Corría el año 2013 cuando el abogado Ricardo Escobar decidió emprender. Así, se asoció con el penalista Jorge Bofill para fundar el estudio Bofill Escobar, enfocado “en un 100%” en la resolución de conflictos. “Ya el 2013 partimos con la idea de que Chile entraría en una etapa conflictiva en los años siguientes. Creo que tuvimos razón”, señala entre risas.
Este año y anticipándose al inminente inicio del proceso constituyente, la firma reforzará el área constitucional. “Es un tema que se viene fuerte”, señala quien fuera director del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2006 y 2010.
A más de un mes que se aprobara la simplificación legal a la reforma tributaria, el experto advierte que el debate sobre el sistema impositivo aún no está cerrado.
- ¿Quedó más aplicable la reforma con la simplificación?
- Sí, lo que hizo el ministro Valdés fue una mejora significativa respecto del proyecto que se aprobó el 2014, permite que la reforma hoy sea viable. No creo que con la simplificación se vaya a cerrar el debate tributario, lo más probable es que el 2017 cuando vengan las elecciones el tema de los impuestos va a volver a la mesa.
El trabajo que se pudo hacer en esta ocasión fue reparar un proyecto que era bastante pobre en su diseño inicial, por lo tanto no se podía hacer un buen vino con una uva mala.
Chile se merece que entre todos hagamos un buen diseño y nos propongamos tener una regulación tributaria que permita lo central, que es asegurar una recaudación que financie adecuadamente al sector público, que sea equitativa pero que también dé certeza y reduzca el espacio de discrecionalidad y de conflictos innecesarios.
- ¿Estos tres pilares no se cumplen con la reforma finalmente aprobada?
- Parcialmente, pero hay muchas deficiencias y, en cierto modo, hay poca coherencia en el diseño. Se siguen esperando milagros, no se puede hacer un cambio fundamental, importante y estructural con una redacción que se genera en 30 días y se discute en unas pocas sesiones en la Cámara y el Senado.
Si queremos hacer un cambio profundo, que adecúe el régimen tributario a algo más moderno, eso supone construir un diseño coherente pero necesita un trabajo de redacción técnico muy delicado. ¡Y eso no se puede hacer rápido!
- ¿Hubiera esperado un debate más largo?
- Lamentablemente con este gobierno, en este énfasis refundacional que en paralelo trata de promover cambios tan importantes, se reduce el espacio para tener un trabajo legislativo serio, no alcanzan las horas de los senadores, diputados técnicos y asesores para trabajar seriamente.
El Estado no tiene la capacidad de gestionar simultáneamente todas las reformas estructurales. Me temo que hemos perdido la oportunidad de haber hecho menos cambios, pero de mejor calidad.
Vamos a hacer una serie de cambios de poca calidad, poco impacto y, por lo tanto, conflictivos. Habrá frustración y perjuicios innecesarios.Será labor del próximo gobierno y de la comunidad política ponerse de acuerdo en cómo reparar estos errores y cómo de verdad hacer un cambio que sea más equilibrado.
- ¿Qué puntos de la reforma tributaria debieran arreglarse en un próximo gobierno?
- El asunto es la mirada global del sistema, que es lo que debiera reconsiderarse.
En particular, la norma antielusión tendrá que cambiarse porque su diseño es francamente un ornitorrinco, un animal muy extraño. De partida, la lógica de dejar la carga de la prueba en el SII es una dificultad que hará muy cuesta arriba el trabajo.
Esto está mal concebido para los dos lados: genera incerteza para los contribuyentes y un estado de muy poca probabilidad de éxito para el SII. Es una norma muy poco práctica, eso requiere un trabajo de mejor diseño. Anticipo que los que ganaremos serán los abogados expertos en litigio tributario, porque habrá muchos conflictos innecesarios.
Comparto la necesidad de una norma antielusión dada la jurisprudencia que tenemos en Chile, pero estoy en desacuerdo con la técnica que se utilizó.
