Luis Cordero, ministro de Justicia: “No hay manera de resolver el déficit penitenciario en Chile sin el sistema de concesiones”

Una vez más, la crisis de seguridad se tomó la agenda pública del Gobierno. Los 18 homicidios que dejó el fin de semana largo de julio llevó a las autoridades a intensificar sus esfuerzos para abordar este problema, y una de las medidas adoptadas fue la reactivación de la infraestructura penitenciaria.

Hace algunos días, las autoridades confirmaron la nueva Cárcel de Máxima Seguridad, que se construirá en la comuna de Santiago a un costado del actual recinto Santiago 1, y contará con 500 plazas adicionales.

En paralelo, y tras 14 años de detención, los ministerios de Justicia y de Obras Públicas se encuentran reactivando la cartera de cárceles concesionadas, medida que se materializó luego de que el MOP realizó la apertura de ofertas técnicas para el recinto penitenciario de Talca.

“Lo que ha pasado es que no hay diálogo, y eso lo estamos incorporando con las bases nuevas, para generar una unidad de trabajo donde principalmente el mandante tenga un rol directo con el concesionario”.

Y este sería solo el comienzo. El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó a DF que para llevar a cabo la reactivación de los recintos penitenciarios concesionados se diseñó una cartera de proyectos de casi UF 23 millones (US$ 903 millones), la cual incorporaría 10 mil nuevas plazas en el país.

Específicamente, el plan incluye el centro penitenciario de Copiapó, la cárcel de Calama, y la ampliación de cinco recintos -Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta y Puerto Montt-, cuyas modificaciones y ajustes de contratos que se realizarán durante 2025.

Sin embargo, estos anuncios han revivido antiguas discusiones. Una serie de académicos y políticos se han opuesto a este mecanismo, debido a que, en el pasado, la construcción de cárceles concesionadas terminó demorando más de lo pensado, a lo cual se sumó el incremento en el valor de la inversión en estos recintos.

“Siempre estamos estudiando. Estamos viendo  Santiago 2, es una antigua aspiración, pero que nunca se ha podido construir”.

- El reimpulso al plan de cárceles concesionadas, ¿es el camino correcto?

- Hoy día tenemos que resolver un problema de 15 años de rezago y una estrechez penitenciaria. Si hubiéramos desarrollado los proyectos que se venían trabajando hace 15 años, probablemente no estaríamos acá. No hay manera de resolver el déficit penitenciario en Chile sin el sistema de concesiones.

- ¿Qué aprendieron de la experiencia pasada?

- Hemos aprendido en qué cosas el sistema concesionado funciona bien y en qué cosas no. El propio sector privado tiene claro que en algunas áreas de la operación, la concesión no es eficiente, como es el caso de la reinserción. Otra cosa que también hemos aprendido es que hay que evitar las duplicidades. Por un lado tenemos al MOP y por otro al mandante, en este caso Justicia. Lo que ha pasado es que no hay diálogo, y eso lo estamos incorporando con las bases nuevas, para generar una unidad de trabajo donde, principalmente, el mandante tenga un rol directo con el concesionario, de modo de evitar todo el trámite burocrático.

- ¿No va a volver a repetirse la misma historia?

- Esperemos que no. Buena parte de la reforma a las bases han tenido que ver con evitar lo que sucedió en esa etapa.

Los posibles frentes

El anuncio de la nueva Cárcel de Máxima Seguridad en la comuna de Santiago generó rechazo en las comunidades colindantes, y su alcaldesa, Irací Hassler, ha expresado su categórica oposición al nuevo recinto penitenciario.

Si bien comparte la necesidad del Estado de implementar un nuevo centro penitenciario en el país, la edil asegura que su instalación en la comuna de Santiago va en contra de la lógica urbana, las comunidades y la seguridad del municipio.

- ¿Qué van a hacer frente al rechazo de las comunidades?

- Es un tema que nosotros tenemos que trabajar en una dimensión mayor. Históricamente, las competencias de Gendarmería están muy ligadas a lo que ocurre adentro. Todo lo que sucede del muro hacia afuera es competencia de la Municipalidad y de Carabineros. Creemos que con la ampliación de Santiago 1, tenemos una oportunidad bien significativa para hablar respecto a las medidas de mitigación y compensación que se requieren.

- ¿Cómo se asegurarán de que no vuelvan a ocurrir los retrasos que se vieron en la década pasada? Hubo cárceles que se demoraron varios años más de lo previsto en construirse...

- Nosotros enviamos un proyecto de ley para excepcionar de los planes reguladores a la infraestructura penitenciaria, que es la facultad que estamos ejerciendo ahora. Si uno quiere construir o tener una ampliación pronto, no podemos no simplificar trámites.

- En los próximos tres años van a empezar a vencer los contratos de concesión licitados en el pasado. ¿Cuál es el plan para estos?

- Ya hay contratos que tienen asociados algunas de las ampliaciones, ahí estamos en los respectivos mecanismos para efectos de un mayor plazo. El resto volverá activamente a la cartera de proyectos.

- Hemos visto atrasos en los llamados de licitación en general. ¿Qué van a hacer para que esto no ocurra con los proyectos de cárceles?

- La diferencia es que, con la contingencia penitenciaria que tenemos hoy, no hay tiempo de retraso.

Otros proyectos

- ¿Tienen otro proyecto en vista además de la cartera de cárceles concesionadas?

- Siempre estamos estudiando. Estamos viendo Santiago 2, es una antigua aspiración, pero que nunca se ha podido construir. Pero hoy estamos enfocados en la cartera que ya tenemos, esto requiere un sector privado muy dinámico y muy activo, el Estado ha hecho lo suyo para reactivar el sistema de concesiones. Ahora le toca al sector privado.

- ¿Cómo ve el interés de los privados?

- Tenemos que activarlos más, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Esta es una cartera bien significativa, necesitamos un sector privado bien vigoroso.

- La capacidad de las cárceles chilenas ronda las 42 mil plazas, pero la ocupación real es de 56 mil, y con las nuevas ampliaciones y construcciones van a seguir quedando al debe. ¿Qué esperan hacer con la sobrepoblación penal restante?

- En los últimos 24 meses pasamos de 42 mil a 56 mil personas privadas de libertad, eso es un crecimiento completamente anormal. Además, tenemos el uso intensivo y abusivo de la prisión preventiva. Parte de lo que hemos estado trabajando es desarrollar un plan maestro de infraestructura penitenciaria, y no solo en sentido del número de plazas. Cuando usted aumenta penas o retira beneficios, inevitablemente va a aumentar el número de personas privadas de libertad.

Entonces, lo que queremos es que cada vez que se vaya a hacer una reforma legislativa que tiene un impacto en el sistema penitenciario, se internalice realmente ese impacto, para que así se tenga en consideración que eso supone una ampliación del régimen penitenciario.