Diputados aprueban idea de legislar proyecto para cierre de centrales termoeléctricas a contar de 2025

Con 145 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón, el que había ingresado al Congreso en enero de este año.

El texto considera dos artículos: el primero, que “prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional”, y, el segundo transitorio, que para unidades con menos de 30 años de antigüedad, esto comienza a regir el 31 de diciembre de 2025.

Por haber sido objeto de indicaciones, la moción retornó a la Comisión de Medioambiente y Recursos Naturales, informó la Cámara de Diputados.

En el país existían 28 centrales a carbón, con una potencia instalada de 5.529 MW, pero a junio de 2019 se habían retirado tres y este año saldría una más, equivalente al 8% de la capacidad.

De las centrales, siete fueron construidas ente 1964 y 1989; otras siete entre 1995 y 1999, y 14 ente 2009 y 2019, luego del corte de gas natural argentino. 

Durante la discusión del proyecto -que quedó registrado en un informe disponible en la página web de la Cámara-, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, manifestó compartir los objetivos de la moción, pero no en cómo se logran.

Esto, porque -a su juicio- no se hace cargo de qué pasará con 13.000 fuentes de empleo directo e indirecto; segundo porque se genera riesgo de racionamiento eléctrico en algunas horas específicas -por ejemplo, una noche de invierno-, dado que para reemplazar el carbón habría que usar diésel o combustibles más caros; luego, porque impactará los precios de la electricidad, en torno a 50% de alza; cuarto, se abriría un riesgo de que las empresas limitadas de realizar una actividad económica demanden al Estado; y, finalmente, hay vicios de inconstitucionalidad en el articulado.

Según señaló otro representante del Ministerio de Energía, “una descarbonización abrupta dentro de los próximos cinco o seis años, podría significar una caída de 0,8 a 1% del PIB, debido al alza en el costo de la energía”.

Respecto al efecto en el empleo, el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, mostró la necesidad de incorporar los impactos sociales en una legislación, dado que el cierre de estas unidades implica cesantía y menores ingresos para los municipios.

El diputado Félix González, promotor de la iniciativa, valoró la aprobación y acusó que la derecha quiere desarmar el proyecto a través de indicaciones. "Lo que falta es seguir presionando a los parlamentarios para que salga un buen proyecto que efectivamente cierre las termoeléctricas en Chile", dijo.