Ante las críticas del mundo de las PYME por la tasa de interés flexible que plantea el nuevo Fogape, el ministro Ignacio Briones llama a mirar los hechos y poner los números en perspectiva.
En sus siete meses de funcionamiento, argumenta, ha cursado créditos por cerca de US$ 14 mil millones, ha llegado a cerca de 300 mil de un universo de solicitantes de crédito de 400 mil. De esas 100 mil, dice que hay algunas que están todavía en solicitudes recientes, en curso, en trámite, con una tasa de rechazo de 17%.
Agrega dos datos: en todo 2010 -en el marco de la crisis subprime- fueron cerca de US$ 2.400 millones en créditos que llegaron a 75 mil empresas. Además, en 2020 el crédito comercial no solo no cayó, se ha expandido más que un año normal. "Y adivinen por qué: por el Fogape", destaca.
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En el nuevo Fogape Reactiva, dice, es fundamental poder flexibilizar la tasa de interés para llegar a empresas más riesgosas. "La tasa de 3,5% nominal de la primera etapa de Fogape es una tasa maravillosa para las cerca de 300 mil empresas que accedieron, pero no para quienes quedan fuera al tener un mayor perfil de riesgo. Necesitamos darle un segundo impulso al crédito y también al refinanciamiento de créditos Fogape".
"Con la mano en el corazón, nunca una PYME ha tenido acceso a un crédito a una tasa real cercana a 0%. Nunca. ¿A qué tasa se endeudan las Pymes en un año normal? ¿12%,13%,14%? Entonces, no se trata de tener tasas por las nubes, se trata de tener tasas muy convenientes pero que permitan más margen y flexibilidad. Hoy la tasa de otorgamiento de créditos ha ido bajando ostensiblemente. Para la nueva etapa de Fogape, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos", plantea.
La discusión por las inversiones chinas: "Se trata de un debate pertinente"
- ¿Cómo ve la discusión sobre las inversiones del Estado chino en sectores estratégicos del país?
- Antes de entrar en eso, lo primero que hay que decir es que necesitamos crecer y eso requiere inversión. La inversión extranjera ha jugado y está llamada a jugar un rol clave.
Respecto al tema que me plantea, se trata de un debate pertinente, pero en el que es importante distinguir dos dimensiones. Una tiene que ver con lo que es propio de la competencia, la concentración en las industrias y la integración vertical, que es algo que en nuestro ordenamiento tiene que mirarse siempre con mucho celo, independientemente de quién sea el inversionista, tomando decisiones que correspondan para velar por la libre competencia. Insisto, la competencia es la mejor defensa de un mercado legítimo y eso nunca debemos olvidarlo quienes creemos en el mercado.
Si acá hay integraciones verticales directas o indirectas a partir de un mismo controlador y si ello afecta la competencia, la misma autoridad de libre competencia deberá referirse en su mérito a eso y es importante que lo haga. Para eso hemos construido institucionalidad.
Un segundo punto que se ha planteado refiere a cuestiones más estratégicas o geopolíticas, particularmente cuando el inversionista es un Estado y los mercados y tarifas son reguladas, lo que podría abrir flancos. Los senadores Galilea y Harboe han propuesto emular la institucionalidad de países como Estados Unidos para tener una mirada institucional más amplia respecto al tema.
Me parece razonable darnos el tiempo para tener una discusión seria y pausada en esa dirección, no apuntando con el dedo a un país o a otro en particular, sino que, a través de reglas parejas, o sea de institucionalidad que genera certeza, credibilidad y no discrecionalidad en la toma de decisiones. Tenemos que velar siempre por la libre competencia y en otras materias estar abiertos a generar institucionalidad basados en las mejores prácticas internacionales.
Fallo del TC: "Ningún poder del Estado puede adjudicarse la encarnación absoluta de la democracia"
- Parlamentarios de oposición han señalado que insistirán en los proyectos de reforma constitucional, como el tercer retiro o el impuesto al patrimonio, a pesar del fallo del TC. Si estos proyectos avanzan, ¿irán al TC a impugnarlos las veces que sean necesarias?
