La presidenta Michelle Bachelet se anotó un punto. Con su anuncio del proceso constitucional logró que el tema prácticamente se apoderara de la agenda política, desde que el martes 13 diera a conocer los detalles del itinerario diseñado con el propósito de que culmine en una nueva Constitución.
Es probablemente lo que esperaba, como lo confirma el hecho de que inmediatamente organizara una serie de reuniones tendientes a darle especial trascendencia, como lo hizo al recibir primero a todos los partidos políticos, luego a los ex presidentes de la República, e incluso a la Corte Suprema, todas con la finalidad de hacer partícipes a los principales actores del país.
Como ésta era la única reforma comprometida que quedaba pendiente de las tres principales que conformaron el eje de su programa, desde el entorno presidencial se dieron por satisfechos de que con este anuncio cumplían la promesa de la campaña, lo cual debería traducirse en estimular el debate con el fin de establecer las bases para producir el cambio constitucional que esperan.
Eso no quiere decir que desconozcan que la tarea que les espera es compleja, de lo que da cuenta la incipiente discusión que se ha generado desde que se conoció el cronograma anunciado por Bachelet. Porque independiente del reconocimiento a que diseñó un plan que cumplió con la promesa de que sería participativo e institucional, además de buscar que nadie quedara excluido, desde distintos sectores han surgido numerosos críticas o resquemores que apuntan tanto a la forma en que éste se materializará, como a que se trata de una propuesta que se centra principalmente en los métodos para sustituir la Constitución sin que se conozcan ni siquiera contenidos básicos de lo que se pretende discutir.
Por eso, aun con el logro de haber instalado el tema en la agenda, tales han sido las aprensiones que se han planteado, que a pocos días de conocerse el plan, desde el propio gobierno, como desde el mundo político e incluso entre los expertos, admiten que es imposible imaginar cuál puede ser el destino de este proceso, teniendo en cuenta que su éxito depende de factores que distan de estar garantizados, comenzando por la necesidad de que para que se cumpla se requiere de un acuerdo de todas las fuerzas políticas.
La difícil gestación
Con cierta expectación se esperaba el anuncio del itinerario constitucional, considerando que eran conocidas las diferencias que existían tanto en el mundo político como entre los constitucionalistas del oficialismo, que además estaban instaladas al interior del propio gobierno, especialmente en torno al método que se escogería para elaborar la Constitución.
Quienes conocen cómo se gestó el cronograma indican que lo que no fue cuestionado, porque se trataba de una decisión presidencial, era que el proceso contara con la más amplia participación ciudadana posible, que fue lo que se tradujo en establecer una primera etapa dedicada a la educación cívica, la que continuará con diálogos con la ciudadanía de los cuales –pese a las aprensiones acerca del interés que puedan despertar- se espera que salgan los insumos para la propuesta de una nueva Carta Política que hará la Presidenta a fines del 2017.
Por eso, aparte de los debates internos en cuanto a cómo materializar esta etapa de participación o quiénes serán los responsables, el principal punto de discordia se dio en lo relacionado con el concepto de que debía ser un proceso institucional. Frente a ello, mientras algunos se jugaban por fórmulas como llamar a un plebiscito para que autorizara una Asamblea Constituyente, otros liderados por el ministro del Interior, Jorge Burgos, lo descartaban de plano bregando por la idea de que el Congreso debía cumplir un papel preponderante.
El tema finalmente se zanjó planteando distintas opciones de mecanismos para aprobar la Constitución, que incluyen la AC, además de una comisión bicameral, una instancia mixta o el plebiscito para que dirima entre las tres, aunque lo que se consideró más decisivo fue que se le entregara al actual Congreso la facultad para que por 2/3 le entregue al próximo la prerrogativa de elegir entre estas fórmulas, que fue lo que le dio el carácter institucional en la línea de Burgos.
Con la decisión de dejar abiertas distintas posibilidades, la idea fue plantear una fórmula frente a cual no pudieran reclamar ni aquellos sectores más radicales que están por la AC, ni tampoco quienes la rechazan, de manera que todos se pudieran sentir incluidos y estimulados a participar.
