Tribunal Ambiental ordena inédita medida contra mina de BHP en Tarapacá y forzaría su paralización

Un duro golpe dio este jueves el Primer Tribunal Ambiental contra Minera Cerro Colorado, firma propiedad de BHP en la región de Tarapacá. La instancia judicial dictó una medida cautelar que le prohíbe continuar extrayendo agua del acuífero de Lagunillas, decisión que regirá desde el 1 de octubre y por 90 días, lo que podría significar la paralización de la operación donde actualmente trabajan del orden de 3 mil personas.

La decisión -adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Oscar Clavería- se tomó luego de acoger a trámite una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera.

Esta fue presentada este martes por Luis Jara Alarcón, quien es copropietario del predio "Estancia Cancosa" dentro de cuyos límites está el Salar Lagunillas, compuesto por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.

Así, rápidamente y en un hecho que abogados consultados califican como un precedente, el Tribunal acogió a trámite la acción y ordenó esta medida cautelar sin consulta o petición de mayores antecedentes. Esto, con el objetivo de impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento.

El organismo apoya su acción en los últimos episodios que ha enfrentado la minera desde el punto de vista ambiental. Según se indicó, se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental el 2019, a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) obtenida en 2015 del proyecto "Continuidad Operacional Cerro Colorado", que básicamente extendía la vida útil de la faena hasta 2023, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.

"Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)", señalaron los ministros.

A juicio del Tribunal, los antecedentes entregados en la demanda, como los informes de la Dirección General de Aguas (DGA), constituyen una "presunción grave" de los hechos denunciados, por lo que "existe la necesidad de impedir que los efectos adversos de la extracción de aguas subterráneas que mantiene la empresa minera sobre el acuífero Lagunillas se sigan manifestando y agudizando".

Para los expertos en la materia, la decisión se revisaría en el Tribunal y sería el momento para que la minera planteara su defensa, pero también se podría recurrir a la Corte de Apelaciones.

De mantenerse la medida, el escenario de una paralización sería inminente, ya que Lagunillas es la fuente de agua de la operación.

Consultados por la medida y si ésta implica la detención de la operación, Cerro Colorado señaló que "una vez que la compañía sea legalmente notificada, evaluará los cursos de acción a seguir en función de los instrumentos legales que el marco jurídico dispone y tomará las acciones operacionales para cumplir las medidas que se dispongan".

De todas maneras, trascendió que la minera realizará el análisis de todos los escenarios posibles, tanto legales como operacionales, por lo que una paralización no se puede descartar en este momento.

Sobre la señal que se envía a la industria con esta decisión, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, comentó: "La mina ha estado funcionando hace muchos años y sería una pena que a estas alturas tenga que paralizar por no obtener la extensión de los permisos ambientales".

Esta mina está al final de su vida, tiene leyes bajas, es una operación que se ubica en el cuarto cuartil de la curva de costos de la industria, e incluso en el pasado se intentó vender sin éxito.

La producción de cobre de Cerro Colorado en el año 2020 alcanzó un total de 68.900 toneladas de cobre fino.

Además, en julio, el Primer Tribunal Ambiental, había acogido una reclamación de la Asociación Agrícola de Quipisca contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dejando sin efecto la RCA del proyecto de adecuaciones de Minera Cerro Colorado.

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