- Absolutamente, aunque, atendidos los fundamentos del fallo, esperamos que prime la responsabilidad. Como Ministerio de Hacienda asumimos hace meses un rol decidido en preparar un caso sólido y recurrir al TC. Y la razón de fondo es que lo que está en discusión aquí, lo hemos dicho una y otra vez, no es tanto tal o cual proyecto, sino los bordes del poder, las atribuciones de cada cual, y si acaso se pueden inundar las facultades de otro poder, en ese caso del Ejecutivo en materias de seguridad social, tributos o gasto público, a través del atajo de reformas constitucionales transitorias. Lo que está en juego son las reglas y los pesos y contrapesos consustanciales a una democracia sana.
Como dijo el TC, ningún poder del Estado puede adjudicarse la encarnación absoluta de la democracia. El fallo es categórico al señalar que a ninguna autoridad le está permitido apropiarse de las atribuciones radicadas en otro órgano del Estado, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. Entonces, uno esperaría que las autoridades que han jurado defender la Constitución y las leyes tengan a la vista estos criterios.
Por otra parte, hay también una cuestión de deferencia básica con el proceso constitucional. No se puede valorar el proceso constituyente y, al mismo tiempo, dibujar hoy una Constitución paralela. Algunos parlamentarios se han apurado en señalar que ellos no van a esperar la convención constitucional para modificar la actual Constitución, al parecer porque no les gustó el fallo del TC. Declaraciones como esas no dejan de ser sorprendentes, ya que suponen una impostación de la soberanía popular que habló fuerte y claro en favor de una nueva Constitución, pero redactada a partir de abril por representantes especialmente electos a tal efecto.
¿Y los delitos económicos? "Creo que estamos en una etapa de mayor autocrítica del empresariado"
- Probablemente muchos empresarios piensan lo que usted dijo sobre Julio Ponce. ¿Cree que falta autocrítica de parte de los empresarios?
- Es difícil evaluarlo, pero creo que estamos en una etapa de mayor autocrítica del empresariado, eso es valorable. Ha habido nuevos liderazgos que han empujado en esa dirección y eso hay que reconocerlo y destacarlo, pero sin duda que falta.
Siempre he pensado que los empresarios, de todos los tamaños, tienen que ser los principales defensores del mercado y el mercado se defiende con reglas y sanciones claras desde el Estado, pero también con autorregulación potente, con sanción de pares cuando hay desviación de las buenas prácticas, porque -al final- esas malas prácticas deslegitiman al mercado, lo que es fatal.
Respecto al caso Cascadas, los graves delitos e infracciones a la Ley de valores fueron acreditados y refrendados por la Corte Suprema. Lo que he señalado sin eufemismos en días recientes es que atentados gravísimos contra el mercado de valores y la fe pública como este significarían cárcel en mercados desarrollados como el de Estados Unidos.
Y aquí uno podría hacer una crítica a nuestro marco legal, que era débil. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo como Gobierno. Bastante. Tenemos un proyecto de ley, que se inscribe en la agenda antiabusos, que hemos empujado con fuerza, que es el Proyecto de Agentes de Mercado, que es muy rico y aborda muchas cosas. Pero, entre otras cosas sobre el mercado financiero, aumenta fuertemente las multas y las penas de cárcel. Casos como éste no hubieran tenido estas sanciones tan sorprendentes como las que finalmente tuvo. Para nosotros es importante que este proyecto salga, ojalá en enero, está en su trámite final en el Senado y lo esperable es que luego pase a comisión mixta.
- ¿Aprobado este proyecto, nos igualamos en algo a la legislación norteamericana? ¿Ponce estaría en la cárcel acá con esta legislación aprobada?
- Podría. El proyecto aumenta sanciones y penas, no solo a nivel de casos más conocidos como el uso de información privilegiada, sino que en general y tipificando también con más nitidez otros delitos. Por ejemplo, en caso de que se realicen cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor o se induzca fraudulentamente a la compra o venta de valores, como fue en el caso Cascadas con efecto en los accionistas minoritarios, eso está claramente establecido en el proyecto de ley que eleva la pena mínima de 541 días a tres años y 1 día, manteniendo el máximo de diez años.
Además, para el caso general, el proyecto de ley eleva en 7 veces las multas que puede imponer la CMF. Es un proyecto potente y que va en la dirección de sanciones duras acorde al daño a la fe pública y a los mercados.
Cuando estos atentados no son sancionados con la debida fuerza los mercados mueren, los inversionistas extranjeros desaparecen ante el riesgo de expropiación a los minoritarios. Y nadie quiere que los mercados mueran, sino que florezcan y que crezcan.
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