- ¿El ministro Valdés y el subsecretario Micco hicieron lo que pudieron con la simplificación?
- Hicieron lo que se pudo, no se les puede pedir más. Lamentablemente, el terreno en el que tuvo que trabajar el ministro Valdés en materia tributaria era la reforma aprobada en septiembre de 2014, y esa era un proyecto que hacía muy difícil cualquier corrección.
Por otro lado, la agenda legislativa del gobierno no le deja espacio para hacer prácticamente nada con tiempos serios, todo se tiene que hacer apurado, todo se tiene que hacer improvisando soluciones y sin tiempo para decantar redacciones adecuadas e interactuar con áreas técnicas.
A mí me citaron a la Cámara un martes en la tarde para ir un miércoles en la mañana a exponer sobre un texto de más de 100 páginas que acababa de entrar… ¿Qué se puede decir? Es cierto que hubo oportunidad de debate, pero no alcanzó a ser un debate muy serio.
- ¿El próximo gobierno deberá hacer un cambio muy profundo a la reforma tributaria?
- Sí. Más que tener que hacerlo, yo creo que este tema, así como el laboral o el educacional, requiere que nos volvamos a sentar con calma y diseñar soluciones mejores.
- ¿Le sorprendió el éxito de la repatriación de capitales?
- No me sorprendió, esto ha ocurrido en algunos otros países, como el caso español, considerando que allá llegaron más de 30.000 declaraciones. Yo esperaba que llegáramos a las 5.000 declaraciones y finalmente entraron 7.000. Ese tipo de normas son inteligentes en el sentido que evitan problemas futuros y en política uno tiene que hacerse cargo de la realidad.
Uno podría haber negado permanentemente esta norma. De hecho, en su minuto yo fui poco partidario de normas como esta, pero dados los cambios que vienen, que incluyen el intercambio de información a nivel internacional, obviamente eso genera un problema a la vuelta de dos o tres años.
AC INVERSIONS: "HAY QUE REVISAR" LA RESPONSABILIDAD DE LA UAF"
- ¿Cómo ve todo lo que ha ocurrido a partir de la denuncia por estafa contra AC Inversions y otras empresas?
- De quien se debería haber esperado una reacción, dado los informes que se conocen, es de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que debió haber encendido las alarmas de alerta antes. Esto parece que llevaba años y si para algo existe una Unidad de Análisis Financiero es para reaccionar frente a movimientos financieros anómalos.
Por lo que se conoce, las personas que organizaron esto no tenían patrimonios personales relevantes, la empresa que ocuparon no cumplía ningún indicador de sanidad financiera como para no aparecer inmediatamente con todos los semáforos encendidos.
Hay que revisar claramente la responsabilidad que le cabe a la UAF, hay que ver qué falló para corregirlo, esto no debería estar pasando porque si pasó en este caso, podría estar pasando lo mismo con un contrabandista de cocaína.
Royalty: "Si la causa para anularla es un correo, es una causa pobre"
- El fiscal nacional interpeló al SII, diciendo que sin querellas muchas de las investigaciones se caerían.
- El director del SII, Fernando Barraza, fue muy claro en rescatar la labor del SII, que es hacer un trabajo muy cuidadoso en esta materia y tomarse el tiempo que necesite en hacerlo. La Ley expresamente prevé que un delito tributario se puede sancionar con multas o con cárcel, por lo tanto el que el SII ejerza esa facultad es simplemente cumplir con la Ley, no se le puede exigir que se querelle en todos los casos.
La función de la Fiscalía es perseguir delitos, la del SII es asegurar recaudación. Y asegurar recaudación no se logra necesariamente cuando ya se han presentado querellas y no se necesitan otras más para seguir recaudando.
Me parece que es un gasto inútil de recursos de parte del Ministerio Público si es que en esos casos busca una condena por delitos tributarios a los emisores. Probablemente, por ahí van a llegar a un resultado muy pobre.
