Fiscalía Económica pide a la Corte Suprema elevar multa a la ANFP

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recurrieron ante la Corte Suprema para intentar modificar una reciente sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En esta se condenó a la corporación con una multa de US$ 2,4 millones (3.145 Unidades Tributarias Anuales, UTA) por haber exigido a los equipos de Segunda División del fútbol profesional chileno, como requisito para ascender a Primera B, pagar una cuota de incorporación de UF 24 mil, y ordenó el cese inmediato de este cobro.

El organismo antimonopolio solicitó al máximo tribunal del país elevar la multa impuesta por el TDLC hasta los US$ 3,85 millones (5 mil UTA) ya que, a su juicio, la sanción aplicada a la ANFP por Tribunal de la Competencia "subestima el reproche" que merece la conducta ilícita acusada.

Además, el fiscal económico Ricardo Riesco sostuvo que hay dos circunstancias que agravan la conducta de la asociación, y que no fueron recogidas por la sentencia del TDLC: "que la ANFP organiza espectáculos deportivos, lo que desde ya le impone un especial deber de cuidado en evitar restricciones a la competencia innecesarias; y que en Chile, a diferencia de otros países, la única posibilidad de proveer espectáculos deportivos de fútbol profesional comercializables es a través de la ANFP".

Por el contrario, la defensa de la asociación solicitó a la Suprema que rechace el requerimiento de la Fiscalía y que se dejen sin efecto la multa impuesta, la orden de cesar el cobro de la cuota de incorporación como requisito para ascender a Primera B, y la condena en costas.

"La sentencia (del TDLC) no tiene correspondencia con la realidad, con el expediente, ni con la Constitución y las leyes. Como se explica en la presente reclamación, la sentencia no se ajusta a ninguno de los límites que regulan la potestad jurisdiccional", señalan los abogados de la asociación.

En su sentencia, el Tribunal de la Competencia acogió íntegramente la acusación formulada en febrero del 2018 por la FNE y afirmó que "la Cuota de Incorporación tuvo el efecto de limitar la capacidad competitiva y deportiva de los clubes que la pagaron" y que este cobro ha constituido "una barrera artificial que obstaculiza el ingreso al mercado o, en caso que se logre ingresar, entorpece el desempeño competitivo del entrante".

El TDLC concluyó que "la ANFP no basó sus decisiones acerca de dicha Cuota en argumentos razonados de índole económico, menos aún de libre competencia, sino que todo indica que las decisiones adoptadas en el seno del Consejo de Presidentes estuvieron basadas en el deseo de proteger los intereses de los clubes que participan regularmente de los campeonatos de la Primera B".