La situación judicial de Luiz Inácio Lula da Silva se está deteriorando rápidamente, luego de que el Ministerio Público de Sao Paulo pidiera ayer prisión preventiva para el ex presidente de Brasil, que de ser hallado culpable arriesga hasta trece años de cárcel. La noche anterior, la fiscalía del estado había presentado formalmente cargos en su contra, acusándolo de ocultar de las autoridades la existencia de activos de su propiedad, apuntando específicamente a un lujoso departamento “triplex” frente a la playa de Guarujá.
Para fundamentar su solicitud, la autoridad argumentó que existen “indicios suficientes de prueba” y que cuenta con al menos 20 testigos.
La medida afecta también al ex presidente da OAS, la empresa que contruyó el inmueble, a la ex primera dama Marisa Letícia, al hijo del matrimonio, Fabio Luis, y al ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores y de Bancoop, la cooperativa ligada al partido, João Vaccari Neto.
La última acusación llega poco después de que el ex mandatario fuera obligado a declarar como sospechoso y su hogar fuera allanado en el marco de una investigación por lavado de dinero y soborno.
La responsabilidad de resolver sobre la prisión preventiva recaerá ahora sobre la jueza Maria Priscila Ernandes Eiga.
El Ministerio Público solicitó además que se levante el secreto fiscal sobre sus cuentas entre 2012 e 2015 para demostrar que hubo un esfuerzo intencional por ocultar la propiedad del inmueble.
La respuesta del PT
La ofensiva judicial contra el político de izquierda está activando desesperadas maniobras en el gobernante Partido de los Trabajadores, (PT) que presiona a la actual presidenta y ahijada política de Lula, Dilma Rousseff, para que lo ponga al frente de un ministerio para blindarlo de las investigaciones.
El medio local Folha de Sao Paulo aseguró que las gestiones podrían derivar en un cambio de gabinete más amplio que incluiría al Ministerio de Hacienda y a la cartera de Justicia.
Lula, quien en un primer momento rechazó la posibilidad de un nombramiento, ahora estaría proponiendo el cambio de gabinete como una manera de frenar una posible impugnación parlamentaria en contra de Rousseff.
Para ello, el ex presidente buscaría convencer al respetado ex jefe del Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles, de que se haga cargo de las finanzas nacionales, en reemplazo de Nelson Barbosa, quien lleva menos de tres meses en el puesto. Del mismo modo, estaría haciendo gestiones para que Nelson Jobim asuma en el Ministerio de Justicia, un cargo que le daría gran influencia sobre las investigaciones que conducen los fiscales contra Lula y otras altas figuras del partido.
Algunos dirigentes del PT están presionando para que Lula asuma como ministro Secretario o jefe de Gabinete, mientras que Rousseff habría planteado que se haga cargo del Ministerio de Comunicaciones o de Relaciones Exteriores. El presidenre del PT, Rui Falcão, junto a Barbosa y otros líderes del partido se reunió ayer con Lula, quien no habría rechazado pero tampoco habría aceptado todavía la propuesta.
Quiebre en la alianza
Mientras el PT se jugaba por esta estrategia, su socio en la alianza y mayor agrupación del país, el Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) se reunió con la principal colectividad opositora, el Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB). Tras el encuentro, que se prolongó hasta altas horas de la madruga del jueves, representantes de ambos grupos informaron su intención de “trabajar juntos para encontrar una salida a la crisis que vive el país”.
Sin embargo, fuentes que participaron en el evento aseguraron a Bloomberg que algunos de los líderes del PMDB plantearon a sus propios legisladores la necesidad de abandonar la alianza con el PT en el Congreso. El partido afronta elecciones este sábado y se espera que mantenga como líder a Michel Temer, el actual vicepresidente, que ha tenido una tensa convivencia con Rousseff. Si el voto de censura contra la mandataria prospera, Temer sería el primero en la línea para reemplazarla.
Odebrecht se acogería a delación compensada
Los casos de corrupción que investigan las autoridades en Brasil podrían dar un drástico giro, luego de que Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la mayor contructora de Latinoamérica, diera señales de que podría colaborar con la justicia. El ejecutivo, el de más alto nivel procesado hasta ahora y que esta semana fue condenado a más de 19 años de cárcel, ha sido uno de los pocos que no se había acogido al mecanismo de delación compensada, una herramienta que en ha sido clave para que los investigadores desentrañen la maraña judicial de los fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por O Globo, afirman que el heredero del grupo familiar estaría ahora dispuesto a colaborar con la investigación, aportando información y pruebas que podrían ayudar a implicar a decenas de otros involcurados. Las fuentes explicaron que el objetivo de Odebrecht para colaborar sería evitar que la compañía que encabezó por años sufra perjuicios irreversibles y que termine en la quiebra, a medida que las investigaciones por corrupción se prolongan por varios años.
El cambio en la decisión del ejecutivo podría tener consecuencias explosivas, ya que la firma constructora está entre las mayores financistas de campañas políticas en Brasil. Lo mismo habría ocurrido con Léo Pinheiro, el director de OAS, la otra firma constructora que junto con Obedretch habrían conformado el esquema de corrupción y que ahora también evalúa la delación compensada.
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