El SII tiene que cuidar en esa parte su reputación, porque si en definitiva estos casos resultan en que no va haber sanciones en lo penal -porque me temo que si van a juicios orales probablemente no habrá sanciones penales-, cuando se llegue a discutir esto en derecho va a haber poco resultado y se va a desprestigiar y se va a criticar al servicio. Va a haber una gran decepción pública frente a esos casos.
- ¿Faltó prolijidad en las primeras querellas?
- Sí, varias de esas querellas fueron producto más de la presión del momento, que de un análisis ponderado y bien fundado en lo jurídico. Ese es un lado del problema.
El otro lado es qué vamos a hacer con el financiamiento de la política hacia adelante, donde las limitaciones que se acaban de aprobar, tanto en el financiamiento de los partidos -que es bastante dependiente del presupuesto fiscal- como en el aporte de los particulares, genera una restricción artificial en el acceso a la política.
Si a mí me interesa la cosa pública y quiero apoyar la formación de un movimiento nuevo, como el caso de Ciudadanos, se hace bien complejo el que haya gente que, por ejemplo, quiera dedicarle tiempo completo a trabajar en esa actividad, y cómo lo financiamos si resulta que no podemos recurrir a dar dinero con un tope tan bajo por persona y tenemos que pedirle dinero al Fisco para eso. ¿Qué vamos a lograr? ¿Que esto lo financien solo jóvenes sin dinero que están en la universidad? O sea, una persona es libre de apoyar con todo el dinero que quiera la protección de los pingüinos, por ejemplo, pero no es libre de apoyar el desarrollo de ideas que incidan en cómo se administra este país. Todo esto lo distingo perfectamente del problema del cohecho, de eso no me cabe ninguna duda.
- ¿Se debe revisar la ley del royalty minero?
- Aquí puedo responder como abogado. Las leyes se pueden derogar por otras leyes, si hay una ley que no gusta siempre puede haber otra que la cambie o modifique. Si la causa para eso es que hubo un correo, me parece una causa pobre.
El punto es: la Ley que tenemos, independiente de dónde venga la redacción, es la adecuada. Eso no da a lugar para cambiarla. La pregunta que uno debería hacerse para que el tema sea serio, es si el acuerdo que había en esta materia fue tener un royalty minero con las características que se aprobaron.
Respecto a cómo se redactó y de dónde provino el borrador para una cierta redacción, mi experiencia es que permanentemente las indicaciones que se aprueban vienen de asesores propios, centros de estudios o asesores privados que les hacen llegar material al Congreso. El diputado o senador en cuestión toma el texto, lo revisa, lo propone y el Congreso resuelve.
Entonces, la pregunta ahora es: independientemente de quién haya presentado el primer borrador, ¿el Congreso quería o no la norma que se votó? ¡Sí la quería! Por lo tanto, si nuestro sistema legislativo terminó con una norma que sí se quería, ¿qué razón hay para anularla? Aparte, constitucionalmente no tiene ningún sentido anular una ley, uno puede solo derogarla o modificarla.
- Pero se dice que esta indicación sólo benefició a SQM.
- Entiendo lo que ocurrió, pero mi discusión es otra: imaginemos que la norma hubiera sido propuesta desde un principio por el gobierno y SQM hubiese sido la única firma que se acogiera a eso, ¿anulamos la norma? Todo el proceso siguió la técnica legislativa: lo revisaron los diputados, se aprobó en la Cámara y lo mismo se hizo en el Senado. El proceso legislativo ocurrió completo, no hay algo que lo vicie.
Otra cosa es la situación particular de las personas involucradas que pudieran haber dado lugar a un delito de cohecho, eso ya se verá. Entonces, hablar de nulidad no tiene sentido en términos jurídicos. Lo que corresponde -si se quiere- es revisar la norma.
Ahora, yo entendería que aquí hay derechos adquiridos, no sé qué significa dejar sin efecto esto. ¿Significa que la opción que ejerció SQM será desconocida? ¡Este es un país serio! No me parece que haya espacio para revisar la validez de una Ley en este caso.
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