Presupuesto 2025: Horizontal cuestiona la partida destinada a seguridad y dice que no coinciden los datos de algunos anuncios

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, el foco se ha puesto sobre algunas prioridades que ha entregado el Gobierno, como por ejemplo en seguridad. Un reporte elaborado por Horizontal -centro de pensamiento ligado a Evópoli- advierte una serie de reparos a las metas que el Ejecutivo en materia de seguridad.

En un análisis del investigador Alfonso España, el centro de estudios desglosa y cuestiona las principales promesas de la administración Boric.

Por ejemplo, en cuanto a la promesa presidencial de desplegar 1.300 Carabineros adicionales en las calles, Horizontal señala que según el documento “Contenidos del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el objetivo es financiar una dotación de 51.099 Carabineros, lo cual significa en un alza de apenas 391 adicionales a 2024.

En el ámbito de reforzamiento de pasos fronterizos, señalan que la única inversión contemplada es el proyecto “Construcción Nuevo Complejo Fronterizo Pichachén”.

En cuanto a aumentar la asignación de riesgo que reciben los carabineros transformándola en un sueldo adicional al año, el reporte advierte de que pese a que se hizo la promesa, en el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos 2025 no hay mención a la gratificación señalada.

Reforzar los pasos fronterizos con nuevas inversiones fue otra de las promesas del Ejecutivo. No obstante, la única inversión contemplada es el proyecto “Construcción Nuevo Complejo Fronterizo Pichachén”.

Sobre aumentar en más de $ 28 mil millones el presupuesto para combatir el crimen organizado al interior de las cárceles, continuando con la implementación de los inhibidores de señales telefónicas, España advierte que los recursos en Gendarmería crecerían más bien en $23,2 mil millones con respecto al 2024.

Otro de los ejes entregados por Boric es el financiamiento de un nuevo sistema de huella balística a cargo de la Fiscalía, para rastrear las armas, investigar los homicidios y desarticular las redes criminales. Sobre esto, Horizontal señala que es confuso que se le asignen al Ministerio Público los recursos para implementar dicho sistema, toda vez que la ley entrega la responsabilidad y facultad de gestionar un sistema de huella balística a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y al Ejército de Chile.

En segundo lugar, el reporte asegura que si bien el financiamiento del sistema de huella Balística no se encuentra explicitado en el Presupuesto 2025, el documento de “Contenidos del Proyecto de Presupuestos año 2025” del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señala que hay $ 5.436 millones para su implementación en el marco del Plan Calle Sin Violencia.

Sin embargo, la glosa 16, que especifica el gasto de dichos recursos, establece que $ 10.117.425 podrán ser utilizados para financiar todo tipo de gastos, incluso bienes y servicios de consumo y gastos en personal, con un máximo de 314 personas a honorarios. Así, el Ministerio Público sólo dispondría de $ 2.079 millones de los nuevos recursos para el financiamiento del sistema de huella balística.

Otro foco de dudas para Horizontal es el financiamiento de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, la Ley de Inteligencia Económica y el Ministerio de Seguridad Pública, una vez que éstas sean aprobadas. Mientras su costo de implementación estimado para el primer año es de $ 1.804 millones de acuerdo con los informes financieros presentados en el Congreso, en el Presupuesto 2025 los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas tienen un incremento de sólo $ 90 millones y los otros programas de atención a víctimas del Ministerio del Interior caen en sus presupuestos, advierte el documento.

Sobre el financiamiento del Subsistema de Inteligencia Económica (SIE), Horizontal afirma que los recursos necesarios para esto no están reflejados en el Presupuesto 2025: la dotación del Servicio de Impuestos Internos (SII) durante el 2025 se mantendría igual al 2024, el gasto en personal en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) caería y las variaciones presupuestarias en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Servicios de Tesorería no alcanzarían a cubrir la implementación material del SIE en su primer año de ejecución, de acuerdo a la estimación de los informes financieros presentados al Congreso.

¿Y las promesas de este año?

En la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 el Gobierno se comprometió prioritariamente a sumar más de cuatro mil cupos al sistema penitenciario, inaugurar tres nuevas fiscalías en Colchane, San Pedro de Atacama y Puerto Williams e incrementar recursos para fortalecer a las policías.

Sobre el aumento de la capacidad carcelaria, esto todavía no se ha cumplido, dice el análisis. Según los cálculos de Horizontal, entre el 11 de marzo 2022 y el 31 de agosto 2024 se han creado 169 cupos en establecimientos penitenciarios tradicionales y concesionados para población recluida 24 horas.

En cuanto al fortalecimiento de las policías, entre el 2023 y 2024 hubo un aumento del 1,1% del presupuesto de Carabineros de Chile. Éste se tradujo, principalmente, en casi $ 12 mil millones más para la adquisición de activos no financieros -vehículos, mobiliario, equipos, entre otros-. No obstante, al 31 de agosto -último dato disponible- solo se ha ejecutado el 10,4% del presupuesto vigente en dicha área. Por lo tanto, el fortalecimiento de las policías no se ha materializado todavía, enfatiza eSPAÑA.

Además, el informe consigna que ninguna de las tres fiscalías prometidas se han inaugurado.

Los descargos del Ejecutivo

Desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) reaccionaron al documento de Horizontal, apuntando a lo que consideran una serie de "confusiones".

Por ejemplo, dicen, el documento debiese haber considerado que los proyectos de ley en trámite no se contemplan nunca en las partidas presupuestarias respectivas. Por lo tanto, agrega Dipres, "no es correcto" sostener que el financiamiento de los proyectos de ley de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, de Inteligencia Económica y del Ministerio de Seguridad Pública no estén garantizados en el Presupuesto 2025 dado que los presupuestos ministeriales no los consideran explícitamente.

"Tal como ha ocurrido históricamente, los recursos para implementar los proyectos de ley en trámite están considerados en la partida Tesoro Público", explica la entidad encabezada por Javiera Martínez.

Otro ejemplo de esta confusión, agrega Dipres, es el compromiso de seguir mejorando los pasos fronterizos. "A la construcción nuevo complejo Fronterizo Pichachén citada por el estudio, se le deben sumar los $12.420 millones adicionales para garantizar el refuerzo de siete pasos fronterizos priorizados, gracias a los recursos incluidos en los presupuestos del Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)", explican.

El estudio también pareciera "confundir" el eje del Plan Calles Sin Violencia que ejecuta el Ministerio Público con el que ejecuta directamente la Subsecretaría del Interior. El primero financia las Unidades Especializadas de Homicidios con los $12.197 millones desglosados por el informe, mientras que para el segundo el subtítulo de transferencias de capital de la Subsecretaría del Interior cuenta con $12.897 millones, que incluyen los $5.436 millones para implementar el Sistema de Huella Balística Limpia, detallan en Teatinos 120.

Dipres también se pronuncia respecto a los cuestionamientos al Presupuesto 2024: por ejemplo, dice que el reporte considera solo a Carabineros de Chile entre las policías, cuando también se debe contemplar a la PDI. Al contemplar a estas dos instituciones, se observa que entre 2023 y 2024 su presupuesto incrementó un 5,3% y no un 1,1% como señala Horizontal, dicen.

"Los antes señalados son solo algunos ejemplos de imprecisiones o errores que se observan en el estudio. Analizar el Presupuesto de la Nación es un ejercicio complejo, por lo que es necesario que los diversos actores que participan de esta discusión lo hagan de manera seria y rigurosa. El objetivo debe ser contribuir al debate de manera responsable e informada", cierra la declaración de la repartición.