Eso explica que los principales cuestionamientos no estén apuntando a dicho aspecto del proceso, excepto en cuanto a que se pone demasiado énfasis en lo formal, lo que puede terminar en un debate centrado en los mecanismos sin que se sepa qué se pretende que contenga una nueva Constitución.
Críticas compartidas
La falta de contenidos es una crítica que plantean algunos personeros incluso del oficialismo, como los ex ministro José Miguel Insulza o Sergio Bitar, o el DC Gutenberg Martínez, que es también la que aparece como una de las principales que han surgido desde la oposición.
En ese contexto, la queja del bloque opositor apunta a que si el gobierno no tiene una propuesta sobre la cual discutir, el eje del debate se focalizará en plantear que se está en una opción entre la Constitución de Pinochet u otra democrática que además los represente a todos, lo que califican de irreal además de tramposo, como expresó el presidente de la UDI, Hernán Larraín.
Es el temor que tienen de que ello ocurra durante las primeras etapas del proceso, frente a lo cual acusan que éste se politizará considerando que este debate, que cambiará el eje de la discusión política dejando atrás los problemas de gestión o las demás reformas, coincidirá con las elecciones tanto municipales del próximo año como con las parlamentarias y presidenciales de 2017.
En el oficialismo reconocen que puede ser una aprensión fundada, apuntando a que así es la política, pero sin desconocer que sería un problema si es que no se dan las garantías como para que la derecha participe, porque su marginación puede abortar al éxito del proceso.
Tanto es así que en el propio gobierno han tomado nota de ello, al explicar reiteradamente –como lo hizo incluso la presidenta Bachelet- de que no deberían existir dichos temores porque se tomarán resguardos para que sea abierto y transparente, apuntando a que está contemplado que sea supervigilado por un consejo que integrarían personeros de todos los sectores.
Como hasta ahora no sólo no se conoce con claridad cómo se materializará la etapa de participación ciudadana ni quienes podrían integrar dicho consejo, las aclaraciones de las autoridades no han sido suficientes como convencer a muchos oficialistas de que cumplirá su propósito, ni menos para persuadir a la oposición de que el proceso cumplirá con los requisitos mínimos que la inste a hacerse parte de él.
Camino opositor
Con todos estos cuestionamientos a la forma, a los que se suma la preocupación compartida por los empresarios tanto respecto a los efectos que puede tener que la incertidumbre en materia constitucional se extienda por dos o tres años, la duda que surge es qué pasará si al final el bloque opositor se resta. Una decisión que no tendría implicancias si es que al final no se necesitara el respaldo del 2/3 del actual Congreso para que el proceso llegue a su fin.
Por de pronto algunos parlamentarios, como el senador RN Andrés Allamand, han advertido que en ningún caso aprobarán el proyecto que habilita al próximo Congreso para que elija el mecanismo con que se cambiaría la Constitución. Pero tampoco se descarta que, por los costos que podría tener no participar, considerando que la Nueva Mayoría podría terminar interpretando a ese 70% que afirma ser partidaria del cambio, se busquen fórmulas para no quedar marginados.
Una línea podría marcarla la posición del ex presidente Sebastián Piñera, quién tras reunirse con Bachelet, si bien criticó duramente el proceso por la incertidumbre que produce, no desestimó enteramente la posibilidad de entrar en él, al manifestar que le pediría al bloque opositor Chile Vamos, que estudie un proyecto de Constitución para que sea postulado como una alternativa al que la mandataria elaborará después de las consultas ciudadanas.
Es una opción que algunos consideran que podría ser un acierto, desde el momento en que si pone en el debate los temas de fondo antes de que el gobierno haga lo propio, sus propuestas podrían terminar teniendo más incidencia que aquellas que salgan de diálogos ciudadanos que no tienen garantizada la participación.
Pero aun cuando la postura de Piñera encontró eco en los partidos en cuanto a que es necesario tener ideas acerca de los cambios a la Constitución, en ningún caso implica que la decisión opositora sea participar como espera el gobierno.
Es cierto que sus dirigentes no desconocen los riesgos de quedar al margen, pero también admiten que como el mismo proceso les da la posibilidad de que todo quede en nada, es una determinación que se determinará teniendo en cuenta cómo se encauce.
Con este escenario de dudas y cuestionamientos, lo que parece más claro es que el proceso constitucional es al menos por ahora, un camino incierto.
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