Seremi de Vivienda y permisos de edificación: “No es politización, es más bien falta de coordinación y de regulación”

El mundo inmobiliario enfrenta desafíos significativos derivados de la entrega de permisos de edificación, que en varios casos han provocado la paralización de proyectos. La falta de coordinación entre distintos actores, sumada a la desactualización de normativas, ha generado incertidumbre y tensiones en el sector. En este contexto, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, liderada por Carolina Casanova, no es ajena a estos retos.

“El Estado no va a crecer más. Ésta es una discusión que siempre va a estar, pero hay que ir más allá, pongámosle inteligencia. Hoy día la modernización del Estado es urgente. Hay que avanzar en la modernización de la gestión”.

“Nosotros ya tenemos un plan regulador, pero de hace 30 años. Hoy existe otra realidad, es necesaria una actualización. Esto es como la Constitución, que va a marcar la ruta a cada alcalde, a cada municipio”.

- El mundo inmobiliario acusa una politización al momento de la entrega de los permisos de edificación, ¿cómo están viendo este panorama?

- No creo que sea politización, es más bien falta de coordinación y de regulación. Hoy día lo que nos regula es el Plan Regulador Metropolitano, que tiene 30 años. Después tenemos los Planes Reguladores Comunales (PRC). Mira estas cifras, de las 52 comunas, solo 13 han actualizado su plan, 30 siguen igual que hace años, y nueve no tienen. Este complejo panorama implica que el desarrollo inmobiliario requiere de una articulación mucho más concreta y amplia, y así lo está entendiendo el Gobierno Regional. Tiene que existir un impulso de modificaciones al Plan Regulador Metropolitano que sean pertinentes; que vengan a buscar una certeza jurídica que entienda que la problemática no es solo de una comuna, es de una ciudad. La Región Metropolitana tiene que tener un órgano que articule estas 52 comunas, que cumplen un rol en la productividad del país.

- ¿Se está trabajando en ese Plan Regulador Metropolitano?

- Está sobre la mesa, es parte del trabajo que realizó el Gobierno Regional este año. Existe una hoja de ruta sobre la cual trabajar, entendiendo la región como una gran pieza que debe responder a los roles que tiene cada uno de los municipios.

- Si se avanza en este plan regulador, ¿se podría terminar con la incerteza que acusan las inmobiliarias?

- Totalmente. La idea de pensar en una pieza urbana completa, con un gobernador que esté a la cabeza de esa gran planificación articulando el territorio y las 52 comunas, es lo que hay que hacer. Nosotros ya tenemos un plan regulador, pero de hace 30 años, hoy día existe otra realidad, es necesaria una actualización. Esto es como la Constitución, que va a marcar la ruta a cada alcalde, a cada municipio. Nosotros estamos disponibles para colaborar en todo lo que eso signifique, para poder dejar esa hoja de ruta marcada para el futuro de esta región.

- Mientras tanto, ¿qué otras cosas se pueden hacer?

- Hemos conversado con las direcciones de obra y ellos nos hablan de territorios que son muy extensos, con muchos proyectos, pero pocos funcionarios. Por ejemplo, en Puente Alto ingresan 92 mil solicitudes al año, y en la dirección hay 15 funcionarios. Acá nosotros tenemos que hacer una reforma que vaya más bien encaminada a la participación y reforzamiento de los organismos técnicos, de manera tal que el privado no tenga que esperar tanto.

- ¿Cómo sería esto?

- Tenemos que reforzar tecnologías. El Estado no va a crecer más. Ésta es una discusión que siempre va a estar, pero hay que ir más allá, pongámosle inteligencia. Hoy día la modernización del Estado es urgente. Hay que avanzar en la modernización de la gestión.

El caso de Estación Central

El desarrollo inmobiliario de Estación Central captó la atención pública debido a las controversias asociadas a su explosivo crecimiento urbano. En el último tiempo, cuatro edificios que ya están listos para ser habitados permanecen a la espera de su recepción final, conflicto que ha escalado hasta la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

- ¿Cómo está avanzando este caso?

