El Ministerio Público del estado de Sao Paulo denunció ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva por los crímenes de lavado de dinero (ocultación de patrimonio), tergiversación y robo en relación con el condominio de Solaris Guarujá construido por la empresa OAS, investigada en el marco de la Operación Lava-Jato.
La denuncia alcanza también a su esposa, la ex primera dama Marisa Leticia, y al ex presidente de OAS, Leo Pinheiro. La base jurídica de la denuncia es el delito de estafa que involucra al Banco de la Vivienda Cooperativa de Sao Paulo (Bancoop) y sus antiguos dirigentes como el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, quien presidió la entidad entre 1999 y 2009.
Para los promotores de Justicia que actúan en el caso, el inmueble construido por la OAS pertenece a Lula y su familia y es producto de lavado de dinero.
La denuncia fue entregada al tribunal estatal de primera instancia penal en Sao Paulo y conlleva un pedido de apertura de un proceso criminal que será distribuida por el juez Antonio Paquino Zors, del Departamento de Investigaciones Policiales (Dipo) a uno de los jueces del área penal.
El abogado del exmandatario, Cristiano Zanin Martins, criticó ayer la denuncia presentada.
Según el abogado, el fiscal a cargo del caso, Cassio Conserino, anticipó la condena de Lula a la prensa antes del fin de las medidas de denuncias. “Conserino apenas formalizó el resultado, dejando en claro su falta de impacialidad y la intención deliberada de manchar la imagen de Lula”.