Recibir un pago dentro de 30 días o 180 días puede no ser tan determinante para una gran compañía, pero en el caso de una pequeña y mediana empresa (pyme) puede significar la diferencia entre la continuidad del negocio o su quiebra.
Es por eso que ante la realidad que experimentaban las pequeñas y medianas empresas proveedoras, cuyos pagos regularmente demoraban 60, 90 y hasta 180 días, el gobierno y el sector privado tomaron cartas en el asunto y en mayo pasado firmaron el “Código de Pago Oportuno a mis Proveedores”, del cual ahora se conocen los primeros avances.
De esta forma, si en el año 2014 un 28% de las pymes veía como su principal problema el pago de facturas o boletas, actualmente sólo 16% tiene una percepción de no cumplimiento, de acuerdo a una encuesta realizada por la asociación gremial ProPyme.
La medición reveló que en estos momentos un 52% de los pagos de las facturas se realiza antes de los 30 días y solo el 12% toma 90 días o más. Una importante mejora en relación al año pasado, cuando apenas un 24% de los pagos se concretaba en menos de 30 días y el 47% se concentraba en 60 días o más.
Como detalla la Subsecretaría de Economía, las grandes empresas que hasta ahora han adherido a los principios mínimos que establece el mencionado reglamento son CorpBanca, Walmart, Cencosud, SMU y Tottus, que en su conjunto conforman el mercado de destino para más de 20 mil pequeños proveedores chilenos.
La subsecretaria del ramo, Katia Trusich, destaca los avances en este terreno pero señala que aún no están conformes, por lo que buscarán seguir impulsando la iniciativa para que sume más adeptos.
“Hay una mejora en el pago a los proveedores y tenemos grandes empresas que suscribieron este código. Nos gustaría que esto se expandiera más todavía y pudiéramos tener un mayor número de empresas incorporándose a esta buena conducta de pago”, señala la abogada.
Mejoras en sello Pro Pyme
En esta línea, Trusich recalca el trabajo que se hace en paralelo para mejorar el sello Pro Pyme, al cual están adscritos 112 empresas. La iniciativa también busca un compromiso con el pago oportuno a proveedores de menor tamaño en un plazo que no supere los 30 días, pero en este caso la capacidad de cumpliento es certificada previamente por el Ministerio de Economía.
Las mejoras tienen por objetivo facilitar los mecanismos para obtener este sello.
En concreto, el perfeccionamiento apunta a que la empresa declare voluntariamente que va a cumplir con sus proveedores, lo que permitirá abaratar los costos actuales a la hora de obtener la certificación. Esto, porque hoy una auditoría debe avalar que la compañía ya cumple con un pago a proveedores dentro del plazo exigido.
Si la compañía es sorprendida en una conducta de no pago, advierte Trusich, perderá el sello y no podrá volver a postular para obtenerlo por dos años.
“Como la auditoría no se va a exigir ex-ante, nosotros vamos a estar encargados de hacerlas para velar que las empresas que están con el sello estén cumpliento”, explica la autoridad.
La auditoría se realizará de manera aleatoria, como el trabajo que realiza actualmente el Servicio de Impuestos Internos para detectar y/o prevenir los delitos tributarios. Además, existirá una fiscalización constante por parte del Ministerio de Economía.
La mejora ya fue aprobada por dicha cartera y por Hacienda y está a la espera de la firma de la presidenta Bachelet. “Esperamos que de aquí a fin de año estén operativos los cambios”, concluye.
"Colusión daña a la casta empresarial en su conjunto"
- ¿Qué opina del caso de colusión entre las papeleras?
- Es grave, grave, principalmente por cómo rompe confianzas. Los consumidores están informados, hoy todo Chile se entera de este tipo de casos y se siente abusado.
Esto es malo para las confianzas y para lo que estamos tratando de impulsar, porque obviamente esto daña a la casta empresarial en su conjunto, cuando en realidad es un grupo de empresarios específicos que destruyen valor social, relacional y capital social.
Obviamente, aquí yo espero una reacción enérgica desde los gremios, que cumplan el rol social con sus asociados y que ellos sancionen este tipo de conductas y que, de alguna manera, sean los garantes de que dentro de una determinada industria o sector, estas cosas no ocurran porque dañan a justos y a pecadores.
Lo que se daña es la confianza del consumidor y eso le hace mucho daño en imagen a todos los empresarios.
- ¿Casos como este pone en riesgo el trabajo del ministerio con el sector privado?
- El trabajo conjunto continuará, por supuesto, por lo menos para mí no está en duda.
- Pero, ¿se deberían pedir más garantías?
- Esto es como todo. Hay buenos políticos y malos políticos, hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos. Creo que esto no para en absoluto el trabajo que estamos haciendo con los buenos empresarios, con los gremios que los agrupan y con la gente que quiere hacer las cosas correctamente. Además, nosotros como ministerio presentamos hace unos meses ya un proyecto de ley para la defensa de la libre competencia, que fue aprobado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y lo que busca es precisamente endurecer las penas para los casos de colusión.
- De hecho, la falta de penas a este tipo de delitos ha sido una de las principales críticas.
- Hoy nuestra Ley es débil porque solo permite sancionar con un monto fijo de multa, que muchas veces no es siquiera un porcentaje mínimo de los beneficios obtenidos.
Entonces, al momento de decir "¿qué hago, cumplo la Ley o pago la multa?" e igual voy a ganar cinco o seis veces más de lo que estoy pagando, la lectura para un mal empresario es muy oportunista.
Con una ley más dura que sancione en función de la gravedad del daño, tiene que haber una sanción equivalente tanto al daño como a los beneficios que obtuviste.
- ¿Y cuál es su postura frente a la delación compensada?
- Tiene sus pro y sus contra. Por un lado, estimula a que las empresas puedan proactivamente autodenunciarse, pero por la otra tiene el defecto de impunidad frente a una sanción, después de diez años de conducta inapropiada, después de diez años de ganancias te delatas y quedas sin sanción, parece que no está bien pensado eso. Lo que resuelve el proyecto de Ley actualmente en tramitación, y al que el gobierno le ha puesto suma urgencia, es que este mecanismo pueda coexistir con las penas de cárcel, en el sentido de que sólo se podrá eximir de estas penas el primero que se delata.
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