No solo como un guiño a Corfo se interpretó en la industria el acuerdo que el lunes firmaron el grupo Pampa y PotashCorp, mediante el cual establecen una mejora en el gobierno corporativo de SQM con la adopción de decisiones mediante mayoría de cinco de los ocho votos de la mesa.
La señal también fue para otro de los actores que ha jugado un rol importante para la minera y sus accionistas en los últimos meses: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) .
Y es que el histórico acuerdo, en el que Julio Ponce Lerou cedió gran parte de su influencia al interior de la empresa, al comprometerse a no ejercer su voto dirimente, se adecua bastante a lo que había objetado el regulador en noviembre pasado y que influyó en el fallido proceso de venta de Pampa Calichera, firma que a la vez da el control indirecto de SQM, a empresarios chinos.
La lectura de la movida realizada entre PCS y el grupo Pampa, y que también incluye a Kowa, se centra en uno de los puntos principales señalados en su momento por el regulador ante la consulta realizada por HK Scott Minerals Company -empresa que participó del proceso de venta-, la robustez y los equilibrios del gobierno corporativo.
Y es que en su momento, surgió la duda de si era o no necesario lanzar un OPA directamente por SQM al comprar Pampa Calichera, dado el control indirecto que hay sobre la minera.
En esa ocasión, la SVS dictaminó que “cualquier persona o entidad que adquiera el control de Pampa Calichera y, con ello, adquiera indirectamente acciones de SQM, deberá efectuar una OPA dirigida a los accionistas de SQM, si mediante dicha operación, el adquirente pueda asegurar la elección de integrantes del directorio de SQM en una cantidad y calidad suficiente para que ellos puedan dominar la toma de decisiones en dicho órgano societario, por cuanto el adquirente del control de Pampa pasaría a tomar el control de SQM”.
Esta es la situación a la que se buscaría dar un giro tras los ajustes impulsados por los accionistas -que se verán confirmados el próximo 28 de abril cuando se nombre el nuevo directorio-, con los que entre otras cosas, se eliminan los “superpoderes” que tenía anteriormente Ponce Lerou a través del voto dirimente, y se nivelan los pesos y contrapesos en la mesa.
“Las razones del cambio tienen que ver con una decisión estratégica de la compañía, pero una de las razones podría dar una señal al regulador, porque esto implica que hay más equilibrio al interior del gobierno corporativo”, sostiene el abogado Luis Cordero.
No obstante, el jurista es tajante en señalar que “tenemos que ver si el regulador comparte si esta es la fórmula de enfrentarlo, lo que sólo se sabría en el caso de una eventual transacción”. Consultados, en la SVS no emitieron comentarios al respecto.
Dudas respecto a la venta
En cuanto a una posible reactivación de la venta de parte de las cascadas, las opiniones son divididas. Por una parte, el abogado Hugo Caneo asegura que podrían verse nuevos intereses en el mercado “porque si ves que hay un perfeccionamiento en la estructura de gobierno corporativo, esto te reduce los costos de transacción y dentro de eso, podría haber ciertos costos de antes que hoy no estén”.
Sin embargo, dentro del acuerdo también se incluyó un nuevo sistema de repartición de dividendos (ver nota relacionada), en el que se establecen retornos de hasta un 100%.
El analista de BCI Corredor de Bolsa, Fernando Errázuriz, apunta a que lo que se busca con esto es mantener la propiedad en Pampa Calichera “ya que los dividendos serán una fuente muy importante de caja para las cascadas, tomando en cuenta que el negocio de litio sigue expandiéndose y hay proyectos en carpeta para crecer aún más”.
Del mismo, dice Errázuriz, las empresas con las que Ponce Lerou controla, deberán enfrentar importantes vencimientos de deuda en los siguientes dos años, con montos superiores a los US$ 413 millones.
Nueva política de dividendos no se hubiese visto reflejada en 2016
Otro de los puntos consignados en el acuerdo entre grupo Pampa y PCS tiene que ver con una reformulación respecto del sistema de entrega de los dividendos de cada ejercicio, estableciendo los parámetros que permitirán subir del piso del 50%, lo que comenzará a aplicarse para los años 2017, 2018 y 2019.
Se definió una ecuación mediante la cual se puede llegar hasta una distribución del 100% de las ganancias, para lo que se hace necesario que la firma cuente con una disponibilidad de efectivo, que dividido por el pasivo financiero corriente, sea igual o superior a las 2,5 veces. A la vez, al sumar el total de los pasivos, y dividirlos por el patrimonio, el valor debe dar un ratio igual o menor a 1,1 veces.
Del mismo modo, estas exigencias se van reduciendo de manera escalonada, así como también la tasa de retorno, la cual va pasando a 80% y luego 60%. ¿Qué habría pasado en 2015 y 2016 si se aplicaran esas condiciones? Según cálculos realizados por expertos, en el último ejercicio los montos recibidos por los accionistas hubiesen correspondido al 50% de la utilidad, lo que sería mucho menor al reparto obtenido en noviembre pasado, de US$ 225 millones.
Sin embargo, si se analiza 2015 esta cifra hubiese sido superior a lo efectivamente distribuido, ya que por el mayor cumplimiento los indicadores financieros se habría entregado el 60% de las ganancias, sobre el 50,5% efectivamente otorgado. El nuevo sistema, dicen, dará menos discrecionalidad a la política de dividendos.
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