se trata de un caso incierto". También, afirman fuentes de La Moneda que "no hay problemas de admisibilidad del proyecto y si alguna norma limita las ganancias serán los tribunales en donde se zanje esa discrepancia", pero el gobierno no intervendrá.

De esta forma, hay vía libre para promulgar la polémica norma que estaba poniendo en un punto de conflicto al Ejecutivo no solo con la oposición, sino que también con el propio oficialismo, porque trascendió que por ejemplo, RN era partidario de promulgar y Evópoli de ir al TC.

La decisión la adoptó el Presidente, luego de conversar con ministros y tener a la vista el análisis jurídico elaborado por representantes de algunos ministerios sectoriales y sus asesores del segundo piso. Lo definido no será informado hasta este miércoles, cuando ya haya vencido la medianoche del martes el plazo establecido para impugnar ante el TC la norma aprobada la semana pasada.

Tampoco se vetará el proyecto como algunos lo habían sugerido, debido a que la idea es no abrir un nuevo frente con los parlamentarios en momentos en que se tramitan proyectos con beneficios sociales por la pandemia.

La antesala

Mientras corrían los cinco días para un pronunciamiento por parte del gobierno, los ministros sectoriales tuvieron el lunes diversas conversaciones con la industria eléctrica, sanitaria y de telecomunicaciones. En la cita, se habría propuesto que las empresas adoptaron bajo la vía de la voluntariedad las medidas que contempla el proyecto de ley, de tal forma que en caso de llegar al TC, el Ejecutivo pudiese argumentar que ya había un acuerdo vigente.

Así, este martes Enel fue la primera firma en extender 90 días más el plazo para solicitar convenios especiales de pago por los efectos de la pandemia debido a la prorrogación del estado de catástrofe, los que forman parte del paquete voluntario de medidas que fue anunciado por las autoridades y las empresas de servicios básicos el pasado 25 de marzo, junto con ampliar el alcance de los beneficios desde el 40% al 60% de los grupos familiares más vulnerables de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Más tarde se sumó Chilquinta y el grupo Saesa. Este último, incluso anunció la suspensión del cobro de la tarifa de invierno a todos sus clientes durante abril, mayo y junio. Eso sí, CGE se estaría desmarcando hasta el momento de la iniciativa.

El sector sanitario también se acopló a la medida. Esval y Essbio también ampliaron el plan de beneficios al 60% de los hogares más vulnerables, sumando a micropymes, establecimientos educacionales y organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

Y aunque el Ejecutivo habría optado por no llevar el texto al TC, según trascendió, los acuerdos alcanzados que coinciden con el mayor alcance de beneficiarios que aprobó el Congreso, van en la línea de evitar futuras demandas. Al declarar estos beneficios a través de un acuerdo, hay voluntariedad y no obligación, de tal forma blinda al Estado de eventuales acciones legales.