Con el apoyo transversal de 140 votos fue aprobado anoche en la Cámara de Diputados el proyecto con modificaciones para ampliar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y hoy continúa su tramitación en el Senado.
Por tercera vez el Ejecutivo introduce cambios en el Congreso al mecanismo de aporte directo para ir en ayuda de las familias más vulnerables que fue aprobado en mayo. Esta vez, el propósito es simplificar la entrega del subsidio a quienes reporten pérdida de ingresos por debajo de los $100.000 por persona que establece el IFE 2.0, sin otro requisito que estar en el Registro Social de Hogares (RSH). Esto, según estimaciones del Gobierno, incorporará a al menos otros 80.547 hogares, los que se sumarán a los 2,1 millones que ya fueron receptores del pago de junio.
En concreto, la iniciativa elimina todos los requisitos relacionados con el grado de vulnerabilidad socieconómico de los hogares, privilegiando el autoreporte para acreditar la pérdida de ingresos a través de una declaración jurada simple sin el contraste de los datos administrativos a partir del pago de la tercera cuota que se realizará durante julio.
Además, se incorporó que estas modificaciones también se aplicarán al proceso de reclamación para quienes postularon a la segunda cuota.
En su primer trámite, en la Cámara Baja, la iniciativa del Estado no estuvo exenta de críticas. Una de ellas fue el incumplimiento por parte del Ejecutivo de ingresar una indicación para ser votada en la Sala, comprometida durante el debate en la Comisión de Desarrollo Social. El objetivo era asegurar con un énfasis en la redacción sobre el autoreporte y la responsabilidad que se asume el Estado en contactar a los potenciales beneficiados. Ante esto, los parlamentarios asumieron que la iniciativa irá a tercer trámite dado que se ingresará durante la tramitación en el Senado, según ratificó el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.
Ajustes
Por parte de los parlamentarios de oposición, se realizaron tres modificaciones a la propuesta original del Gobierno, que provocaron tensión desde que ingresó la iniciativa a la Cámara.
Uno fue la indicación hecha en la Comisión de Desarrollo Social -que finalmente se aprobó en la Sala luego de ser declarada admisible- que fija un plazo máximo de 15 días para responder las apelaciones, incluyendo el concepto de “silencio positivo”. Es decir, que en el caso en que no se tenga respuesta al reclamo de los potenciales beneficiarios, este se dará por aprobado.
Esto se opone a lo que pretendía el Ejecutivo que daba un margen de 30 días de respuesta. De acuerdo con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villareal, durante la tramitación, este plazo no es posible de cumplir dado el flujo de requerimientos que se registran en medio de la crisis sanitaria.
Explicó que en la primera cuota del IFE -que estaba dirigido a un universo más restringido con foco en los trabajadores informales por un monto menor de hasta $65.000- se originaron 360 mil apelaciones de las cuales en 12 días hábiles se respondieron la mitad de ellos. En base a esto, estimó que en la segunda cuota se prevé que esto aumente en torno a un millón por lo que la capacidad de los funcionarios se verá sobrepasada.
Otra piedra de tope, que fue aprobada por el estrecho margen de 68 votos a favor y 66 en contra, fue la indicación que ingresó en el hemiciclo el diputado RD, Giorgio Jackson, para que estos nuevos criterios se apliquen retroactivamente, lo que calificó como un acto “de justicia”.
Ante esto la mesa argumentó que implicaría un mayor gasto por parte del Estado por lo que buscó que se declarara inadmisible. No obstante aquello, Jackson explicó que dado que el Gobierno ha insistido en las distintas etapas de tramitación que los informes financieros relacionados al IFE contemplaba a todas las personas que esta indicación podía beneficiar “lo que nosotros decimos es que las personas habiendo cumplido con todos los requisitos que hoy la Ley está enmendando puedan recibir el segundo aporte porque no fue su culpa, sino que fue culpa de distintas trabas burocráticas”.
Otra indicación repuesta en la votación fue la distinción que se hizo para aclarar que este derecho también será aplicable para las trabajadoras de casa particular que cumplan con los requisitos del IFE.
De acuerdo con el informe financiero emitido por Dipres, con las últimas modificaciones que ingresó el Ejecutivo, se comprometen otros US$ 34,8 millones (equivalentes a $ 26.880 millones). Estos se suman al gasto total comprometido por US$ 2.257 millones en el caso de que el beneficio se extienda hasta octubre si las condiciones sanitarias lo ameriten.
En el pago de la segunda cuota el IFE, luego del radical cambio que hizo el Ejecutivo a su propuesta original de mayo, sumo 960 mil familias en comparación a la primera cuota correspondiente.
De acuerdo a los últimos datos entregados por el ministerio las activaciones en el RSH se crecieron mensualmente 900% al llegar a 1 millón en junio, lo que da cuenta de la magnitud del impacto en los ingresos de las familias.
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