Una férrea defensa al actuar de la Contraloría fue la que realizó ayer el mandamás del organismo, Jorge Bermúdez, en la presentación que realizó ante las comisiones de minería de la Cámara y del Senado, oportunidad en la que se refirió en extenso a las tensiones que mantiene con Codelco.
Fue en ese escenario que calificó como un “conflicto superficial” la reacción de la administración de la minera tras conocerse el dictamen de la entidad fiscalizadora donde cuestiona la indemnización que recibió el ex director y dirigente sindical, Augusto González.
El contralor aclaró los alcances de ese documento y reiteró que se centra en la doble cobertura que tuvo el ex trabajador, pues recibió una indemnización por años de servicio que ascendió a $ 209 millones y además accedió a $ 136 millones por el beneficio establecido en el plan de retiro voluntario que la empresa impulsa en la división Chuquicamata. Eso sumado a vacaciones que tenía pendientes y al bono por antigüedad, dejó un saldo total de $ 511 millones.
Bermúdez aseguró que este proceso no incidirá en las negociaciones de la empresa con sus trabajadores, ni tampoco en sus contratos vigentes, pues el citado pronunciamiento se ciñe solamente a recordarle a la corporación que en casos como ese, debe tener presente los principios de eficiencia, transparencia y probidad, tal como todas las empresas públicas, ya que “estamos hablando de la administración de un patrimonio ajeno, de dinero que pertenece al Estado”, aseguró.
En esa línea, la autoridad aseguró que nadie dentro del Estado está fuera del control del organismo que encabeza, y ejemplificó diciendo que “si se va a pactar un plan de egreso, no puede salir más caro que mantener al trabajador trabajando, eso es evidente, por lo que si usted me dice que pagar $511 millones es más barato que mantener al trabajador, a lo mejor uno hubiese dicho que esto era más eficiente, pero no fue el caso”.
El fiscalizador también acusó una “caricaturización y un bombardeo mediático” por parte de la empresa, e incluso planteó falta de comprensión lectora en la interpretación del pronunciamiento, pues -según precisó- en ningún momento reza sobre la gestión de la empresa, ni tampoco sugiera que ésta deba regirse por la Ley de Compras Públicas, por lo que llamó a entender mejor lo dictaminado, ya que los sindicatos hablaron sobre una supuesta paralización de la empresa a partir del dictamen, lo que fue descartado por el contralor.
No obstante, consultado por los senadores, Bermúdez confirmó que a raíz de casos como el de González, se incluirá a Codelco en la matriz de riesgo que maneja el organismo, por lo que eventualmente podrían realizarse nuevas indagaciones que podrían dar pie a investigaciones más exhaustivas como el informe 900, que ya está en poder de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet (ver nota relacionada).
Mirada del sindicato
A la sesión en la Cámara de Diputados también asistieron representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC). Su presidente y también director de Codelco, Raimundo Espinoza, dijo que no comparten que la Contraloría emita juicios de valor que tendrían como objetivo “debilitar a la empresa”.
El dirigente ahondó en sus críticas y acusó que “cuando entra la Contraloría hace que la empresa sea más ineficiente y genera dificultades en la administración” y agregó que “no vamos a aceptar limitaciones en nuestras negociaciones”.
El dirigente aseguró que a raíz del dictamen se han paralizado planes de egreso que ya estaban negociados con los trabajadores, ya que la empresa les ha dicho que no cuentan con la facultad para celebrar estos contratos, a raíz de lo dispuesto por la Contraloría en el polémico dictamen.
Reunión en Escondida
El martes Minera Escondida se reunió por primera vez con la directiva del sindicato 1 para tratar las condiciones de una posible renovación de la jornada excepcional, uno de los puntos que mantienen pendientes a la espera de retomar la negociación colectiva, tras la extensión durante 18 meses del contrato colectivo vigente, tras el fin de la huelga que realizaron a inicios de año.
Los trabajadores informaron que en el encuentro ejecutivos de la firma escucharon la propuesta y los requisitos de la directiva para formalizar estas tratativas. Lo propio hizo la compañía operada por BHP Billiton, lo que dejó en evidencia que las posiciones están alejadas. Dado lo anterior, las partes acordaron continuar las conversaciones durante el mes que comienza.
"La jornada excepcional es una herramienta vital para la organización del trabajo apuntando a una máxima productividad y continuidad operacional. Y más aún hoy, una herramienta valiosa que permite normalizar la producción y cumplir con los planes y compromisos pactados con los inversionistas", dijo la directiva a sus asociados.
Agregaron que a raíz de lo anterior mantendrán su postura de mantener el piso de la compensación anterior por concepto de jornada excepcional.
Preocupación por nuevas irregularidades en la estatal
Sumado a la participación ayer del contralor en las comisiones de Minería de ambas cámaras del Congreso, se realizaron dos reuniones de carácter secreto, en las que la autoridad dio a conocer a los legisladores detalles de una auditoría secreta, denominada Informe 900, que ya fue presentada a la empresa y puesta en conocimiento de la propia Presidenta de la República.
Según explicó Jorge Bermúdez, la naturaleza de esta investigación y los montos involucrados en ella explican su condición reservada. Sin embargo, dada la magnitud de la situación aseguró que en esta oportunidad la Contraloría fiscalizó de manera directa a la estatal y no a través de Cochilco, como lo hizo en el caso del ex director y dirigente de los supervisores Augusto González.
Tras las sesiones, senadores y diputados se limitaron a comentar que el tema que expuso el contralor es muy delicado y lo único que conocieron es que involucraría nuevas irregularidades al interior de la división Chuquicamata.
La preocupación aumenta, ya que esto se suma a otro hecho irregular que provocó la desvinculación de siete funcionarios de la misma división, dentro de los que se incluyen altos ejecutivos, a raíz de problemas detectados por la misma empresa, que provocaron la suspensión momentánea de los planes de egreso que estaban siendo impulsados.
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