Se trata, principalmente, de la aprobación de la alianza por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la consulta indígena y el cumplimiento de las “condiciones previas”, donde destaca, entre otras, el término de la investigación que realiza la SEC de EEUU a SQM.
Otro aspecto a despejar es el proceso que lleva adelante el SEA para admitir la solicitud que Albemarle ingresó en mayo, donde pidió revisar los permisos ambientales de su propia operación y la de SQM, tras percibir cambios en el nivel hídrico del salar y que escapan de las variables consideradas en el modelo inicial.
Otro aspecto a despejar: el proceso que lleva adelante el SEA para admitir la solicitud presentada por Albemarle en mayo, cuando pidió revisar los permisos ambientales de su propia operación y la de SQM.
Además, la operación no sólo debe ser aprobada por la FNE -donde fuentes del proceso ven complicado que eso suceda en 2024-, sino que también por otros organismos similares de siete países distintos.
Dada la complejidad de las tramitaciones, un abogado especialista en libre competencia, indicó que lo anterior recién “podrían resolverse hacia el segundo semestre de 2025”.
El pacto, a su vez, debe obtener luz verde de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen).
Por otro lado, se establece que antes de la fecha efectiva de asociación, “Corfo deberá haber concluido un proceso de consulta indígena respecto de las medidas administrativas que debe dictar en relación con las actividades de Codelco y SQM en el Salar de Atacama y que son susceptibles de afectar directamente a los pueblos”.
Dicho proceso se está llevando a cabo estos días en diversas localidades y Corfo indicó la semana pasada que espera darlo por cerrado en 100 días. Mensaje que no fue bien recibido por las comunidades ubicadas al sureste del Salar (las más expuestas a la industria minera del litio) y que consideran que la celeridad impuesta “no se condice con una consulta que afectará nuestra vida hasta el 2060”. Conocedores del acuerdo coinciden en que las comunidades son las únicas realmente capaces de echar por tierra todos los planes de la alianza.
Máximo Pacheco, presidente de Codelco. Ricardo Ramos, gerente general de SQM. Fotos: Verónica Ortíz y Julio Castro
Condiciones Previas
Aunque se despejen los puntos ya mencionados, el acuerdo debe sortear otras vallas: las 15 “Condiciones Previas” del contrato.
Un abogado experto en estas materias, explicó que “son los compromisos que ambas partes deben cumplir antes de que el acuerdo pueda entrar en vigor, y si bien los firmantes pueden renunciar a sus obligaciones y/o darse más plazo para su satisfacción, no sería muy bien visto por el mercado que algunas de ellas se dejaran pasar tratándose de Codelco y de un acuerdo del que pende la Estrategia Nacional del Litio del Gobierno”.
Otra complejidad -dice- apunta a que “la investigación seguida por la US Securities and Exchange Commission (SEC) caratulada ‘In The Matter of Sociedad Química y Minera de Chile SA’, se encuentre sustancialmente terminada”.
Se trata de un proceso que realiza la entidad norteamericana bajo reserva por el cumplimiento de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), pero que ejecutivos de la industria señala a que se trataría de una indagatoria vinculada a los hechos ocurridos en 2017 por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Un abogado de la plaza comenta que el punto sería un “imposible” para el acuerdo por meses o incluso años, lo que obligaría a renunciar a dicha condición. Sin embargo, si se tratara de una causa abierta por corrupción, haría muy complejo que el Estado, a través de Codelco, “perdonara” esta exigencia.
Otra condición es que “no se hubiere acogido el requerimiento presentado por Inversiones TLC SpA -la sociedad a través de la cual Tianqi es dueña del 22,16% de SQM- ante la CMF”. Un punto que no queda del todo claro cómo será abordado, considerando la situación actual: la CMF ya rechazó la solicitud de Tianqi de que el pacto fuera votado en junta extraordinaria de accionistas de SQM, pero la empresa china llevó el caso hasta la Corte de Apelaciones, que aún no falla respecto al recursos de ilegalidad presentado por la firma.
La sociedad conjunta
La fusión contempla que SQM Salar absorba a Minera Tarar, filial 100% propiedad de Codelco. Si bien un abogado indica que dicha figura implica que el primer nombre jurídico de la alianza sea “SQM Salar”, fuentes cercanas al proceso afirman que se evalúa uno diferente.
Para el gobierno corporativo de la asociación -que tendrá tres miembros de cada parte entre 2025 y 2030- ya suenan algunos nombres.
Por el lado de Codelco, un antiguo conocido, Alejandro Rivera, quien renunció a su cargo como vicepresidente de Administración y Finanzas de la estatal hace un año; también estaría Máximo Pacheco, por su rol como actual presidente del directorio de la estatal.
En la vereda de SQM, suenan Gonzalo Guerrero, actual presidente del directorio y a Pablo Altimiras, CEO de División Yodo, Nutrición Vegetal y Químicos Industriales de la minera no metálica.