- Esta problemática lleva ya casi 10 años. Estación Central no tiene plan regulador y hoy en día eso es lo que se está impulsando. Esto fue objeto de casi 76 proyectos monstruosos. La mayoría de estos lograron ser anulados, pero algunos sí se consolidaron. Lo que estamos haciendo es tomar este tema para buscar una solución. Tuvimos conversaciones con todos los actores y a partir de eso fuimos a Contraloría buscando esa certeza jurídica. Hay familias que han comprado estos departamentos y que están esperando su casa. Esto es una problemática que a todos nos interesa que tenga certeza de cómo salir adelante.

- ¿Por qué fueron a Contraloría?

- Para buscar una solución que nos permita dirimir si estos proyectos son factibles o no con transparencia, que esté respaldada con antecedentes jurídicos sólidos que permitan seguir adelante. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos buscando la felicidad de nadie.

- ¿Se van a recepcionar estos proyectos?

- Eso depende de este cotejo, eso es lo que ha dicho Contraloría. El permiso original permite la construcción de estos proyectos, pero tal como fue pensado originalmente.

El gris de este camino se puso cuando hubo una modificación. Hay que ir a analizar el permiso original, para que no sea más permisivo de lo que se permitió.

No te puedo decir si se van a recepcionar o no, pero estamos buscando el camino que jurídicamente le dé certeza al director de obra. Lo que sí puedo decir es que si el director se desvía del camino, lo que me toca es denunciarlo a Contraloría.

Parque Capital

Hace algunas semanas, la cartera de Vivienda anunció que envió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los resultados de la investigación sumaria que involucra al exministro de Vivienda, Felipe Ward, por supuestamente favorecer al Grupo Patio en 2020, en el proyecto inmobiliario Parque Capital en Lampa.

- ¿En qué va la investigación?

- Antes que nada quiero decir que para nosotros no es un querer, es un deber. Nuestro rol es investigar todo lo que deba investigarse, todos los antecedentes que se nos solicitaron fueron entregados y ese es el camino que se está siguiendo. No puedo hacerte mención de eso porque es una investigación abierta, pero para nosotros cualquier atisbo es objeto de revisión.

- ¿Hay algún otro proyecto que tenga atisbos de ilegalidad?

- Por el momento solo es Parque Capital. No te puedo asegurar que no hayan más, porque esto es inmenso. Frente a una denuncia lo que corresponde es la investigación.

Cerro Colorado

Hace algunos días, la Seremi presentó una demanda innominada de restitución de inmueble contra la Municipalidad de Las Condes y la Federación de Tenis, con la cual busca la recuperación física del terreno ubicado en Cerro Colorado.

“No entendemos que pasó, esto era simple. Presentamos la acción de recuperación, ellos no se oponían y nos tenían que devolver el terreno. Incluso tengo entendido que la Municipalidad con la Federación y el Ministerio del Deporte están buscando otra alternativa de relocalización. No puedo dejar pasar más plazo, lo único que nos queda es la restitución forzosa, porque se nos acaba el tiempo”, detalló Casanova.

La Seremi explicó que el terreno -propiedad del Serviu Metropolitano- está destinado a la construcción de viviendas de interés público que beneficiarán a 340 familias en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

De acuerdo con el cronograma, la Federación debería haber hecho abandonó del terreno a más tardar en noviembre de este año, para así comenzar a planificar el proyecto habitacional junto a una inmobiliaria y constructora en 2025.

Sin embargo, la autoridad señaló que este calendario tendrá que verse retrasado, ya que recién a fines del próximo ejercicio el terreno pasaría a manos del Ministerio de Vivienda.

“Ese era el plan inicial que fue negociado con la alcaldesa, pero no se dio. Ésta es una discusión que tiene por objeto dar una solución al déficit habitacional que existe en el país. Nuestro objetivo es llegar a todas las comunas del país y eso incluye a aquellas que tienen más recursos, ellas no están ajenas a la problemática. Nosotros estamos buscando una ciudad justa, una ciudad bien ubicada”, concluyó Casanova.